La Contraloría General de la República le advirtió al Ejecutivo el grave riesgo que implica para la minería del país la decisión de abrir nuevamente la ventanilla de títulos mineros sin haber evacuado las solicitudes en curso ni tener un catastro minero confiable.

Mediante una función de advertencia, la contralora general, Sandra Morelli, indicó que, a febrero del 2011, cuando se suspendió la recepción de solicitudes mineras, reposaban 19.629 en la Agencia Nacional de Minería y, a la fecha, se ha dado trámite definitivo a 12.997. Por tanto, se encuentran pendientes de trámite 6.653 solicitudes.

La entidad también advirtió sobre el daño que ocasionarían al patrimonio ecológico los eventuales problemas sociales y el posible incumplimiento de convenios internacionales sobre medio ambiente, por el otorgamiento de títulos mineros, sustracciones de áreas de reserva forestal y licencias ambientales en áreas de reserva nacional y protegidas.

En ese sentido, señaló que desconoce el estado en que se encuentra el Catastro Minero Colombiano, una herramienta a su juicio indispensable para el conocimiento, control y seguimiento de la titulación minera.

La entidad agregó que es necesario evacuar todas de las solicitudes de titulación minera, pues no es conveniente efectuar la reapertura de la ventanilla de solicitudes mientras la plataforma del Catastro Minero Colombiano, o la herramienta que haga sus veces, no esté funcionando de manera óptima.

Además, precisó que la falta de una plataforma tecnológica adecuada incidiría en la ocurrencia de situaciones contrarias al ordenamiento legal vigente, lo que podría ocasionar el otorgamiento de títulos mineros en zonas donde no debe permitirse la minería, como los ecosistemas de páramos, humedales, áreas de reserva forestal, entre otras.

Finalmente, advirtió sobre la violación a la Constitución y el Convenio 169 de la OIT que implica no realizar la consulta previa para el otorgamiento de títulos mineros y la declaración de zonas mineras en tierras pobladas por comunidades étnicas y en áreas declaradas como estratégicas para la minería.

(Contraloría General de la República, Oficio, jun. 28/13)