La Comisión Primera del Senado decidirá la suerte de este proyecto de ley, que hasta ahora inicia su trámite legislativo en el Congreso. La propuesta es establecer el régimen de inhabilidades de las personas que hayan sido condenadas por la comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad. Los condenados serían inhabilitados para el desempeño de cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con este grupo poblacional. La administración de esta base de datos sería responsabilidad del Ministerio de Defensa y el certificado de antecedentes judiciales tendría una sección especial de carácter reservado denominada inhabilidades impuestas por delitos sexuales, la cual sería de obligatoria consulta por parte de las entidades públicas o privadas en el desarrollo de los procesos de selección de personal que involucre trato con menores de edad.