Una nueva reforma penal consideraría las ejecuciones extrajudiciales como delito autónomo

El proyecto de ley puesto a consideración de la Cámara de Representantes adicionaría la Ley 599 del 2000 para crear un nuevo tipo penal denominado “ejecución extrajudicial”. Vale la pena mencionar que actualmente esta conducta se investiga como homicidio agravado.

Clara Rojas, autora de la iniciativa, propone que cuando un agente del Estado arbitrariamente, por orden o con autorización de sus superiores ponga fin a la vida de una o más personas motivado o no por un objetivo o finalidad política podrá ser condenado a prisión entre 42 y 50 años y multa entre los 2.666 y 7.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). Esta conducta también se materializaría cuando la ejecución la realice un tercero con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado.

Adicionalmente, se configuraría una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 20 a 30 años.

La iniciativa recuerda que Colombia ratificó el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) en octubre de 1969, por lo cual el Estado tiene la obligación de materializar medidas en contra de cualquier forma de abuso de poder, incluidos asesinatos, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas sobre sus ciudadanos.

Por otra parte, el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) establece una responsabilidad de los Estados no solo por la perpetración de estos hechos sino también por la permisividad o tolerancia de los mismos por parte de otros actores, lo cual convertiría al aparato estatal como corresponsable del delito.

Según un informe de Human Right Watch citado en el proyecto, entre 2002 y 2008, más de 180 batallones y unidades tácticas, vinculadas a 41 brigadas, de las siete divisiones del Ejército habrían participado en ejecuciones extrajudiciales “de manera rutinaria” para mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales.

La iniciativa se encuentra a la espera de ponencia para primer debate, el cual se llevará a cabo en la Comisión Primera de la Cámara.

Cámara de Representantes, Proyecto de ley 242/17C, Abr. 07/17

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