Los actos de certificación y registro son administrativos si contienen una declaración unilateral estatal destinada a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, reiteró la Sección Primera del Consejo de Estado. Por el contrario, cuando esos actos solo registran datos o dan constancia de hechos que no producen efectos jurídicos directos, no tendrán tal condición, aclaró. Además, el alto tribunal señaló que contra esos actos administrativos únicamente procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (C. P. María Claudia Rojas).