General
Regularán responsabilidades de mandatarios locales en implementación de Ley de Víctimas
15 de Septiembre de 2015
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Las responsabilidades del Gobierno central y las autoridades locales en cuanto a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011) quedarán clarificadas en los próximos días con un decreto que expedirá el Ejecutivo, según anunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
El propósito del documento es de corresponsabilidad para "saber los deberes de Nación, municipios y alcaldías sobre la implementación de la Ley de Víctimas, para reforzar la institucionalidad, tener una política más estandarizada entre departamentos, municipios y Nación", indicó el ministro.
Ante los magistrados de la Corte Constitucional que evalúan el avance de las órdenes de la sentencia de protección a las víctimas de desplazamiento, Cristo señaló que, gracias al Alto Tribunal, el Congreso y el Gobierno, los afectados por el conflicto "ya no piden limosnas, son ciudadanos de primera categoría y exigen sus derechos".
Así mismo, indicó que 13.078 casos de restitución de tierras ya están formalizados, lo que se traduce en 169 mil hectáreas de tierra restituidas.
En materia de protección, el ministro resaltó que si bien se debe seguir avanzando con la fuerza pública, "más del 15 % del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección está destinado a la protección de reclamantes" y agregó que con Naciones Unidas se trabaja en el diseño de la política de prevención colectiva.
"Seguramente en 2021 tendremos un número muy grande de víctimas reparadas, que podrá decir que recibió atención estatal y se le respetaron y defendieron sus derechos", finalizó.
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Sin embargo, cabe recordar que la Contraloría General de la República (CGR) reveló el informe anual al Congreso de seguimiento a la política pública de asistencia, atención y reparación a víctimas y a comunidades étnicas víctimas del conflicto armado, en cuyo documento estimó un faltante de $ 33,6 billones para garantizar los derechos a la indemnización y a la vivienda consagrados por la Ley 1448 del 2011. El informe señala además que, desde hace cinco años, la apropiación de recursos es cercana al 2 % del presupuesto general de la Nación.
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En atención a los cambios que ha mostrado la realidad frente a los supuestos que se tenían, la Contraloría propuso actualizar el plan financiero que acompaña la Ley 1448, a la luz del universo actual de víctimas y de los costos reales de las medidas de asistencia, atención y reparación integral contenidas en la ley. (Lea: Faltan $ 33,6 billones para garantizar derechos de víctimas: CGR)
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De igual forma sugirió que, desde ya, se piensa en ampliar el periodo de vigencia de la ley para enfrentar adecuadamente el impacto financiero del crecimiento del registro único de víctimas (RUV) y cumplir cabalmente con la reparación integral.
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Según la CGR, se presenta un rezago considerable si se tiene en cuenta que ya han transcurrido cuatro años de vigencia de la ley y el universo total de víctimas a atender ha aumentado. La Contraloría constató que no se han cubierto solicitudes elevadas por las víctimas en virtud de las normas citadas, previas a la Ley 1448.
| (Mininterior, Comunicado, 09/14/2015 ) |
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