¿Acción de nulidad absoluta es una acción procedente contra una partición notarial?

El legislador previó el evento en que se presenta cualquier interesado con un presunto derecho sobre la masa sucesoral y no está de acuerdo con la partición propuesta, en ese caso el notario tiene la obligación de dar por terminada la actuación iniciada, explicó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

En el caso bajo estudio los actores pidieron declarar la nulidad absoluta de la partición realizada en una sucesión y, en consecuencia, volver las cosas al estado anterior, es decir, cancelar los registros de transferencia de la propiedad o de cualquier gravamen o limitación de dominio posteriores a la inscripción de la demanda y condenar a los convocados a pagarles los perjuicios que les ocasionaron con la ocultación de sus nombres en la solicitud que dio lugar al acto reprochado.

El alto tribunal mencionó que la ocultación de herederos, del cónyuge supérstite, de legatarios, de cesionarios de derechos herenciales, del albacea, de acreedores, de bienes o testamento, y la declaración de pasivos no existentes, hace que los responsables queden solidariamente obligados a indemnizar a quienes resulten perjudicados, lo que no impide el ejercicio de la acción de nulidad absoluta.

Se concluyó entonces que la acción de nulidad absoluta procede contra una partición notarial. Así mismo, dicha pretensión saldrá avante siempre que se haya excluido a un heredero de igual o mejor derecho que los comparecientes, debido a que dicha omisión violenta normas prohibitivas y de orden público.

Elementos de la partición notarial

La Sala Civil precisó que son tres los elementos esenciales propios de toda partición notarial:

1. La capacidad de quienes lo solicitan.
2. El común acuerdo con que deben obrar todos quienes tienen derecho a suceder.
3. La presentación de la solicitud por escrito mediante un abogado.

Por tanto, y de acuerdo con la semántica del adverbio siempre, se constata que el legislador le imprimió un carácter imperativo y de orden público, por lo que el incumplimiento de tales requisitos vicia el acto, tornándolo nulo de pleno derecho, de tal suerte que ni la voluntad de las partes ni la del funcionario que autoriza el trámite pueden alterar, derogar o pasarlos por alto (M. P. Octavio Augusto Tejeiro Duque).