Encuentros académicos sobre la implementación del proceso de paz

En las últimas semanas, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Corporación Excelencia en la Justicia han realizado una serie de encuentros multisectoriales, en los cuales se han abordado varias temáticas relevantes para la comunidad jurídica, académicos, empresarios, expertos y otras organizaciones de la sociedad civil de cara al proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno y las Farc.

Dichos encuentros, según los asistentes a estas mesas de expertos, han contribuido a la observación crítica y constructiva de los proyectos de ley y de acto legislativo que se están sometiendo a la aprobación del Congreso en el marco del procedimiento especial para la paz, así como de los decretos con fuerza de ley. (Lea: “Las autoridades competentes para postular a los magistrados tienen una enorme responsabilidad”)

Es necesario mencionar que entre los temas puestos a consideración se encuentran las reformas constitucionales sobre jurisdicción especial para la paz y la estabilidad y seguridad jurídica de los acuerdos y su relación frente a terceros víctimas del conflicto y con el denominado bloque de constitucionalidad. (Lea: Esto dice la ponencia sobre el ‘fast track’ para el control constitucional de normas de paz)

Pero también la creación de una jurisdicción agraria en la administración de justicia colombiana, sin dejar de mencionar la ley sobre amnistía e indulto (tratamientos penales especiales) y la importancia de la justicia transicional como elemento extraordinario y excepcional llamado a allanar el camino de la convivencia política.

Así las cosas, una de las conclusiones a lo largo de estas reuniones ha sido, sin duda, que la existencia de  estos mecanismos extraordinarios, acelerados y abreviados no exonera a ninguna de las ramas del poder público, pero en particular al Gobierno y al Congreso, de la obligación de garantizar la deliberación pluralista, facilitar la ilustración de la opinión pública y responder y atender las inquietudes de la ciudadanía.

Se debe terminar diciendo que el ICP, desde su fundación en 1987, se ha destacado por la rigurosidad de sus análisis y por su interés en convocar y liderar espacios de discusión multisectoriales.