Magistrado Guillermo Vargas se opuso a anulación del decreto reglamentario de la IVE (11:15 a.m.)

Al concluir que con la expedición del decreto reglamentario sobre la práctica del aborto el Gobierno sí estaba dando cumplimiento a un mandato legal, establecido en el artículo 12 de la Ley 51 de 1981, el magistrado Guillermo Vargas se apartó de la posición mayoritaria de la Sección Primera del Consejo de Estado, que anuló la disposición. Pese a que la providencia sostiene que no había norma legislativa que justificara la expedición del decreto 4444 del 2006, el alto jurista sostiene que, con esta actuación, el Ejecutivo reglamentó la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para las embarazadas, ordenada en la citada ley, aprobatoria de la adhesión del Estado al Convenio sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El decreto, dice, prevé disponibilidad del servicio de IVE; normas técnicas de atención integral a la gestante; asunción de costos derivados de la prestación del servicio y su forma de pago, entre otros aspectos que materializarían el cumplimiento del tratado. Así, precisa el salvamento, el Gobierno sí hizo uso de la facultad reglamentaria conferida por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución (C. P. María Claudia Rojas).