Durante los próximos 15 días, las víctimas y los demandados por el derrumbe del relleno sanitario Doña Juana, de Bogotá, ocurrido en 1997, deberán notificarse del incidente de impacto fiscal que se abrió, luego de la condena impuesta por el Consejo de Estado al Distrito Capital.

El pasado 28 de mayo, la corporación admitió el incidente contra de la sentencia que condenó al Distrito a pagarles más de 227.000 millones de pesos a por lo menos 2.000 personas afectadas por el derrumbe.

En enero, el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, le había solicitado al Ministerio Público que promoviera la apertura del incidente, argumentando que la condena afecta, en el corto plazo y de manera directa, la sostenibilidad fiscal del Distrito.

La Procuraduría acogió la petición del Alcalde y solicitó el trámite del incidente, señalando que el pago de la condena implicaba un esfuerzo adicional significativo para conseguir recursos que no se tenían previstos en la estrategia financiera del plan de desarrollo ni en el marco fiscal de mediano plazo 2013 – 2023. Además, hubo un recorte en las inversiones programadas en el plan de desarrollo Bogotá Humana.

Las notificaciones deberán efectuarse en la Secretaría General de la corporación.