“No podemos dejar al garete la vida institucional de la Rama Judicial”

 

Por: Manolo Villota Benítez

Redactor Ámbito Jurídico

En Twitter: @MVTEZ

 

Recientemente, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) ha estado en la mira de la opinión pública, por cuenta del cese de actividades promovido por un sector del sindicalismo judicial. La inconformidad se generó frente al Acuerdo PSAA15-10445 del 2015, que regula la implementación de la oralidad en la jurisdicción civil.

 

Esta alta corporación, que por años se dedicó a administrar la justicia y a investigar disciplinariamente a los profesionales del Derecho, pronto dirá adiós, con ocasión de la puesta en marcha de Acto Legislativo 02 del 2015, conocido como de Equilibrio de Poderes.

 

José Agustín Suárez, presidente de esa corporación, habló con ÁMBITO JURÍDICO sobre las medidas que están tomando respecto al paro judicial, su preparación para entregar la administración de la Rama y el papel de la justicia en el posconflicto.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué ha sucedido con el paro judicial? ¿Por qué ha durado tanto este conflicto?

 

José Agustín Suárez: Si usted hace un repaso por la justicia ordinaria civil de Colombia, esta ha funcionado normalmente todos los días del año en curso. Es un grupo reducido de esa jurisdicción y que solo funciona en un sector de Bogotá el que está fomentando esa anomalía. Habrá que preguntarse, ¿por qué en el resto del país funciona sin ningún tropiezo y en ese punto específico no sucede?

 

Á. J.: Sin embargo, todo esto se suscitó por la discordancia en la implementación de la oralidad civil.

 

J. A. S.: La realidad es que la organización de los modelos de gestión oral son impuestos por la ley, primero desde la ley estatutaria y luego con el Código General del Proceso (CGP). Son fuentes distintas a un acto administrativo las que han dictado el paso del proceso escrito del siglo pasado al proceso oral, que es el que implicó la vigencia del CGP y propiamente la organización de centros de servicios, porque en este sistema ya no se necesita la misma planta de escribientes y sustanciadores, sino que es otra la organización que la naturaleza de la oralidad impone.

 

Ahorrará tiempos procesales, convertirá años en meses, meses en semanas. Esto implica transparencia y seguridad jurídica a las partes, lo que genera legitimidad. Eso es lo que se está discutiendo en el fondo, por tal razón no es un conflicto propiamente. Vuelvo a preguntar: ¿Por qué en ninguna región hay conflicto?

 

Á. J.: ¿Se ha negociado con el representante de Vocero Judicial para dar fin a esta problemática?

 

J. A. S.: Desde el principio, el hoy representante de Vocero Judicial asistió a la primera reunión que convoqué en mi despacho en el 2015 y, luego, este año, con todos los sindicatos y organizaciones de la Rama Judicial. Él se retiró cuando entre todos acordamos no revocar el acuerdo, derogarlo ni suspenderlo, sino aplazar su vigencia hasta el 29 de febrero, término prorrogable o anticipable, mientras se hacen los ajustes propios.

 

Ahí es cuando él se margina y crea Vocero Judicial, que es con quienes se presenta la diferencia. Lo volvimos a invitar a las siguientes reuniones, asistió a una, pero no sabemos por qué razones insiste en estas vías de hecho.

 

Á. J.: A propósito de la congestión judicial, ¿qué medidas se han implementado para superar este problema?

 

J. A. S.: La congestión dejó de ser preocupación. El año pasado se crearon 6.000 cargos permanentes. De esos, 600 corresponden a jueces de tutela. Imagínese el impacto para bien. Las acciones constitucionales lideradas por la acción de tutela que venían distrayendo el tiempo de los jueces y magistrados ahora les permitirá atender las causas ordinarias de mejor manera, porque el mecanismo será repartido entre los antiguos y los nuevos despachos judiciales. 

 

Á. J.: Con la entrada en vigencia del Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes, ¿qué han hecho para asumir la transición hacia lo que será el Consejo de Gobierno Judicial (CGJ)?

 

J. A. S.: El papel del CSJ se ha limitado a cumplir intensamente sus deberes con la ya mencionada creación de nuevos cargos, la organización de los centros de servicios, el nuevo concurso para la Rama Judicial y la planeación del presupuesto del año 2017, que debemos presentar en marzo. 

 

También, estuve en la posesión de los tres expertos del CGJ y, luego, nos reunimos para la entrega íntegra de la Rama Judicial. Sin embargo, estando en ese ejercicio, surge la decisión del Consejo de Estado que suspendió esa elección. Mientras se soluciona esto, no podemos dejar al garete la vida institucional de una rama del Poder Público tan importante como la Judicial.

 

Á. J.: Hace poco remplazaron algunos magistrados que ya habían cumplido su periodo. ¿Es válido hacer esto cuando pronto desaparecerá el CSJ?

 

J. A. S.: Esto nada tiene que ver con la transición: las dos plazas quedaron vacantes en la Sala Administrativa desde el año antepasado, cuando el Consejo de Estado declaró la nulidad de esas dos elecciones. Desde entonces hasta hoy, nunca fueron proveídos sus remplazos. El año pasado, en reunión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, les pedimos ejercer su facultad y proveer esos funcionarios.

 

Á. J.: ¿Qué fin específico perseguía esta elección?

 

J. A. S.: Esto fue debido a que la Sala Administrativa quedó reducida al mínimo número legal posible de existencia con cuatro miembros. Si no se hubiera tomado esta medida, con la salida del magistrado Ricardo Monroy Church estaríamos por debajo de ese umbral para tener existencia jurídica. Imagínese tamaña responsabilidad de no hacer nada frente a ese escenario inmediato y dejar que desapareciera por una omisión de esa naturaleza la vida institucional de los jueces de Colombia.

 

Á. J.: Con una posible firma de los acuerdos de La Habana, ¿cómo se está preparando la Rama para esta nueva etapa?

 

J. A. S.: Se le ha dado todo el apoyo al Gobierno Nacional en su responsabilidad de conducir el proceso de paz. En trabajo armónico con las otras ramas del poder, hemos mostrado las mejores pruebas de justicia transicional lideradas por el CSJ en lo penal, con las salas de Justicia y Paz y, en lo civil, con los jueces especializados para restitución de tierras.

 

Á. J.: ¿Qué otras medidas se han implementado?

 

J. A. S.: En lo penal se han realizado muchas audiencias públicas, como, por ejemplo, en temas relacionados con la masacre de Mampuján. Sobre ese acontecimiento, también hicimos actos de interlocución entre víctimas y victimarios. Además de eso, sacamos trabajos audiovisuales, que han sido postulados a importantes premios, como el India Catalina.

 

Á. J.: ¿Se ha llevado a cabo alguna pedagogía a los funcionarios de la Rama para el fin del conflicto?

 

J. A. S.: Efectivamente, se han implementado programas sobre los jueces civiles y penales. Ya están dotados de los elementos de juicio necesarios para arrancar un ejercicio de tan largo aliento, como lo es hacer la justicia del posconflicto. Queremos hacer la justicia restaurativa, no la retributiva que hemos venido aplicando.

 

Á. J.: Se ha tildado al CSJ de haber sido una entidad no práctica, sino más bien  burocrática. ¿Qué opinión le merecen esas críticas?

 

J. A. S.: Las desmintió el propio Ministro de Hacienda en una reunión que tuvimos, pues le pusimos de presente que esa “burocracia”, por no existir, tiene ad portas de una crisis la vida judicial en Colombia, ya que por concentrarnos en la creación de los 6.000 cargos de carrera, no creamos nada para el apoyo administrativo de la dirección ejecutiva y la Sala Administrativa del CSJ.

 

De hecho, si se desplaza a donde funciona la dirección ejecutiva y cuenta a las personas dedicadas a pagar sentencias y conciliaciones en Colombia, solo encontrará una, y para atender los procesos contra la Rama Judicial, son ínfimas. No es cierto que haya burocracia en la organización judicial.

 

Á. J.: Ad portas de su eliminación, ¿qué le deja a Colombia esta corporación?

 

J. A. S.: Le deja de bueno enseñarles a los poderes públicos y privados a respetar la independencia y la autonomía nacientes de los jueces del país; haber hecho solo con recursos propios la reconstrucción del Palacio de Justicia de Cali; la carrera judicial que se implementó con la existencia del CSJ y que hasta hoy ha logrado un porcentaje por encima del 80 %, gracias al mérito de cada empleado judicial. Eso solo es un poco de todo lo que podría decir para responder esa pregunta.

 

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