El acto administrativo que ordena la suspensión provisional del ejercicio de un cargo dentro del proceso de responsabilidad fiscal es una facultad discrecional y preventiva de la Contraloría para proteger los bienes y dineros de la Nación; contra esta decisión no procede acción de tutela, señaló el Consejo Superior de la Judicatura. Según la sentencia, dicho acto administrativo no cumple con los elementos que justifican la procedencia excepcional de este amparo, a pesar de ser un acto de trámite, ya que no vulnera derechos fundamentales y no es una imputación definitiva, agregó (M. P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago).