La iniciativa, de autoría del senador Eduardo Enrique Pulgar, modificaría el artículo 365 de la Ley 599 del 2000, incrementando la pena establecida, que actualmente castiga la conducta con prisión de 4 a 8 años. Así, el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurriría en prisión de 12 a 16 años. También se agregaría una circunstancia bajo la cual se aumentaría la sanción, referida al tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, esta conducta se castigaría con prisión de 15 a 20 años, la misma pena aplicaría para el tráfico de explosivos.