Por unas estructuras agrarias más equitativas y modernas

 

Juan Camilo Restrepo

Exministro, abogado y economista

jotacrestrepo@yahoo.es

 

Cuando se iniciaban las conversaciones paz con las Farc, hace ya cuatro años, se tuvo en cuenta que esta ha sido siempre una guerrilla de raigambre campesina. En todas sus declaraciones ideológicas a lo largo de más de medio siglo, siempre han puesto el tema agrario como punto central de sus planteamientos.

 

De otra parte, el gobierno del Presidente Santos venía trabajando en el tema agrario (desarrollo rural y acceso a tierras) desde bien antes de que comenzaran las conversaciones de La Habana (Cuba). Se aprobó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en el 2011, y se preparó con los mejores especialistas en desarrollo rural con que cuenta el país un proyecto de ley que sirvió como guía orientadora de las conversaciones de La Habana.

 

El Gobierno no llegó, pues, a improvisar a la mesa de negociaciones. Sabía muy bien que el tema agrario era crucial con las Farc, por los orígenes ideológicos de esta guerrilla, pero, al mismo tiempo, tenía una agenda progresista muy clara en materia agraria, que desde la primera hora comenzó a desarrollar el Ministerio de Agricultura dentro de la administración Santos.

 

Todos los analistas del conflicto colombiano (de izquierda, de derecha y de centro) coinciden en que sus raíces se hunden en el problema agrario. Avanzar, entonces, en la solución de estos viejos problemas agrarios del país es condición insoslayable para llegar a una paz sostenible y duradera.

 

Por eso, no fue extraño que el acuerdo número uno de La Habana, cuya negociación tomó año y medio, ocupara lugar destacado dentro de lo que se acordó con las Farc.

 

La implementación en los años venideros (dentro de lo que se conoce como el posconflicto) del punto número uno es, pues, una de las agendas centrales que tendrán las políticas públicas del país en el futuro.

 

Lo primero que hay que afirmar de manera rotunda – pues se han escuchado voces que afirman lo contrario- es que el acuerdo dedicado al tema agrario de ninguna manera atenta contra la propiedad privada, ni contra la seguridad jurídica de quienes tienen sus tierras bien habidas en Colombia, ni contra el debido proceso. En esto, el equipo negociador del Gobierno fue extremadamente cuidadoso. Fue una de las “líneas rojas” que desde un inicio se tuvo en claro que no se podía sobrepasar.

 

Lo que se negoció

 

El acuerdo contempla, en primer lugar, la creación de un Fondo de Tierras que, a lo largo de los próximos 10 años, les entregue tres millones de hectáreas a campesinos hoy sin tierra o con tierra insuficiente.

 

Este fondo no se nutrirá con expropiaciones arbitrarias de tierras debidamente explotadas, como también se ha dicho. Se nutrirá de la recuperación de baldíos que le han arrebatado al Estado, de la desafectación de tierras -para poderlas titular- de predios que hoy están cobijados por los perímetros de la Ley 2ª de 1959, de la extinción de dominio de tierras que han sido incautadas al narcotráfico, de la adquisición de tierras por la autoridad agraria, entre otros mecanismos.

Pero el acuerdo uno de La Habana no se reduce simplemente a repartir tierras “peladas”, como se decía en los tiempos del antiguo Incora. Contempla, y este es quizás el núcleo central del acuerdo, la profundización en los años venideros de la dotación a las zonas rurales del país (comenzando por aquellas donde hay mayores índices de pobreza y de marginalidad) de lo que se conoce como “bienes públicos”, es decir, inversión en salud, vivienda, educación, vías terciarias, comercialización, riego y drenaje, etc., que haga posible que los índices de calidad de vida de las comarcas rurales se acerquen a los de las ciudades.

 

Pues de eso se trata finalmente todo el ejercicio: que confluya en el tiempo la calidad de vida rural con la que se registra en las zonas urbanas. Hoy, el desequilibrio en contra de lo rural es agobiador. Y es el caldo de cultivo permanente del conflicto.

 

El acuerdo contempla también el compromiso de formalizar siete millones de hectáreas durante el periodo del posconflicto. Una de las malformaciones más protuberantes de la ruralidad en Colombia es la informalidad, es decir, que la gente no cuenta con escrituras. Vive inmersa en la tenencia precaria de sus predios. Esto los margina del crédito, del mercado hipotecario, de las ayudas y subsidios, en breve, de la modernidad. Se calcula que cerca del 50 % de los predios que se trabajan honestamente en Colombia no cuentan con escrituras en debida forma.

 

Reservas campesinas

 

Vale la pena mencionar también lo que se negoció y no se negoció en cuanto a zonas de reserva campesina. Pues sobre esto también se han lanzado apreciaciones inexactas. Originalmente, las Farc llegaron a la mesa de negociaciones con unas aspiraciones desmesuradas en esta materia. Pedían la creación de 90 zonas de reserva campesina en nueve millones de hectáreas. Y lo más grave: dotadas de autonomías políticas, presupuestales, judiciales y administrativas al estilo de lo que sucede con los resguardos indígenas.

 

A nada de esto accedió el Gobierno. Argumentó que no estaba dispuesto a negociar el fraccionamiento del país en un mosaico de “republiquetas independientes”, y que las zonas de reserva campesina que se crearan en adelante lo serían de conformidad con los parámetros señalados en la Ley 160 de 1994. Y nada más. Así quedó estipulado en el acuerdo.

 

Mención especial debe hacerse también del compromiso para crear una jurisdicción agraria especial que figura en el punto número uno de La Habana. Los problemas que se presentan a diario en materia rural, y la prueba en asuntos agrarios, son bien distintos a los que se dan en materia civil o comercial. El hecho de haber contemplado la creación de una jurisdicción especializada en materias agrarias demuestra, además, el apego al Estado de derecho y el respeto a los derechos adquiridos de buena fe en materias atinentes a tierras en que se fundan los acuerdos de La Habana.

 

La paz solo se arraigará en Colombia cuando tengamos unas estructuras agrarias más equitativas y modernas. Eso es precisamente lo que busca el acuerdo uno de La Habana.