El proyecto de ley propone designar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como máxima autoridad en el tema. La entidad adelantaría los procesos de adquisición y expropiación de predios en los casos en que así se requiera, así como determinaría los criterios metodológicos para el cálculo de las extensiones constitutivas de unidades agrícolas familiares (UAF). Así pues, los predios rurales de propiedad de la Nación y los terrenos baldíos serán adjudicados exclusivamente a trabajadores y pobladores rurales de escasos recursos, con fines sociales y productivos. El proyecto de ley pasa a estudio de la plenaria de la Cámara de Representantes, para ser discutido en segundo debate, luego de que fuera aprobado por la Comisión Quinta en primer debate.