Indicio puede generar responsabilidad estatal: Consejo de Estado

En una sentencia del pasado 13 de junio, el Consejo de Estado concluyó que, en ciertos casos, la prueba indiciaria basta para generar la responsabilidad extracontractual del Estado.

Por esta razón, declaró la responsabilidad de la Nación por homicidio aparentemente cometido por la banda Los 12 Apóstoles, que, según testimonios de habitantes de Yarumal (Antioquia), era un grupo de “limpieza social”.

La Sección Tercera pudo comprobar que el crimen era atribuible a un grupo de personas financiadas por comerciantes y ganaderos de la región, asistidos por miembros de las entidades del Estado, entre ellas la Policía y el Ejército Nacional.

“Es claro que en este tipo de delitos, no existen pruebas directas de las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos y los implicados tampoco son fácilmente identificados, por lo tanto, la prueba indiciaria debe ser utilizada a la hora de argumentar y fundamentar las decisiones”, explicó el alto tribunal.

La corporación recordó que  la muerte producida o generada por un miembro o agente estatal no siempre es patrimonialmente imputable a la administración pública. Para ello, es necesario verificar que el comportamiento del agente estatal estuvo ligado o vinculado al servicio público, aclaró.

“Varios testimonios afirmaron que los comentarios que se fraguaban en el pueblo relacionaban con suficiente certeza a ciertos individuos, muy conocidos entre los lugareños, a quienes siempre alguien identificó como integrantes de una banda delincuencial que –en asocio con miembros de la Policía, y financiados por prestigiosos comerciantes del municipio–, se dedicaban a desterrar –o en el peor de los casos a eliminar–, personas con antecedentes penales, consideradas como indeseables en la sociedad”, señaló.

Según el fallo, la absolución penal de los policías involucrados con este grupo, que se dio por las difusas pruebas testimoniales, no puede generar el mismo efecto en materia extracontractual, pues “existen indicios graves contra los agentes como miembros activos de la organización ilegal'.

El alto tribunal le ordenó al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional indemnizar a  la familia de una de las víctimas, con una suma cercana a los 500 millones de pesos. 

La sentencia también contempla medidas de justicia restaurativa como “la construcción de un monumento alegórico a la vida, a cargo de la Policía Nacional, que se erigirá en el parque principal del municipio de Yarumal, teniendo en cuenta que frente a crímenes de esta naturaleza el remordimiento por la muerte pertenece a la memoria colectiva de una sociedad, para que hechos como esos no se repitan jamás”.

En el expediente 23016 del 2013, la misma Sección había sostenido que si la Fiscalía no podía  demostrar la responsabilidad de los agentes, se eliminaba la responsabilidad estatal.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 05001233100019950099801 (25180), jun. 13/13. C. P. Enrique Gil Botero)