El Consejo de Estado determinó que la Nación también debe rendir cuentas ante organismos internacionales por las violaciones al DIH que causen sus propios agentes. Al precisar que “en el Estado de derecho ni el delincuente puede quedar por fuera de él”, la corporación ordenó al Ministerio de Defensa poner en conocimiento del Comité contra la tortura de la ONU las violaciones al DIH que protagonizaron militares contra tres integrantes de la guerrilla del ELN. La Sección Tercera señaló que la función de la fuerza pública es preservar la soberanía, independencia, integridad territorial y orden constitucional, lo que no le habilita para violar la Convención americana de los derechos humanos en contra del enemigo. La Sala comprobó que los militares responsables de estos hechos, más tarde, fueron ascendidos a grados como el de capitán, mayor y sargento, aun cuando precisó que, posteriormente, algunos fueron destituidos por la Procuraduría y condenados penalmente en juicio. Adicionalmente, decretó que los responsables deben rembolsar, proporcionalmente a sus grados, la condena de $ 743 millones a cargo de la Nación. Los hechos se produjeron entre el 2 y el 5 de noviembre de 1993 en Cúcuta, donde fueron detenidos ilegalmente los insurgentes, torturados y uno de ellos, asesinado (C. P. Jaime Orlando Santofimio).