En sentencia dada a conocer hace algunos días, la Corte Constitucional determinó que la falta de claridad respecto a la titularidad de tierras ubicadas en áreas protegidas, como el Parque Tayrona, evidencia un “atraso terrible y desdeñoso”. Para la corporación, la falta de actuación de las autoridades en la materia ha dado lugar a conceder acciones de amparo sobre derechos inexistentes, en detrimento del medio ambiente. Según la providencia en cuestión, no es posible entender cómo, después de más de 40 años, persisten problemas de clarificación de los títulos de propiedad, deslinde y recuperación de terrenos, indispensables para hacer efectiva la garantía de la reserva del parque nacional natural. Esto a raíz de la determinación de un juez de tutela de amparar los derechos a la vivienda digna exigidos por los propietarios de una cabaña en el parque Tayrona, que habían iniciado la construcción de un pozo séptico para la instalación de sanitarios, cuando no tenían la licencia ambiental para adelantar la obra de una residencia en la que, dice la Corte, ni siquiera se verificó que habitaran. La Sala concluyó que este tipo de omisiones desvirtúan la actuación del juez y de las autoridades ambientales, representadas en el Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (M. P. Juan Carlos Henao).