Reglamentan terminación por mutuo acuerdo del procedimiento administrativo sancionatorio laboral
Los investigados deben reconocer el incumplimiento de las normas laborales o de seguridad social integral.
Los investigados deben reconocer el incumplimiento de las normas laborales o de seguridad social integral.
La naturaleza del cargo implica funciones de confianza, por lo que su nombramiento es discrecional.
Se precisa que la liquidación privada no tiene el carácter de acto administrativo y, por tanto, resulta ajena a la figura de la revocatoria directa.
La Corte Constitucional hace llamado a una entidad bancaria para que proteja los derechos de las personas con discapacidad.
La autoridad competente para investigar la ocurrencia de este delito es la Fiscalía General de la Nación.
En virtud del principio de corresponsabilidad, se recomienda el acompañamiento de padres o cuidadores.
Se requiere que los bienes fiscales que se quieran transferir estén bajo el dominio de la entidad pública que va a realizar el traspaso.
Los indicadores de goce efectivo de derechos (IGED) son mediciones que permiten calcular el porcentaje de población desplazada que efectivamente cuenta con sus derechos fundamentales.
Se presentan cuatro cargos, como el supuesto desconocimiento de la obligación constitucional de cumplimento del Acuerdo Final de Paz.
Se reguló la conformación de las comisiones con vigencia hasta el 2030.
De acuerdo con la queja, el magistrado desconoció el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, que impide al juez popular pronunciarse sobre un acto de contenido electoral.
En el proceso electoral no hay lugar a admitir la demanda de reconvención: Consejo de Estado.
La sala de casación solo tendría un término de hasta cinco años contados desde la notificación de la sentencia de segunda instancia para resolver el recurso.
Este impuesto complementario debía ser declarado, liquidado y pagado en su totalidad hasta el 28 de febrero del 2022.
A diferencia de las cláusulas penales, cuya función es resarcitoria o indemnizatoria.
La decisión surge por la posible comisión de prácticas restrictivas de la competencia, en el marco del comercio extranjero.
Corte Constitucional niega tutela de Gobernador de La Guajira y deja en firme el fallo que declaró la nulidad de su elección por doble militancia.
El Presidente del Senado instaló las tres comisiones legales para el periodo constitucional 2022 – 2026.
Tienen la naturaleza de ser definitivos y, en consecuencia, son susceptibles de control judicial a través del medio de nulidad y restablecimiento del derecho.
Estipulaciones contractuales no pueden limitar al consumidor para ejercer sus derechos y reclamar por la omisión en la entrega.
Las organizaciones deberán capacitar a sus equipos para respeten y garanticen el derecho de las personas de revocar la autorización y suprimir sus datos.
De acuerdo con el demandante, se estaría privando a la Rama Judicial de las competencias para el cobro de las multas que se declaran a su favor.
La Contraloría detectó un hallazgo fiscal por $ 38.849 millones.
Estos son los elementos de la garantía de cumplimiento a favor de entidades públicas.
Se configura el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales cuando se vulneran los principios de la contratación.
Basta con manifestar el deseo de no querer recibir la cátedra para que pueda acceder al programa alternativo que debe estar previsto en el PEI.
No existe inhabilidad para que quien suscribió y finalizó un contrato estatal se vincule como empleado público.
Una de las pretensiones de la demanda es que se exhorte al Congreso y al Gobierno Nacional a adelantar la consulta previa respectiva para expedir la regulación orgánica.
La Corte Constitucional advirtió que el derecho a la libre expresión artística de los niños y adolescentes es fundamental para el desarrollo de su personalidad.
La norma estaría creando una discriminación injustificada para los usuarios de la justicia.
Cuando un bien se encuentra en disposición de una entidad con base en una actuación judicial debe brindar información detallada sobre su paradero.
La Corte Constitucional ordenó la rectificación de algunas declaraciones que Daniel Mendoza hizo contra Álvaro Uribe Vélez.
La conducta de la investigada configura la falta disciplinaria a la debida diligencia profesional.
La normativa tiene como objetivo garantizar la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de esta población.
Consejo de Estado recuerda las generalidades de la acción de cumplimiento.
Tras la providencia del Consejo de Estado en donde se decretaba la suspensión provisional del Acuerdo 1 del 2021, el Consejo Superior de la Carrera Notarial decidió revocarlo.
En todo caso, deben tener en cuenta que la salud de los menores de edad es un derecho fundamental en cabeza del Estado y la sociedad.
Acto administrativo mediante el cual se acepta la renuncia no podrá superar los 30 días, contados a partir de la presentación.
Explican la fuerza mayor y caso fortuito en el pago extemporáneo de la declaración del impuesto de renta.
El proveedor de servicios omitió el deber de atender de manera efectiva y definitiva las inconformidades.
La medida surge de 24 investigaciones administrativas por presunto incumplimiento del Estatuto del Consumidor.
Declaran la nulidad absoluta de la partición notarial, ya que los promotores del procedimiento notarial conocían de la existencia de sobrinos y hermanos.
El mandatario electo nombró a su nuevo Comisionado para la paz.
Quien alega un daño debe demostrar su ocurrencia para que se produzca el efecto pretendido.
Se vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa del acusado.
Se aplican factores salariales diferentes a los establecidos en la sentencia de unificación del 11 de junio del 2020 a un servidor de la Rama Judicial beneficiario del régimen de transición.
Cuando se trate del desconocimiento del precedente judicial la legislación prevé el denominado recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Antes de proceder con la provisión de la vacante, sí se deberá informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
La presunta cesión de derechos y de uso de ‘software’ a contratista habría ocasionado un detrimento patrimonial a la entidad.
De acuerdo con el actor, la norma acusada vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia.
Se realizaron visitas para verificar el cumplimiento de información sobre las condiciones del servicio.
Se refieren a los pasajes o, en su defecto, el valor para desplazarse al lugar en que se deba cumplir la labor.
En todas las campañas de cultura ciudadana se deberá incluir a la población de los centros penitenciarios y carcelarios y de los centros para la privación de la libertad de jóvenes infractores.
Conductas que podrían afectar la convivencia escolar deben estar previstas en el manual de convivencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que en determinados eventos en los que existe el conocimiento público de un riesgo que se puede concretar en la comisión de diferentes ilícitos, marca un deber afianzado de protección por parte del Estado.
La vulneración de los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa se debe analizar de manera independiente.
Se deberán tomar medidas para la comprensión clara y uniforme acerca de las diferencias existentes entre el acta de sometimiento y el acta de compromiso en la jurisdicción especial para la paz.
DIAN no estaba habilitada para restringir el derecho de disposición de los bienes inmuebles que se encuentran en una zona franca.
Con el cumplimiento de los acuerdos políticos, el Pacto Histórico tiene el mando del Congreso de la República.
La periodista recibirá $ 2.200 millones al probarse que el DAS le realizó seguimientos ilegales y tortura sicológica.
El convenio tiene como propósito diseñar una estrategia integral para gestionar la recuperación de bienes indebidamente ocupados en los espacios marino-costeros del país.
Organizaciones defensoras de derechos humanos deben recibir una especial protección constitucional y la vulneración de sus derechos fundamentales es un asunto que debe ser resuelto por el juez constitucional.
Un proceso de impugnación o de investigación de la paternidad no puede tener como corolario la ruptura abrupta de una unidad familiar existente y consolidada.
El acreedor garantizado podrá solicitar al juez del concurso la exclusión de los bienes en garantía de propiedad del deudor.
De acuerdo con los demandantes, no hay unidad de materia y la norma trasgrede las competencias del concejo y la administración distrital.
Tiene ocho días para asegurar el cumplimiento de las órdenes proferidas en el marco del seguimiento al ECI.
Lo contrario significaría una afectación a su asignación salarial y, en consecuencia, una disminución en sus ingresos.
El presidente Iván Duque dio su discurso, momento en el cual el recinto se dividió entre aplausos y arengas en su contra.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca otorgó dos días a la comisión accidental del Congreso de la República para que se pronuncie sobre el desacato.
La jornada laboral de los empleados públicos es de 44 horas semanales, la cual en ningún caso puede excederse.
Omisión de los funcionarios afectó a un colectivo de personas que pretendían participar en la contienda electoral del 13 de marzo del 2022.
Cargos directivos de los partidos o movimientos políticos no son empleos públicos o privados, sino cargos políticos.
Con esta normativa se podrán garantizar los derechos de la población cuidadora y la población sujeta de cuidado.
Defensa y fiscalía no pueden renunciar a la práctica de pruebas amparados en una estipulación que se considera ilegal.
Se establecerá dentro de Colombia una representación regional del Banco Europeo de Inversiones para asegurar la realización de sus actividades en el país.
La Ley 1757 del 2015 prevé cinco etapas por medio de las cuales se lleva a cabo el proceso de revocatoria del mandato.
La funcionaria invita a que se haga una discusión jurídica sobre la controversia que ha generado la intención de eliminar el Ministerio Público.
La interdicción fue erradicada del ordenamiento jurídico a partir de la promulgación de la Ley 1996 del 2019
Con la normativa no solo se clarifica el proceso de contratación y vinculación, también se establecen algunas estrategias y auxilios para impulsar esta modalidad de trabajo.
El vocablo corresponde a un término acuñado en el Siglo XIX, presente desde las primeras codificaciones civiles, época en que la mujer era vista y valorada de forma exclusiva por su rol en la procreación.
Para la Comisión de Disciplina Judicial es la afectación real de la honra la que determina el carácter injurioso de una expresión.
Siempre y cuando el usuario esté cumpliendo con el pago oportuno de las facturas generadas con posterioridad.
Su creación estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social a través del Instituto Nacional en Salud.
El contribuyente no está exento de demostrar los hechos consignados en sus declaraciones tributarias, correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos.
Cuando el proceso está en curso, tutela no puede usarse como mecanismo paralelo o adicional de defensa.
Se presenta una falla del servicio por comportamiento negligente cuando hay conocimiento de los eventos naturales que alertan la presencia de un posible desastre.
De acuerdo con los demandantes, se trasgrede el derecho fundamental al debido proceso por desconocimiento del principio de legalidad de la sanción.
Existen varias iniciativas privadas que han buscado acortar estos tiempos mediante la compra de los derechos económicos de las sentencias de reparación directa a las víctimas.
El tribunal accedió a una medida cautelar para rehacer la lista de elegibles que respete el criterio de género.
El cargo de inconstitucionalidad planteado no cumple con las exigencias mínimas de claridad, certeza, especificidad y suficiencia.
De acuerdo con la demandante, las expresiones acusadas vulneran el principio de autonomía territorial y son contrarias a la Constitución por asignar competencias hechas por una ley orgánica.
Se incumplieron los deberes de custodia sobre el bien incautado, porque no se efectuó el trámite establecido para el manejo, registro y control del vehículo, lo que demuestra una falla del servicio.
No se le puede atribuir a la presencia de símbolos religiosos una preferencia de las autoridades estatales por una religión o un credo particular.
Dentro de la convención colectiva se fijan las condiciones que rigen los contratos de trabajo y los preceptos de seguridad social.
Si al proponer la prescripción extintiva el interesado se limita a nominarla ha de entenderse que no se planteó.
Privar a un oferente del derecho de ser adjudicatario del contrato a pesar de haber presentado la mejor propuesta configura daño antijurídico.
El hallazgo se determinó luego de solicitar a la Registraduría Distrital verificar las bases de datos de defunciones.
Debe existir reclamación previa en sede administrativa del reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 para la nulidad y restablecimiento del derecho.
Estado Contigo trabajará para prevenir la desnutrición, las distintas formas de violencia, las adicciones, la deserción escolar y el abandono de los menores de edad en condición de vulnerabilidad.
Mineros tradicionales podrán radicar solicitud e iniciar el proceso de formalización de sus actividades.
Los efectos de la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 2161 del 2021 se difieren hasta el 20 de junio del 2023.
La Corte Constitucional analizará el expediente en el que se pretende la inexequibilidad de un aparte del artículo 219 del Código Civil, modificado por el artículo 7 de la Ley 1060 del 2006.
La diferenciación para aplicar el aporte a la cotización mensual en salud al régimen contributivo a cargo de los pensionados partiendo de la base de su nivel de ingresos sería inconstitucional.
Las decisiones de las autoridades deben incorporar la perspectiva de género y un enfoque para la protección de la mujer frente a este tipo de violencia.
El escenario de la urgencia no puede traducirse o confundirse con el ejercicio de medidas improvisadas e irreflexivas.
Si la mujer lo desea, podrá estar acompañada por alguien de su confianza durante el proceso de trabajo de parto, parto y postparto y bajo ninguna circunstancia se podrá cobrar para hacer uso de este derecho.
Explican las exigencias del derecho a pensión de sobrevivientes y las del principio de la condición más beneficiosa.
Se admitió una demanda contra el artículo 11 de la Ley 2161 del 2021, relacionada con la supuesta vulneración de los artículos 157 y 160 de la Constitución Política, por desconocimiento del principio de identidad flexible.
$ 45.083 millones corresponden al seguimiento que se adelantó a los exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons, Edwin Besaile y Sandra Devia.
Está prohibido de forma categórica cualquier beneficio a quien es investigado por delitos sexuales en contra de menores de edad.
El Consejo de Estado determinó si la membresía a un club de compras constituye un derecho y, por lo tanto, no está gravado con IVA, o si es un servicio cubierto con el impuesto.
Desplazamiento, salud, cárceles, seguridad de excombatientes y derechos de la niñez Wayuu son los temas que sigue la Corte Constitucional.
La declaración de una mujer que alega ser víctima de violencia de género se erige como única prueba en algunos escenarios.
La suma de los contratos suscritos supera los $ 697 millones.
Confirman la sanción disciplinaria a un profesional que desconoció el deber de actuar con lealtad y honradez.
La solicitud se deberá presentar dentro de los dos bimestres siguientes a la fecha de la escritura pública de compraventa.
Los jueces, al igual que todas las autoridades públicas, están llamados a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer.
Se precisa la importancia del reconocimiento de la calidad de víctima para beneficios especiales previstos en la Ley 1448 del 2011.
Las fuerzas militares, en virtud de la invocación excepcional de la medida de asistencia militar, pueden apoyar las actividades de policía en pro de la restitución de la convivencia y, por ende, del orden constitucional.
Las autoridades públicas no pueden consagrar el país a determinado credo o figura religiosa mediante ningún tipo de acto.
A pesar de ser los consumidores quienes mejor saben qué es lo que les interesa, no necesariamente tienen a su disposición toda la información.
El Juzgado 43 Civil decretó medidas cautelares a favor de Ericsson, para bloquear las importaciones y ventas de los dispositivos en disputa.
La CCB manifestó que no participó en la designación de árbitros de este tribunal de arbitraje.
Las nulidades deben obedecer a un carácter de interpretación restrictivo y solo se puede declarar por las causales expresamente señaladas en la ley.
La no prestación o el simple retraso vulnera los intereses legítimos del consumidor, quien no ve colmadas sus expectativas.
Legalización de captura después de proferido el fallo condenatorio no constituye una mera formalidad.
Teniendo en cuenta la condición periódica del derecho pensional los aportes para pensión son imprescriptibles en contratos realidad de entidad estatal.
La parte que formula la reclamación dentro de un contrato bilateral tiene el deber de expresar reservas o salvedades pues la ley, el contrato y el principio de buena fe se lo imponen.
Recorte de vacaciones, sesiones paralelas de las comisiones y plenarias simultáneas, entre las medidas que se usarían.
El profesional que retiene dinero de manera injustificada de su cliente puede ser investigado disciplinaria y penalmente.
Si la situación es imputable al suscriptor y/o usuario, justificará la suspensión del servicio o la terminación del contrato.
En casos de violencia intrafamiliar resultan aplicables las mismas pautas generales que se emplearían para cualquier otro conflicto donde opere la responsabilidad civil extracontractual.
Corresponde a la garantía legal la entrega material del producto o la prestación del servicio.
Es a través del recurso extraordinario de revisión que se revisan las providencias judiciales a través de las cuales se han reconocido pensiones con abuso del derecho.
La carga de la prueba de la grave alteración de la economía del contrato le corresponde a la parte demandante.
Corte protege derechos de ciudadanos ante la falta de acción de las autoridades responsables de solucionar los problemas de alcantarillado en sus viviendas.
La tasa representativa del mercado es un hecho notorio.
Este sistema es un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos, cuyo fin es incluir en la agenda de las diferentes ramas del poder público los temas prioritarios para garantizar los derechos de las mujeres.
Corte protege derechos de ciudadanos ante la falta de acción de las autoridades responsables de solucionar los problemas de alcantarillado en sus viviendas.
Al no corresponder a una prestación en salud, serán financiados con recursos diferentes a los destinados al SGSSS.
Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la eliminación de la Procuraduría encontramos diferentes posiciones.
Las normas satisfacen las exigencias jurídicas del principio de precaución.
Explican cómo opera la financiación de medicamentos ordenados a pacientes diagnosticados con enfermedades huérfanas.
No se incurre en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia cuando la entidad realiza actividades en desarrollo de la obligación legal y constitucional para la que fue creada.
Estas operaciones mercantiles fueron objeto de especial supervisión y, por ende, cuentan con pautas claras y expresas.
Los menores de edad tienen derecho a la identidad de género, lo cual comprende el derecho a acceder a los tratamientos médicos de afirmación de género.
Qué dice la sentencia sobre el aborto, a raíz del comentario del presidente Duque en la conmemoración de la libertad religiosa y de culto en Colombia.
La factura de talonario o de papel solo tendrá validez en los casos en que el sujeto presente inconvenientes tecnológicos.
La Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 12, 50 y 52 de la Ley 2197 de 2022 los cuales modifican la Ley 599 del 2000 y la Ley 1708 del 2014.
Los egresados desarrollan una alta capacidad de análisis crítico sobre las diferentes problemáticas de la tributación en el país, sus implicaciones en la economía nacional y en la cultura tributaria.
La competencia del juez de paz se activa con el petitorio que de forma conjunta radiquen ante él las partes en conflicto.
El Decreto 818 del 2020 sujetó la exigibilidad del rembolso a favor del consumidor a un hecho futuro de ocurrencia cierta.
Inaplicación de las reglas cuando no se busca vindicar su derecho de cuota, sino un porcentaje específico y discriminado de su derecho en la comunidad.
Vigencia de la mesada catorce a quienes se les causó el derecho antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 del 2005 es un derecho adquirido.
La empresa debe realizar todas las gestiones que tiene a su alcance para proteger los derechos de la comunidad, como evaluar los impactos del proyecto y consultarles sobre las obras
La Corte Constitucional estudió una demanda que se presentó contra el Decreto 403 del 2020, que regulaba los sistemas de control fiscal.
Se debe demostrar su realidad, justificar su descargo y probar que se originan en operaciones productoras de renta.
Al estudiar una solicitud de revisión, el Consejo de Estado explicó la sentencia de unificación del 2018 sobre IBL para pensiones reconocidas en el régimen de transición.
Se debe reconocer la pensión con las semanas cotizadas hasta el momento en que se presente el reconocimiento pensional.
Se debe demostrar la existencia de una información y/o publicidad engañosa, aportando la respectiva prueba.
La conmemoración al Día del campesino y la creación del Fondo de estabilización de precios de la panela y mieles, entre las nuevas leyes sancionadas.
Teniendo en cuenta que los recursos de los cargos transitorios se incorporan para financiar la creación de cargos permanentes en las altas cortes, se dan por terminadas su creación.
La acción de tutela es improcedente para controvertir asuntos de evidente complejidad técnica y legal y estos establecen otros mecanismos para su solución.
Con la ley se crea el fondo Prevenir es vivir, con el que se garantiza la financiación de planes y programas de prevención que busquen sensibilizar a toda la población sobre el peligro del uso, fabricación, manipulación, compra, venta y expendio de pólvora.
Explican que si la Administración al expedir la liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor puede imponer como sanción la devolución de la suma devuelta o compensada.
Normas generales sobre depuración de cartera de imposible recaudo no se hacen extensivas a las entidades territoriales.
La normativa modifica algunos lineamientos del mecanismo de protección al cesante.
El padre victimario no será titular del derecho de visita a niños o adolescentes.
La conciliación por medios virtuales se regirá, entre otros, por los principios de neutralidad tecnológica y autenticidad.
Precisan si existe irregularidad en las notificaciones para la audiencia de preclusión al no ser debidamente notificado el abogado de la víctima.
Explican la procedencia de la acción para proteger el derecho a la salud de las personas de la tercera edad.
El control material admitido en los procesos adelantados por medio de la figura jurídica de allanamiento o preacuerdo acepta que el pacto entre las partes sea observado por el juez.
El juez del concurso tiene la carga de requerir al solicitante mediante oficio para que complete lo que haga falta o rinda las explicaciones a que haya lugar, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 116 del 2006.
El profesional no inició un proceso de sucesión intestada y recibió honorarios.
Hasta el momento, más de 13 sectores del Ejecutivo han presentado sus informes de gestión.
Desde la fase precontractual se deberá aplicar por ambas partes el principio de planeación.
La Especialización en Derecho Financiero que ofrece la Universidad del Rosario combina cátedra magistral, pero interactiva, con seminarios-talleres y almuerzos periódicos sobre temas coyunturales de especial interés.
Demandas sobre efectividad de la garantía deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la misma.
En el caso de vías nacionales que atraviesan el perímetro urbano los municipios deben asegurar su debido funcionamiento, y el INVIAS encargarse del mantenimiento o la señalización.
Fue presidenta de la corporación y de las salas especiales de seguimiento a los derechos de las personas víctimas de desplazamiento forzado y de los privados de la libertad.
La Corte Constitucional precisó si la sustitución pensional reclamada por un hijo en situación de invalidez únicamente aplica cuando la PCL superior al 50 % acontece con anterioridad al deceso del pensionado.
Al adelantar trámite de cobro coactivo sin mediar debida notificación del mandamiento de pago se impide el ejercicio del derecho de defensa.
En su defecto, podrá firmar acuerdos de pago, según el reglamento que tenga previsto la caja de compensación.
La notificación que resuelve los recursos debe darse dentro de dicho plazo porque lo contrario conllevará a la configuración del silencio administrativo positivo.
Si se demuestra que con la perturbación se incumple el contrato, puede suspender o eventualmente cortar el servicio.
De acuerdo con el tribunal, cuando el Ministro del Interior fue nombrado se disminuyó la participación de las mujeres en los ministerios, incumpliendo la Ley de Cuotas.
Explican el concepto de levantamiento del velo corporativo y sus requisitos para que pueda aplicarse.
Durante el primer día, los sectores Transporte; Comercio, Industria y Turismo; Función Pública; Interior; Justicia; Trabajo y Hacienda entregaron su primer balance general.
El objetivo es agilizar el trámite y descongestionar el único punto que estaba habilitado para ello.
La muerte del mandante extingue por disposición legal el mandato que se hubiera otorgado al abogado.
El carácter residual de la tutela impone al interesado desplegar todos los recursos de defensa ofrecidos por el ordenamiento jurídico.
Declaran constitucional este acuerdo para eliminar la doble tributación con respecto al impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias.
La educación media constituye, precisamente, la culminación o consolidación de la educación formal.
No todos los regímenes de responsabilidad patrimonial del Estado requieren la prueba de todos los elementos: daño, imputación, falla, riesgo, etc.
Explican cómo la falta de diligencia del municipio como explotador del aeródromo generó la suspensión de operaciones, afectando derechos colectivos de la comunidad.
¿Quiénes son sujetos de protección y quién estarán a cargo de la misma? entre las adiciones que realizó la entidad.
En materia disciplinaria el régimen probatorio de la Policía Nacional se rige por lo dispuesto en el Código Disciplinario Único (Ley 734 del 2002).
La ley dispone los plazos máximos, por lo que el prestador puede disponer términos inferiores en el contrato.
Las entidades no pueden repetir lo pagado en cumplimiento de un contrato de transacción invocando la ilegalidad de la actuación del funcionario que lo suscribió.
La CNDJ confirmó la sanción de 10 años a una juez que no actuó con celeridad en un proceso, llevando incluso a perder la competencia.