La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que inicie un incidente de impacto fiscal con respecto a la Sentencia C-101 del 2013, que ordenó convocar a un concurso público para proveer los cargos de procurador judicial. Según el organismo, no cuenta con los recursos necesarios para asumir los costos de la orden impartida, al igual que “no tiene la autonomía presupuestal que le permita realizar las apropiaciones correspondientes para poder financiar dichas erogaciones”. En ese sentido, explicó que la implementación de la carrera administrativa para los cargos de procuradores judiciales requiere la creación de un órgano que pueda administrarla, el cual debe contar con recursos adecuados desde lo operativo y lo financiero. Esta es la segunda solicitud de incidente de impacto fiscal presentada por el Ministerio Público, luego de que pidiera aplicar este mecanismo por la condena al Distrito Capital en el caso Doña Juana.