La Ley 1821 del 2016, que modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas, fue demandada recientemente bajo el argumento que esta normativa solo estaba dada para tramitarse por medio de una ley estatutaria y no a través de una ordinaria, como sucedió. Lo anterior en el aspecto de forma o procedimental. Igualmente, el demandante precisó que el contenido de la norma demandada regula aspectos relacionados a derechos de segunda generación, los cuales debieron ser objeto de un trámite más riguroso como el señalado para una ley estatutaria, por la misma calidad del objeto a discutir que hace que el trámite y la discusión ante el Congreso sea más dispendioso. En relación con el aspecto sustancial, la demanda establece que la Ley 1821 vulnera el artículo 48 de la Constitución Política, toda vez que atenta contra los derechos fundamentales relacionados con la seguridad social. Así mismo, precisa que con la norma atacada el legislador secundario está haciendo una sustitución tácita de los principios del artículo 125 de la Carta Política, como el concurso de méritos, mecanismo por excelencia de acceso a los cargos públicos.