El Consejo de Estado determinó que en el colapso del edificio del cuerpo de bomberos de Armenia (Quindío), ocurrido en el terremoto del 25 de enero de 1999, no se dio la fuerza mayor como uno de los eximentes de imputabilidad jurídica al Estado. Con estos argumentos, revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío de exonerar al municipio por la muerte de un bombero, que se produjo tras el movimiento telúrico, al comprobar que hubo negligencia de parte de las autoridades, que no tomaron medida alguna ante el inminente riesgo que fue advertido en la estabilidad de la edificación, cuatro años antes del evento sísmico. Adicionalmente, la Sección Tercera validó la presentación de copias de documentos sin autenticación, pese a que la postura de la misma Sala ha sido persistente en mantener la exigencia de este tipo de acreditación alrededor de pruebas documentales. En este caso, dice, debe primar el derecho sustancial de acceso a la administración de justicia sobre un requerimiento formal suscrito en el artículo 254 del Código Civil, respecto a las copias auténticas. (C.P. Jaime Orlando Santofimio)