La Ley 1056 del 2006 autorizó a las asambleas departamentales para emitir una estampilla como contribución a la construcción de infraestructura que ayude a la electrificación rural. El periodo inicial de este impuesto fue de 10 años. El principal objetivo de la ley era que el 100 % de los municipios tuvieran cobertura del servicio público de electricidad, lo que no se ha logrado. Así, en el Congreso de la República se pretende la renovación de dicha estampilla por un periodo adicional de 20 años. Estos recursos serían invertidos de manera prioritaria en aquellas zonas de difícil acceso y para proyectos que propendan por el uso de energías renovables no convencionales. Así, el valor anual de la emisión de la estampilla será de hasta el 10 % del presupuesto de las entidades territoriales. Este proyecto de ley ya cuenta con ponencia positiva para segundo debate, el cual se llevará a cabo en la plenaria de la Cámara.