CEJ propone ajustes a modelos de gestión de la Fiscalía

En el marco de la discusión del Proyecto de Ley 193/2012, que le otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República para reformar la Fiscalía General de la Nación, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) hizo un análisis sobre los modelos de gestión de la entidad, con el fin de presentar recomendaciones que, a su juicio, podrían contribuir a mejores resultados.

De acuerdo con la CEJ, es indispensable mejorar la calidad de la recepción de la denuncia, que, según explica, adolece de varios defectos, entre ellos, la insuficiente información con la que cuentan los ciudadanos para denunciar, los altos tiempos de espera, una atención poco amable de los funcionarios, el redireccionamiento de los usuarios a otras sedes, entre otros.

La corporación precisó que estas situaciones están afectando el acceso efectivo de los ciudadanos a la administración de justicia y las probabilidades de sanción de los delitos que llegan al conocimiento de la Fiscalía. Por eso, aconsejó articular la oferta institucional para la recepción de denuncias, que actualmente comparten la Fiscalía y otras entidades del Estado.

Así, propuso expandir los modelos de atención integral, en los que convergen los servicios judiciales y de atención que demandan las víctimas, como los centros de atención e investigación integral a las víctimas de delitos sexuales. Otra sugerencia es usar con mayor incidencia las unidades de intervención temprana de denuncias, que actualmente funcionan en Bogotá, Cali y Barranquilla.

Igualmente, propuso celebrar convenios con universidades que cuenten con facultades de Derecho, para que sus consultorios jurídicos contribuyan a la realización de conciliaciones.

“Esta medida reduciría la carga de los fiscales de las SAU, quienes tendrían mayores posibilidades de realizar adecuadamente su función, o bien podrían entrar a reforzar las unidades locales radicadas, cuya carga de trabajo por despacho puede superar las 400 noticias criminales”, agregó la CEJ.

Otras propuestas son aplicar una prueba piloto para la creación de un modelo de despacho judicial ampliado, y la posibilidad de diseñar modelos de gestión especializados para la aplicación del principio de oportunidad.

Finalmente, se propone avanzar en la identificación, consolidación y divulgación de la denominada “doctrina fiscal”, esto es, las acusaciones, decisiones de aplicación del principio de oportunidad, preacuerdos y demás decisiones y actuaciones, que sirvan para identificar las líneas hermenéuticas y argumentativas de la entidad. “El seguimiento a esta doctrina podría aportar elementos para que el Fiscal General expida directivas que guíen la actividad de los fiscales”, concluyó la CEJ.