La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) levantó las medidas cautelares que le impuso al país para proteger a las comunidades chocoanas de Jiguamiandó y Curvaradó.

Estas medidas habían sido decretadas luego de constatar la vulneración sistemática y reiterada de los derechos fundamentales de estas comunidades, que habían abandonado sus tierras ancestrales, debido a la incursión paramilitar que siguió a los bombardeos del Ejército sobre selvas del Chocó.

Según la Cancillería, mediante la coordinación de un trabajo interinstitucional, se presentaron a la Corte más de 30 informes oficiales, con datos que demostraron la presencia estatal y la intervención de dichas comunidades afrodescendientes.

Además, se realizaron 20 reuniones de seguimiento y concertación, coordinadas por el Grupo de Asuntos de Protección sobre Derechos Humanos de la Dirección de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De esta manera, la Corte reconoció que Colombia “ha hecho importantes esfuerzos para atender la situación de los miembros de las zonas humanitarias”, y que “aunque siguen existiendo riesgos también hay garantías de que las comunidades no quedarán desprotegidas”.

Finalmente, el tribunal regional destacó el estricto seguimiento que realizó la Corte Constitucional a los autos emitidos en el marco de la Sentencia T-025 del 2004, en los que decretó medidas cautelares por la violación de los derechos de restitución de territorios colectivos a estas comunidades.

En esas decisiones, la corporación había ordenado un plan provisional urgente de prevención del desplazamiento forzado, dirigido a estos grupos afrodescendientes.