La Corte Constitucional aclaró que las decisiones que tomen entidades privadas en ejercicio de funciones públicas, como las cámaras de comercio, tienen carácter de actos administrativos y pueden ser objeto de las acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo. Según el alto tribunal, el proceso de afiliación y desafiliación de comerciantes está directamente relacionado con su naturaleza privada, corporativa y gremial; por lo tanto se rigen por los estatutos de la respectiva cámara y por las normas de derecho privado. En el caso en estudio, concluyó que el accionante debe acudir a la jurisdicción ordinaria civil para pedir la anulación definitiva del acto que dispuso su desafiliación de la cámara de comercio y no a la acción de tutela (M. P. Jorge Iván Palacio).