La Corte Constitucional vive un momento importante de su historia por cuenta del proceso de revisión de implementación del acuerdo final de paz con las Farc, pero también porque de sus nueve magistrados cuatro deben ser remplazados en las próximas semanas.

Hace unos meses, el reconocido profesor universitario y columnista Rodolfo Arango hizo parte de la terna del Consejo de Estado que buscaba remplazar al exmagistrado Gabriel Eduardo Mendoza, el Legislativo eligió al abogado administrativista Antonio José Lizarazo.

Otras destacadas figuras del mundo académico han sido postuladas para altos cargos pero este reconocimiento no ha sido suficiente para consolidar sus aspiraciones de aportar su conocimiento en el sector público.

Ahora, en la lista de aspirantes a conformar una de las dos ternas que debe presentar el presidente Santos al Congreso (las otras dos están a cargo de la Corte Suprema) figuraba el nombre del académico Rodrigo Uprimny, integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y profesor de la Universidad Nacional. Se trata de uno de los abogados más respetados del país.

Pero las esperanzas de un sector de la comunidad jurídica que espera desde hace años ver a académicos con estas calidades en la Rama Judicial quedaron frustradas cuando el mismo Uprimny desistió de su postulación para llegar a la Corte, de la cual ya hizo parte hace unos años como magistrado auxiliar. (Lea: Estos son los 87 aspirantes a conformar las dos ternas de la Presidencia para la Corte Constitucional)

Estas son las razones que expuso:

-          Debía declararse impedido o sería recusado en casi todos los temas relativos a la paz y en el referendo en contra de la adopción igualitaria.

-          En aquellos casos sobre el proceso de paz en que lograra participar, un número importante de colombianos podría dudar de su imparcialidad.

-          Por otro lado, fue seleccionado para hacer parte como experto independiente del Comité de derechos económicos sociales y culturales de Naciones Unidas.

-          Finalmente, un factor decisivo fue la defensa ciudadana de los valores e intereses constitucionales, toda vez que como togado tendría que abandonar todas las labores de debate y de litigio de interés público.

No obstante lo anterior, el investigador aclara que hay varios académicos que pueden llegar a ser muy buenos magistrados y que no tendrían sus posibles impedimentos. Concluye: “no es claro que otros cuenten con las posibilidades y oportunidades que yo he tenido y tengo para alimentar ese debate constitucional ciudadano, como son el apoyo de Dejusticia, mi acceso a medios masivos de información y mi participación por unos años más en el Comité DESC”. 

Al respecto, su colega Rodolfo Arango manifestó que si bien la Corte Constitucional pierde un gran candidato a magistrado la sociedad civil conserva un excelente formador de opinión.

Esto llama la atención sobre las dificultades que han tenido los académicos para acceder en los últimos años al sector público, pues en algunos casos a estos nos les seducen las dinámicas del sector y, en otras, por el contrario, se enfrentan a elecciones y actividades políticas que los alejan de la aspiración.

El país se pregunta reiteradamente en dónde están los académicos en los grandes debates nacionales; afortunadamente, cada vez más se pueden ver y participando de la contienda pública. No se debe olvidar el papel que grandes profesores universitario tuvieron en las altas cortes de justicia de antaño. (Lea: Alejandro Martínez Caballero, el arquitecto de consensos en la Corte Constitucional)

Independientemente del caso del profesor Uprimny, la pregunta que surge es ¿cuál debe ser el lugar y papel de la academia en el momento histórico que vivimos?