Estas personas, en especial las mujeres, deben recibir atención oportuna en cualquier institución de salud, de manera que se logre reducir su daño físico y mental.
Los despachos están estratégicamente ubicados en las zonas donde más se requiere la presencia de la administración de justicia, indicó el Consejo Superior de la Judicatura.
La iniciativa, elaborada con apoyo del Gobierno y la Rama Judicial, establecería la doble instancia para funcionarios aforados y reduciría algunas sanciones.
Si el acreedor permite que las obligaciones se cumplan después de vencido el plazo, puede purgar la mora del deudor, pero sin lugar a la prórroga, ya que para ello se necesita dicho acuerdo.
En comunicado de prensa, la entidad aclaró que todos los ciudadanos, incluidos los periodistas, tienen el derecho a acceder a la información sobre la administración pública.
Para que los asociados privados tengan derecho a retribuciones, es necesario contar con la aprobación del ministerio, del órgano cabeza del sector o de quien haga sus veces a nivel territorial.
Así lo establecieron el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación, a través de las Circular Conjunta 100-03.
El pasado 29 de julio, se publicó el informe Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana, elaborado por este jurista y académico peruano.
La medida se aplica a las zonas en donde el Ideam determine que se presentan fenómenos de disminución en los niveles de precipitación ocasionados por variabilidad climática.
Según el funcionario, se corre el riesgo de que el discurso histórico de las FARC sobre las causas del conflicto se imponga en la concreción de la comisión de la verdad.
En el procedimiento, el Distrito Capital buscó la concertación para la adquisición de los predios y acudió a los instrumentos de gestión de la Ley 388 de 1997.
Como no se trata de una regulación integral de la eutanasia, ni del derecho a la vida y la muerte digna, el proyecto no tenía reserva de ley estatutaria.
De acuerdo con la entidad, a abril del año en curso, se han entregado 17.268 soluciones de vivienda, que equivalen al 17,70 % de las 97.586 proyectadas como meta.
Para cumplir con la meta de 216 billones propuesta para el 2015, se requieren ingresos extra complementarios, que necesitan la aprobación de dicha iniciativa en el Congreso.
El alto tribunal estableció las responsabilidades de las secciones a la hora de decidir esos recursos y facilitar las herramientas para que los administrados puedan acudir a ellos.
Los instrumentos legales que pueden usarse no son claros, porque la Constitución prohíbe de manera explícita la trasferencia de dineros públicos a privados, explicó.
El marco jurídico que ampara la función de mercadeo de estas entidades posibilita que el suministro de alimentos de la canasta familiar no se realice siempre de manera gratuita.
Estudios indican que existe un peligro de que se produzcan daños graves en la salud por la exposición a largo plazo a este tipo de radiación, sin que haya certeza científica absoluta.
Para el exministro Jorge Humberto Botero, existe un conjunto de factores de cuyo examen se desprende que no estamos tan cerca, como todos quisiéramos, del fin de una confrontación.
Para el presidente de la corporación, la incidencia de las cortes en la elección de ciertos funcionarios no es un aspecto central en el funcionamiento de la justicia.
Ese país pretende reclamar una presunta plataforma continental extendida. Colombia argumenta que la demanda es inadmisible, explicó el presidente Santos.
El Ministerio de Salud expedirá cuatro decretos, con los que apunta a crear las condiciones para mejorar el acceso y los servicios de salud de los colombianos.
La Procuraduría General de la Nación había coincidido con esta postura. A su juicio, el legislador impuso una carga excesiva a una población sin capacidad de contribuyente.
Las medidas cautelares procedentes en el proceso ordinario no se someten a las actuaciones de este, pues su procedimiento es autónomo y prevalece su carácter urgente e inmediato.
Cuando esa acción se invoca con el fin de aplicar figuras como el desistimiento tácito en un proceso coactivo, solo procede para quienes son parte de él.
El Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación de los autos en los que el tribunal resuelva las excepciones previas, cuando este último actúe como juez de instancia.
El procurador Alejandro Ordóñez calificó como “patada al Marco Jurídico para la Paz” las recientes declaraciones de Iván Márquez sobre el fallo de la Corte Constitucional.
Según el Gobierno, esto permitirá incrementar el número de oferentes, tener una mayor competencia en el proceso y, por lo tanto, maximizar el valor para la Nación.
Este hecho es suficiente para que se den por cumplidas las exigencias del artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La administración debe establecer medidas que disminuyan el riesgo al que se enfrentan las personas expuestas a las consecuencias negativas de este tipo de infraestructura.
El hecho de que los responsables de delitos políticos o conexos puedan ejercer funciones de ese tipo no desconoce los derechos de las víctimas, indicó.
La protección del patrimonio cultural de la Nación tiene especial relevancia en la Carta, pues constituye un signo o una expresión de la cultura humana.
Los trámites administrativos que determine la respectiva EPS no deben representar una carga injustificada que lesione los derechos del afiliado o beneficiario.
La autoridad aduanera debe hacer uso de la potestad de iniciar las acciones tendientes a sancionar a los infractores, dentro de los tres años siguientes a la comisión del hecho o la omisión.