INFORME: Lo más destacado de los primeros 100 días de la justicia colombiana

Se cumplen los primeros 100 días desde que la administración de justicia inició labores en este 2017, el cual, sin duda, pasará en la historia del derecho colombiano como uno de los más importantes, pues una nueva y sui generis jurisdicción se integró al entramado constitucional.

Pero también temas como el feminicidio, la corrupción y el estado de interinidad de algunos cargos en las altas cortes han ocupado el interés de la opinión pública. Ámbito Jurídico hace un recuento de los temas que han centrado la atención de la justicia colombiana en este lapso de tiempo.

La JEP se integra a la  Constitución

La jurisdicción especial para la paz (JEP) estará conformada por varias salas: Sala de Reconocimiento de Verdad, Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Sala de Amnistía e Indulto y tendrá como órgano judicial de cierre el Tribunal para la Paz.

Conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, bien sean combatientes o terceros.

Es necesario mencionar que el Acto Legislativo 01 del 2017 también crea la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición y la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.  

Precisamente esta semana se dio a conocer que la Corte Constitucional, por medio de un auto de trámite de la magistrada María Victoria Calle, ya asumió el estudio de la JEP. Se solicitó a los secretarios generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes que envíen la Gaceta del Congreso y la correspondiente exposición de motivos del proyecto.

Las protestas de los jueces de ejecución de penas

Mientras se definían las reglas para nombrar a los magistrados que integrarán esta nueva y transitoria instancia, los jueces de ejecución de penas, principalmente de Bogotá, y Asonal Judicial solicitaban más planta de personal para reforzar estos despachos y así responder por todo lo que tiene que ver con indultos y amnistías.

Denunciaban que en este tipo de temas no se puede improvisar y que hay mucha desorganización por parte de la administración nacional. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, anunció que el Gobierno Nacional adicionará al presupuesto la suma de $ 5.000 millones, los cuales irán a los centros de servicios de los juzgados de ejecución de penas del país.

Por otro lado, se debe recordar que los sindicatos de la Rama Judicial han afirmado que el Consejo Superior ha desconocido formalmente los trabajos y recomendaciones de la mesa de concertación que discutía, desde principios del 2016, la aplicación del Acuerdo 10445 del 2015, el cual definió la estructura para los centros de servicios judiciales en los juzgados civiles y de familia. (Lea: “No podemos descartar de tajo la reforma a la justicia”)

Lo único cierto, por ahora, es que el Acuerdo 10581 del 2016 prorrogó hasta el 30 de abril del 2017 la suspensión de la entrada en vigencia del 10445. De ahí que se siga cuestionando, al cumplirse más de una año de la entrada en vigor del Código General del Proceso, si la oralidad civil es una realidad o una de esas citas obligadas que se acostumbra a postergar.

30 cargos de magistrado están pendientes de elección

La Corte Constitucional atraviesa uno de los procesos de transición más álgidos de toda su historia, pues si bien el Presidente de la República ya definió las dos ternas para remplazar a los magistrados María Victoria Calle y Jorge Pretelt, la Corte Suprema apenas se pone de acuerdo con las ternas para remplazar a Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas.

El panorama preocupa si se tiene en cuenta que, desde hace unos meses, varios procesos de elección se encentran suspendidos en la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, como la de su propio presidente, las ya mencionadas dos ternas de la Corte Constitucional, la de 12 magistrados de descongestión laboral y la de un magistrado de la Sala Civil. Hay completo hermetismo con todas estas elecciones.

Por otro lado, todo el proceso que se había surtido para conformar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial está en vilo debido a unas decisiones del Consejo de Estado. Se estimó que por disposición constitucional la regulación de la convocatoria para la conformación de estas ternas de magistrados, así como su elección, corresponde exclusivamente al Legislativo.

El  Consejo Superior de la Judicatura tiene pendiente la elección del Director Ejecutivo de Administración Judicial y la de un magistrado (pendiente de convocatoria), sin dejar de mencionar el remplazo del Presidente de la Sala Disciplinaria, quien renunció hace unas semanas. De parte del Consejo de Estado, hay dos cargos de consejero que no se han podido remplazar. (Lea: ¿Qué perfil tienen los magistrados de altas cortes?)

Acciones contra la corrupción

La corrupción, uno de los temas que ha sido protagonista en lo que va de este año, tampoco escapa de la órbita de la justicia. A través de unos conceptos, el alto tribunal de lo contencioso administrativo advierte la deficiencia de las normas actuales para precisar ciertas hipótesis que, en el ámbito de la lucha contra la corrupción, deberían generar inhabilidades o incompatibilidades para contratar con el Estado.

En relación con el  caso de la multinacional Odebrecht, se refiere a la necesidad de establecer una serie de protocolos, procesos y medidas con el fin de que las autoridades nacionales competentes hagan viable y eficiente la aportación de pruebas provenientes del extranjero.

Por otra parte, uno de los casos de corrupción que más indignó a los colombianos, en especial a los bogotanos, es el que se desarrolló durante la administración del exalcalde Samuel Moreno, destacado hijo de una familia tradicional en la política colombiana. (Lea: Conozca por qué se aumentó la condena a Samuel Moreno)

A finales del mes se mes de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá dio a conocer la condena a Moreno a 298 meses de prisión, multa de 361 salarios mínimos e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de 20 años. Lo anterior por haber sido determinador de la conducta de interés indebido en la celebración de contratos en concurso con cohecho propio.

Casos de feminicidio

Finalmente, la condena a Rafael Uribe Noguera despertó, nuevamente, la polémica sobre la necesidad de implantar penas más severas para los delitos contra  mujeres. Ello en desafortunada relación con otro feminicidio, el de Claudia Rodríguez en el centro comercial Santa Fe (Bogotá), cometido por su expareja sentimental, que horas después cayó abatido por las autoridades.

En el primer caso, el Juzgado 35 Penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá le dio más de 51 años de prisión al arquitecto Noguera, por el feminicidio, acceso carnal violento y secuestro de la niña Yuliana Samboní. Esta pena ha sido la más alta en el país y se proyecta como un importante precedente sobre esta nueva conducta penal. (Lea: Descargue la condena contra Rafael Uribe Noguera)

En el segundo, se ha generado un debate en cuanto al papel de la justicia para la efectiva  prevención o contención de estos trágicos sucesos. Se ha propuesto una verdadera política criminal que articule a todas las instituciones de Estado en un frente común, para que se puedan garantizar una serie de medidas de protección cuando una mujer es víctima de violencia de género.