Colombianos rechazaron lo pactado con las Farc, ¿qué viene después del No?

 

El país acaba de asistir a un hecho histórico, rechazó el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el Gobierno Santos con las Farc.

 

La victoria del No en el plebiscito, con el 50,21 % (6.431.376 votos) frente al Sí, que obtuvo el 49,78 % (6.377.482 votos), confirmó la división que vivió el país con el proceso de paz.

 

* El naranja representa donde ganó el No, mientras el verde indica los departamentos donde ganó el Sí.

 

La legitimación que se buscaba para los acuerdos logrados en La Habana con el grupo guerrillero pone en un limbo las etapas de implementación de lo acordado y tránsito a la legalidad de los miembros del movimiento insurgente.

 

De ahora en adelante, el Gobierno nacional tendrá la responsabilidad atacar varios frentes.

 

Además de los hechos políticos que generará la pérdida del Sí, incluidos movimientos de altos cargos y cambios de rumbo en el Ejecutivo, el fortalecimiento político de la oposición garantiza la entrada por la puerta grande a la negociación de paz del uribismo.

 

Si bien los negociadores y todos los impulsores del Sí en la campaña afirmaron que si se perdía el plebiscito no habría posibilidad de renegociar, hay elementos jurídicos que en este momento deben tenerse en cuenta para entender qué pasará luego del triunfo del No.

 

Precisamente, el presidente Juan Manuel Santos acaba de decir que por ser el garante de la estabilidad de la Nación el cese al fuego seguirá vigente. "Convocaré a todas las fuerzas políticas para escucharlas", concluyó en su corta intervención. Por su parte, Rodrigo Londoño, jefe de las Farc, anunció que “las Farc mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro”. El senador y expresidente Uribe también plantea la continuación del proceso, indicó que esta semana hará sus aportes a un gran pacto nacional, para que haya respeto por la Constitución, no su derogación; así como justicia, con alivios judiciales que no constituyan impunidad. Lo primero que queda claro es que las partes insisten en la continuación del proceso de paz.

 

Por su parte, Rodrigo Londoño, jefe de las Farc, anunció que el grupo guerrillero mantiene la voluntad de paz que ha demostrado en los últimos años. 

 

Es clave decir que hoy lunes, a mediodía, Londoño emitió una comunicación en la que acudió a la decisión de la Corte Constitucional sobre la consulta plebiscitaria para afirmar que "no tiene efecto jurídico alguno, pues su efecto es político". El acuerdo final es un acuerdo especial depositado ante el Consejo de la Federacion Suiza, en Berna, ello le confiere innegable e irrevocable efecto jurídico.

 

Esto revive un tema que en su momento impulsó el ahora exfiscal Luis Eduardo Montealegre, quien radicó una demanda ante la Corte Constitucional con el propósito de lograr la exequibilidad condicionada de la expresión “acuerdo”, contenida en el Acuerdo general para la terminación del conflicto entre las Farc y el Gobierno.

 

Según la acción, los arreglos temáticos alcanzados entre las partes y la negociación final son acuerdos especiales a la luz del derecho internacional humanitario y, por esa razón, hacen parte del bloque de constitucionalidad; además, deben entenderse como acuerdos especiales en virtud del artículo 3º  común de los Convenios de Ginebra.

 

La petición enfatiza que los acuerdos alcanzados en La Habana, al tener acuerdos especiales, imponen que la única interpretación posible de la expresión demandada sea  la que hace referencia no a una norma con fuerza de acto administrativo o de ley, sino a un acuerdo especial, norma que por desarrollar obligaciones del DIH hace parte del bloque de constitucionalidad y, por ende, de la Carta Política de 1991.

 

Vale decir que la demanda fue admitida y en este momento se encuentra en suspensión de términos por presentación de impedimentos o recusaciones.

 

¿Qué ha dicho la Corte Constitucional?

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-379 del 2016, en la cual se analizó la exequibilidad del proyecto de ley estatutaria que reglamentó el plebiscito, dijo que la decisión adoptada por el pueblo es vinculante exclusivamente para el Gobierno Nacional.

 

Según la alta corporación, con la  votación mayoritaria por el No el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el acuerdo final comprendido como una política pública específica.

 

Así, “una potencial desaprobación tiene incidencia únicamente respecto de la implementación de esa decisión de política pública en específico, manteniéndose firmes las competencias de los diferentes órganos del Estado, entre ellas la facultad del Presidente para mantener el orden público, incluso a través de la negociación con grupos armados ilegales, tendiente a lograr otros acuerdos de paz”, precisó el fallo.

 

Es lo que rescata el jurista Jaime Castro, opositor al acuerdo firmado, pues para él el alto tribunal fue preciso en que el jefe del Ejecutivo mantiene su deber de conservar el orden público, uno de ellos es la salida negociada del conflicto mediante la suscripción de acuerdos con grupos armados irregulares.

 

Para el exministro y excalcalde, la atribuciones del jefe del Estado se mantienen incólumes, no importa cuáles sean los resultados de las urnas.

 

Según la interpretación de Castro, el Presidente puede renegociar lo acordado y, contando con lo que la oposición pide, “poner a consideración del pueblo una nueva decisión, con unas condiciones diferentes a las que inicialmente se pactaron, fruto de una renegociación o la suscripción de un nuevo acuerdo”; además, cree que se podría someter a refrendación popular otro contenido diferente.

 

Por su parte, el investigador de Dejusticia y profesor universitario Rodrigo Uprimny indicó que el acuerdo actual no puede ser implementado, pero jurídicamente un nuevo acuerdo es posible; eso sí, acude al realismo para declarar que políticamente será muy difícil.

 

Las Farc han dicho que continúan con su deseo de paz, pero ahora se debe esperar lo que arroje el ambiente político, pues el principal cambio planteado por la oposición a lo acordado es la aplicación de penas con cárcel efectiva para responsables de los crímenes más representativos.

 

¿Qué se congela con el No?

 

El Congreso esperaba, mañana mismo, aplicar un procedimiento legislativo expreso para la implementación de lo acordado, pues el Ejecutivo y el Legislativo se aseguraron un procedimiento de trámite de reformas a la Constitución y de expedición de leyes que permitía, en un tiempo reducido, aprobar todas las propuestas de iniciativa gubernamental.

 

Por otra parte, Santos podría expedir decretos con fuerza de ley con el objetivo exclusivo de facilitar y asegurar la implementación del acuerdo final.

 

La urgencia de la radicación de propuestas se puede entender en que el Acto Legislativo 01 del 2016 establece que el procedimiento legislativo especial estará vigente solo por seis meses, aunque podría prorrogarse. (Lea: Acto Legislativo para la Paz es una realidad)

 

Así, los procedimientos aprobados para la implementación producirán todo un revolcón constitucional y normativo. Si bien el acto legislativo sigue vigente, el resultado de hoy haría que el Ejecutivo se abstenga de usar estas facultades. Pero lo que si se rechazó es lo acordado, acá algunos temas que los colombianos rechazaron

 

La amnistía más amplia posible

 

El acuerdo garantizaba la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales para “lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición y la transición del conflicto armado a la paz”.

 

De este aspecto el proyecto central, y el más polémico, era la amnistía e indulto por delitos políticos y conexos (Lea: Esta será la ley de amnistía e indulto que propondrá el Gobierno).

 

Esta propuesta era la que más esperaban las Farc que se aprobara, pues es la garantía que tienen para iniciar el cronograma de desmovilización, desarme y reintegración.

 

De lo que se conocía era que pretendía garantizar la seguridad jurídica de las decisiones y resoluciones adoptadas, las cuales tendrían efecto de cosa juzgada material, serían inmutables y solo podrían ser revisadas por el Tribunal para la Paz.

 

Como delitos políticos a los cuales se pedían aplicar beneficios estaban la rebelión; sedición; asonada; conspiración y seducción; usurpación y retención ilegal de mando. Mientras tanto, los delitos conexos se referían a constreñimiento para delinquir; violación de habitación ajena; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, entre otros. Para no decir que una Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) iba aextender la conexidad a otros delitos, como el narcotráfico.

 

Otros temas relevantes en el tema de víctimas eran:

 

Comisión de la Verdad	Búsqueda de Desaparecidos	Reparación integral	Jurisdicción Especial para la Paz	Garantías de no repetición
Un órgano temporal y de carácter extrajudicial, como las que se han creado históricamente en procesos de transición para esclarecer patrones de violencia. No es un mecanismo para administrar justicia, sino para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas.	Una unidad especial de alto nivel para dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales para la búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, para su localización y la entrega digna de sus restos.	Medidas como contribución a la reparación, actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, reparación colectiva en el fin del conflicto, restitución de tierras, procesos colectivos de retornos, rehabilitación sicosocial.	El componente judicial del sistema integral. Busca, ante todo, satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, luchar contra la impunidad, cumplir con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participen en los mecanismos del sistema.	Las garantías de no repetición de las violaciones y del conflicto mismo serían el resultado de la implementación de los diferentes mecanismos y medidas del sistema integral, las medidas que se acordarán en el punto tres de fin del conflicto y de los otros acuerdos que contribuirán a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

La ampliación de la participación en política

 

El rompimiento definitivo del vínculo entre política y armas tenía tres pilares fundamentales.

 

Nueva apertura democrática	Mayor participación ciudadana	Rompimiento de vínculo política - armas
Se busca garantizar la participación de nuevas voces y proyectos políticos, facilitar la creación de nuevos partidos políticos, fortalecer los mecanismos para promover la transparencia en los procesos electorales, creación de circunscripciones transitorias especiales para la paz en las zonas más afectadas por el conflicto.   Además, se propone la creación de un estatuto para la oposición con la participación de los partidos y movimientos políticos, como garantías para los partidos de oposición. El Gobierno y los partidos ya están avanzando en la redacción de este proyecto.	Se propone la creación de acciones para fortalecer y dar garantías a los movimientos y organizaciones sociales, así como para la movilización y la protesta. La veeduría y control ciudadano para asegurar la transparencia de la gestión pública y el buen uso de los recursos.   Finalmente, requiere el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales y creación de un consejo nacional para la reconciliación y la convivencia.	Busca que nadie pueda utilizar las armas para promover o silenciar una causa política y que quienes las hayan dejado para transitar a la política tengan todas las garantías de que no serán objeto de violencia.   Para ello se creará un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política y garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos.

 

Reforma rural integral congelada

 

El acuerdo sentaba las bases para la transformación del campo y crear las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural.

 

Se buscaba la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50 % de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y, en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

 

Para ello se iba a proponer una ley de reforma rural integral acordada entre el Gobierno y las Farc, que contemplaba tres grandes ejes en materia de acceso y uso de la tierra.

 

Un fondo de tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y un plan masivo de formalización de la propiedad para aquellos que tienen tierra pero no escrituras.

Actualización y modernización del catastro rural y que el uso de la tierra concuerde con su vocación.

Protección de las áreas de especial interés ambiental.   Se tenía contemplada una jurisdicción agraria para resolver los conflictos en torno a la tierra.

Sobre los planes nacionales rurales se contemplaban acciones de gran escala para proveer bienes y servicios públicos en materia de:

 

Infraestructura y adecuación de tierras

Estímulos a la productividad

Vías terciarias, distritos de riego y drenaje, electrificación y conectividad a internet.     Acceso a vivienda y agua potable.   Educación.   Salud.   Programas  de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Consisten en planes con mayor celeridad en las regiones más afectadas por el conflicto, con mayor pobreza, menos institucionalidad y la presencia de economías ilegales, habrá participación activa de las comunidades.

Planes para fomentar la economía familiar y solidaria, y para facilitar la comercialización de los productos campesinos.   Garantías de seguridad social para los trabajadores del campo.   Acceso a créditos.   Proveer asistencia técnica, tecnológica y en investigación.   Sistema especial de alimentación y nutrición y así erradicar el hambre en el campo.

 

El pasado viernes, el senador Roy Barreras había pedido prorrogar la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2001) por 10 años más, otro tema que también perdería su oportunidad.

 

Desmovilización, desarme y reintegración

 

Finalmente, para la dejación de armas había un procedimiento técnico y verificable mediante el cual la ONU recibía la totalidad del armamento de las Farc para destinarlo a la construcción de tres monumentos.

 

Dicho proceso de dejación se desarrollaría en dos tiempos, denominados control de armamento y dejación de las armas, el cual se activaba de ganar el Sí.

 

Es claro que son muchos más los temas que quedaron en incertidumbre, como una serie de leyes para poner en marcha el programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito y la renuncia al ejercicio de la acción penal contra pequeños agricultores vinculados estas plantaciones ilegales, entre otros, pero el sorprendente triunfo del No hace que los próximos días se reformule todo lo que el país creía que iba a ocurrir con este proceso de paz.