El Consejo de Estado determinó que haber sido condenado penalmente en cualquier tiempo por delitos que afecten el patrimonio del Estado es un factor inhabilitante para aspirar a cargos de elección popular. Con estos argumentos, decretó la nulidad de la elección del gobernador de Chocó, Luis Gilberto Murillo, quien en 1997 había sido hallado penalmente responsable por peculado por destinación oficial diferente. La Sección Quinta indicó que no era procedente la aplicación del principio de favorabilidad penal, bajo el pretexto de la modificación que sufrió este tipo penal desde la órbita legislativa, ya que la reforma constitucional del 2003 hace referencia a la prohibición para quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por este tipo de conductas. Aclaró, así mismo, que es la autoridad judicial penal y no el juez electoral a quien corresponde determinar la modificación o eliminación de la condena (C. P. Alberto Yepes).