Aunque la emancipación le da al hijo el derecho a obrar independientemente, su obligación de cuidar de sus padres en la ancianidad no cesa, indicó el Consejo de Estado.
El Gobierno consultará con los colombianos, a través de la página web del Ministerio de Salud, las tecnologías de salud que podrían incorporarse al POS.
El Consejo Superior de la Judicatura formuló pliego de cargos a una jueza que faltó al deber consagrado en el artículo 153 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
Para los alcaldes de municipios de categoría especial, primera, segunda y tercera, la bonificación equivaldrá al 100 % de la asignación básica, más gastos de representación.
La entidad explicó que se ha limitado a “transcribir literalmente las decisiones tomadas por la Corte Constitucional respecto de la IVE en los tres casos autorizados por derecho”.
Los afectados que no guarden estrecha relación con el conflicto, pero respondan a los escenarios definidos por la Ley 387 de 1997, deben ser incluidos en el Registro Único de Víctimas.
Según el Ejecutivo, los parágrafos 2º y 3º del artículo 6º de la iniciativa vulneran el principio de la autonomía universitaria y desconocen el marco de protección de la propiedad privada.
Una vez obtenida la constancia de radicación del sistema, el usuario tiene tres días hábiles para entregar los documentos en los puntos de atención habilitados.
Para la entidad, no es conveniente efectuar la reapertura de la ventanilla de solicitudes mientras la plataforma del Catastro Minero Colombiano no esté funcionando de manera óptima.
La asignación regirá a partir de la presente vigencia fiscal. Por lo tanto, la primera transferencia se deberá realizar dentro de los primeros tres meses del 2014.
Solo el personal del CTI especializado en entrevistas forenses a niños, niñas y adolescentes podrá realizarlas, previa revisión del cuestionario por un defensor de familia.
La entidad podrá intervenir en los procesos en donde haya sido demandado un acto proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional.
Durante el trámite legislativo se desconoció parte del artículo 160 de la Constitución, que obliga a citar expresamente la fecha en la que se efectuará la votación del proyecto.
El organismo señaló que no cuenta con la asignación de los recursos necesarios para asumir los costos de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.
Los medios de comunicación deben ser diligentes y cuidadosos al divulgar información que incrimine, ya que no pueden inducir al receptor a error o confusión.
La competencia para la indagación preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal por control posterior excepcional será asignada por la Contralora General en cada caso.
La competencia que tiene la entidad para conocer investigaciones administrativas es residual, es decir, no será competente cuando la función le haya sido asignada expresamente a otra autoridad.
El Ejecutivo remitió al secretario general de las Naciones Unidas una comunicación reafirmando los derechos de Colombia sobre su plataforma continental
Un proyecto de ley que espera sanción presidencial reconoce la naturaleza prevalente del derecho a la educación sobre los derechos económicos de las instituciones educativas.
El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea deberán rendir informes periódicos a la Procuraduría sobre el cumplimiento de esta orden del Consejo de Estado.
La entidad pidió revisar las condiciones en que se realizará la subasta de segmentos reservados y abiertos, de manera que se garantice la maximización de recursos.
Salvo amenaza a los derechos fundamentales del reo, la acción de tutela es improcedente para atacar decisiones sobre el lugar de reclusión de los procesados.
La estrategia aborda las maneras en las que los colegios de abogados pueden apoyar las iniciativas de lucha contra la corrupción en sus jurisdicciones.
Con ocasión de la celebración del Mes del Abogado, Legis realizó ayer, en Bogotá, una conferencia titulada Grandes cambios en los principios del Derecho.
El mandatario habría incurrido en falta disciplinaria al suscribir contratos con operadores de aseo sin tener en cuenta que no contaban con la experiencia y capacidad requerida.
Aplicar la tesis de falla del servicio le hubiera costado al Estado cerca de 200 billones de pesos, advirtió la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La prioridad en la exploración y en la intervención de este patrimonio la tendrán las entidades públicas, las universidades y la Dirección General Marítima.
La Corte Constitucional advirtió que las autoridades le reconocen a la población desplazada una ayuda insuficiente, que no alcanza para satisfacer sus necesidades básicas.
La emergencia carcelaria sería decretada cuando los niveles de ocupación de uno o más centros de reclusión afecten severamente los derechos fundamentales.
Al parecer, uno de los conjueces incurrió en la falta señalada en el artículo 151.5 de la Ley 270 de 1996, que prohíbe a los encargados de ejercer la función judicial representar algún ministerio religioso.