A propósito de los recientes casos de abandono y violencia física y emocional en contra de adultos mayores, vale informar que en el Congreso se tramita una iniciativa que penalizaría tales conductas.
La facultad de regular el sistema salarial y prestacional de los empleados oficiales se dejó en manos del Congreso de la República, por lo que se eliminó cualquier régimen creado por entidades territoriales.
La Comisión Primera de la Cámara aprobó el proyecto de acto legislativo que modificaría la estructura administrativa interna de la Corte Suprema para garantizar la doble instancia para el juzgamiento de aforados.
Se modificaría el Código Nacional de Tránsito para reglamentar los sistemas electrónicos de fotodetección, para garantizar el debido proceso y optimizar el uso de estas herramientas.
Al amparo de las facultades extraordinarias, que estuvieron vigentes por 180 días, el presidente Santos expidió más de 30 decretos con fuerza de ley, para asegurar la implementación del acuerdo final.
La Comisión Séptima de la Cámara aprobó el proyecto de ley de autoría gubernamental que eliminaría las corridas de toros en todo el territorio nacional.
Aunque las oficinas de Prensa y Leyes de la Cámara aseguraron que la plenaria había rechazado el informe de objeciones, este fue aprobado y ahora corresponde al alto tribunal definir el futuro de la iniciativa.
Publican el texto de la Sentencia C-174 del 2017, que declaró inexequibles los dos meses que el Decreto Ley 121 del 2017 previó para el control constitucional.
La Comisión Séptima del Senado tuvo que nombrar una subcomisión con el objetivo de analizar las diferentes posturas de las carteras de Hacienda y Trabajo, va a último debate.
Aunque la plenaria del Senado aprobó esta iniciativa ayer, el Gobierno madrugó a anunciar que objetará la iniciativa, para evitar un hueco fiscal que desestabilice el sistema de salud.
El Gobierno promulgó la reforma constitucional para la reincorporación política de las Farc y definió unas reglas especiales para las elecciones del Senado de los periodos 2018-2022 y 2022-2026.
La Corte Constitucional recordó el trato preferencial que la jurisprudencia y la ley han otorgado a los adultos mayores, con el fin de evitar posibles vulneraciones a sus derechos fundamentales.
El Congreso había enviado a sanción presidencial este proyecto de ley, el Ejecutivo presentó objeciones y las plenarias no coincidieron en la votación del informe de objeciones.
Será responsabilidad de los establecimientos abiertos al público y de las unidades residenciales contar con sitios especiales y señalizados para el parqueo de personas en condición de discapacidad.
El texto busca crear una sección especial de carácter reservado al certificado de antecedentes judiciales denominada “Inhabilidades impuestas por delitos sexuales cometidos contra menores de edad”.
La iniciativa garantizaría el retiro gratuito en al menos un canal transaccional. El retiro de recursos por parte del depositante es una obligación de la entidad financiera que no puede ser trasladada al usuario, recuerda la iniciativa.
Esta norma crearía el Fondo de Tierras, pero también trataría asuntos como la adjudicación de baldíos, la posibilidad de titular predios en zonas de reserva forestal y la simplificación de trámites.
Sin duda, el comunicado sobre la Sentencia C-332 del 2017 ayuda a aclarar la decisión de la Corte Constitucional sobre dos reglas importantes del fast track. Conozca la posición de los magistrados que estuvieron en contra de la decisión mayoritaria.
Así lo determinó el Gobierno en el Decreto 831. El titular del documento podrá ejercer cualquier ocupación legal en el país, incluida vinculación o contrato laboral.
El alto tribunal publicó el comunicado de la Sentencia C-253 del 2017, en el cual explica la declaratoria de inexequibilidad de los incisos segundo y tercero, así como el parágrafo, del artículo 1° del Decreto Ley 248 del 2017.
El Consejo de Estado declaró nulo el Decreto 1227 del 2005 bajo el argumento de que el Presidente de la República excedió la potestad reglamentaria otorgada por la Constitución Política. En el Congreso avanza propuesta para revivir esta regulación.
El proyecto de ley se centra en: reformas a la sociedad por acciones simplificada, responsabilidad de administradores y reforma a las facultades de la Supersociedades, entre otros.
Se busca celeridad en el proceso de enajenación de bienes, las formas de notificación, el esquema de justicia premial, la carga de la prueba, entre otros aspectos.
Dicen en el Legislativo que las objeciones privilegian intereses de particulares y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios sobre la población vulnerable y poco pudiente del país.
En exclusiva para ÁMBITO JURÍDICO, el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, ofrece un panorama de Colombia como el único país de América Latina con un procedimiento definido para la eutanasia legal.
El Gobierno radicará hoy en horas de la tarde ante la Secretaria de Cámara el proyecto de reforma política, en el marco de la reforma electoral, de partidos y de participación ciudadana. que se desprende del acuerdo de paz.
Desde el 2007 la inasistencia alimentaria es tipificada como delito y desde el 2011 no es desistible, ni querellable; sin embargo, una propuesta del Fiscal General busca eliminar esta conducta como delito.
La tenencia de animales domésticos responde al plan de vida de una persona por constituir la vía a través de la cual se expresa el cariño y la compañía en grado igual o superior al de un integrante de una familia o de un núcleo social.
Quedaría prohibido el uso de datos con fines comerciales o de mercadeo en los cuales se publiciten, ofrezcan o vendan bienes o servicios que no han sido solicitados por los titulares.
Esta iniciativa había superado, con un buen margen de votos, los dos primeros debates en el Senado de la República; sin embargo, el escenario cambió cuando el proyecto llegó a la Comisión Primera de la Cámara.
El ejercicio de la abogacía afecta de manera directa los derechos de los ciudadanos y es un deber del Estado garantizar que los profesionales tengan los conocimientos mínimos para asumir la defensa técnica de alguien, dice la ponencia.
Según la opinión de Miguel Ángel Pinto, ponente de la iniciativa, no se están violando los derechos de las minorías, por cuanto en Colombia no existe el derecho fundamental a la adopción.
En septiembre y en octubre del 2015, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo dejó sin efectos la decisión que avaló la realización de la consulta en Bogotá, y ordenó al Tribunal de Cundinamarca emitir una sentencia sustitutiva.
La iniciativa propone reformas orientadas a armonizar algunos aspectos relativos a la ejecución de sanciones penales y las medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
Estas circunscripciones contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos, así como también con financiación especial y acceso a medios de comunicación regionales.
La Comisión Segunda del Senado decidirá el futuro del proyecto de ley que modifica aspectos del reclutamiento y que permitiría a mujeres y transgénero prestar el servicio militar.
Un proyecto de ley que se pondrá a consideración de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes propone la eliminación del artículo 84 de la Ley 100 de 1993.
La iniciativa busca que el ingreso a estos empleos se efectúe con respeto a los principios de la función pública y cumpliendo una serie de reglas. La Comisión Séptima de la Cámara será la encargada de decidir futuro de la reforma.
Policías, brigadistas de salud, salvavidas, docentes y demás personal encargado de lugares de alta afluencia de personas serán capacitados y certificados en el uso del desfibrilador.
Una iniciativa radicada en el Senado busca modificar algunos términos del proceso administrativo de restablecimiento de derechos aplicado por comisarios y defensores de familia.
Una acción de inconstitucionalidad atacó el artículo 338 del Código General del Proceso. El magistrado José Antonio Cepeda no estuvo de acuerdo con la decisión mayoritaria, conozca sus razones.
La Ley 1778 del 2016, que regula una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, no tiene la robustez suficiente para combatir el soborno transnacional.
El objetivo del proyecto de ley es prohibir la adopción a las parejas homosexuales y a las personas solteras, se argumenta que dicha restricción no limitaría los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El pasado 5 de abril se anunciaron las primeras decisiones, pero todavía no se han dado a conocer los argumentos, alcances o salvamentos de voto de los magistrados disidentes.
Un proyecto de ley que ya cuenta con ponencia para primer debate busca corregir la omisión legislativa del CPACA, garantizando así el derecho a la doble instancia en los procesos de nulidad electoral de gobernadores.
El objeto de la propuesta es garantizar la estabilidad laboral reforzada de quienes han sufrido lesiones o afecciones adquiridas en el servicio, por causa y a razón del mismo.
La ponencia que estudiará el Senado de la República fue dada a conocer ayer, en el pliego de modificaciones se cambia la composición de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Tenga en cuenta que los efectos de la decisión sobre el derecho de reunión se difieren por un término no mayor al agotamiento de las siguientes dos legislaturas, es decir, hasta antes del 20 de junio de 2019.
Los estímulos laborales no solo comprometerían a la Nación, también obligarían a las entidades territoriales a ampliar su planta de personal anualmente.
Se busca que en los antecedentes judiciales se identifiquen las condenas por delitos relacionados con violencia intrafamiliar, sexual y de género y establecer el día nacional contra la violencia intrafamiliar.
Pretenden dotar al Legislativo de una nueva herramienta jurídica para la elaboración y actualización de las penas por delitos sexuales en contra de menores de edad.
Se restringiría la publicidad que incite a los menores a presionar a sus padres para la compra o utilización de algún producto, servicio o marca. Se prohibirían las caricaturas o personajes de ficción en campañas publicitarias.
Los bienes rematados como consecuencia del proceso de extinción de dominio serían repartidos entre el Gobierno Nacional, la Policía, la Fiscalía y la Rama Judicial.
Se crearían subsalas al interior de la Corte Suprema de Justicia que garantizaran el trámite de las investigaciones penales con doble instancia para los aforados constitucionales.
Para los ponentes, el uso de estos sistemas que permiten aplicar fotomultas viola derechos constitucionales como el debido proceso, el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia.
El impacto negativo que causaría a los empresarios frente al reconocimiento de los derechos laborales, dicotomía que tendrá que analizar la Comisión Séptima del Senado.
El Estado tendría la obligación de completar el porcentaje de la pensión de los afiliados que no alcancen por sus propios medios, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
No solamente la Corte Constitucional está padeciendo un estado de interinidad, a esta corporación se le suman el Consejo Nacional de Disciplina Judicial y la Sala de descongestión laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras.
Según el comunicado de la Sentencia C-172 del 2017, la Corte Constitucional debía determinar si el Presidente excedió las facultades extraordinarias que le fueron concedidas por el Congreso mediante el numeral 2° del artículo 10 de la Ley 1424 del 2010.
Aunque la propuesta llenaría los vacíos legales en la materia, el senador Carlos Fernando Motoa presentó ponencia en la que solicita el archivo de la iniciativa.
Las multas son una de las sanciones administrativas contempladas en el proyecto de ley, que originalmente planteaba una reforma penal para incrementar las penas por este delito.
El mandatario les preguntó a los candidatos sobre su compromiso con la paz y acerca de las repercusiones económicas y fiscales de las decisiones del alto tribunal.
Actualmente, este aumento se hace con base en el índice de precios al consumidor, lo cual, la mayoría de las veces, supone una afectación a la capacidad de compra de los pensionados.
Una iniciativa avanza positivamente en el Senado, se busca profesionalizar el servicio diplomático y consular, así como también establecer ciertos requisitos de idioma.
Inicia su tránsito legislativo, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, un proyecto que prohibiría considerar como factor salarial a las propinas.
La renuncia de Rodrigo Uprimny a su aspiración a magistrado de la Corte Constitucional obliga a preguntarse en dónde son más útiles los miembros de la academia.
La extensa reforma prevé 11 modificaciones y dos adiciones al Código Penal. La iniciativa fue recientemente aprobada por la Comisión Primera del Senado, solo resta su estudio en la plenaria de esta Corporación.
Un proyecto de ley recientemente presentado ante la Cámara de Representantes busca castigar penalmente a quienes usen Facebook o Twitter para injuriar o calumniar, y hasta por divulgar noticias falsas.
Mientras la Fiscalía sostiene que estas rebajas dan un mensaje equivocado a la sociedad, Minjusticia enfatiza su defensa en que el populismo punitivo no es el mejor camino y que hace falta una política criminal articulada y coherente con la difícil situación de las cárceles colombianas.
Los empleadores deberán verificar en una base de datos si la persona que desea trabajar cuidando niños ha sido condenada por delitos contra la libertad, integridad física y sexual de menores.
Los diputados sujetos a la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 conservan el régimen de prestaciones e indemnizaciones previsto para los demás servidores públicos.
La iniciativa precisa los conceptos de jornal de temporada, de cosecha y de días, y explica que su remuneración debe contener todos los emolumentos prestacionales.
La iniciativa del Gobierno fue presentada ante la Secretaría General del Senado este martes, en horas de la tarde, con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la Nación.
El funcionario había presentado su renuncia el pasado 15 de marzo y el Senado la aceptó este martes 21 de marzo, dentro de su primera sesión ordinaria.
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Corporación Excelencia en la Justicia han realizado una serie de encuentros para la comunidad jurídica y varios sectores interesados en estos temas.
La iniciativa exigiría a los representantes ser abogados titulados para ser parte de esta colegiatura, lo anterior para garantizar el debido proceso y darles más garantías a los investigados.
El anuncio de la visita del pontífice para este año desató la presentación de proyectos que rebajarían las penas de reos condenados por ciertos delitos. Hasta 30 mil personas quedarían en libertad.
La configuración normativa actual olvida que la sentencia condenatoria puede darse por primera vez, tanto en primera instancia como en segunda instancia.
Las instalaciones estarían adecuadas para el cuidado de los hijos menores de los trabajadores, a partir del momento en que termine la licencia de maternidad y hasta que cumpla los tres años de edad.