Estado debe rendir cuentas ante organismos internacionales por violaciones al DIH de sus agentes

El Consejo de Estado advirtió que la Nación también debe rendir cuentas ante organismos internacionales por las violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) que causen sus agentes.

El alto tribunal le ordenó al Ministerio de Defensa poner en conocimiento del Comité contra la Tortura de la ONU las violaciones al DIH que protagonizaron militares en contra tres integrantes de la guerrilla del ELN, en hechos ocurridos entre el 2 y el 5 de noviembre de 1993, en Cúcuta.

La Sección Tercera recordó que la función de la fuerza pública es preservar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, lo que no la habilita para violar la Convención Americana de los Derechos Humanos en contra del enemigo.

El fallo precisa que “las acciones cometidas por la fuerza pública son repudiables, ya que el cabecilla de esta organización fue quemado vivo. Los otros integrantes fueron torturados vilmente violando los derechos humanos”.

La Sala comprobó que los militares responsables de estos hechos fueron ascendidos a los grados de capitán, mayor y sargento, aunque, posteriormente, algunos fueron destituidos por la Procuraduría y condenados penalmente en juicio.

La corporación recordó que el Estado se encuentra especialmente obligado a garantizar los derechos de las personas en situación de riesgo y debe impulsar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, con las consecuencias que la legislación pertinente establezca.

“La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos (sic) 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, señaló el Consejo.

Adicionalmente, decretó que los responsables deben rembolsar, proporcionalmente a sus grados, la condena de 743 millones de pesos a cargo de la Nación.

Dentro de las consideraciones del fallo, se ordena enviar copia a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que investiguen a la Nación por estos hechos.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 54001233100019960925001 (23603), jun 20/13, M. P. Jaime Orlando Santofimio)