Discusión de reforma a la justicia debe abordar capacidad de respuesta en posconflicto: Corte Suprema

Tras la instalación del XVII encuentro de la jurisdicción ordinaria, que se realiza en Montería, magistrados de la Corte Suprema de Justicia explicaron cuál sería el papel de los operadores judiciales en el posconflicto, y cuestionaron la manera en que se ha abordado el debate de una eventual reforma a la justicia.

El presidente de la Sala Civil, Jesús Vall de Rutén, afirmó que no por el hecho de que los medios de comunicación insistan en la necesidad de modificar la facultad electoral de las cortes, para acabar con la politización que habría provocado esa función, se puede entender que ese es un problema central del funcionamiento de la justicia.

De otro lado, sostuvo que no tendría sentido pretender un aumento de despachos y de operadores, sin resolver las problemáticas que han generado los incrementos en la demanda. En su opinión, es necesario analizar los motivos de la conflictividad, para resolverlos, antes que elevar el número de juzgados, pues si continúan los conflictos, la capacidad operativa seguirá siendo deficitaria.

Vall de Rutén agregó que si el análisis en torno a la salud evidenció que el déficit se centraba en la falta de prevención, habría que preguntarse si ese mismo factor debe tenerse en cuenta frente a los problemas del aparato judicial.

El presidente del alto tribunal, Luis Gabriel Miranda, también señaló que la incidencia que la Constitución le ha dado a las cortes en la elección de ciertos funcionarios no es un aspecto central en el funcionamiento de la justicia.

Además, planteó la necesidad de evaluar la capacidad de respuesta de la Rama Judicial en un escenario de posconflicto, y cuestionó que no se hayan hecho ese tipo de reflexiones, que deberían ser incluidas en la discusión de la reforma a la justicia.

Sobre el rol que asumirá la rama ante un eventual acuerdo de paz, el presidente de la Sala Penal, Fernando Castro, señaló que el juez no puede marginarse de ese compromiso, pues su actuación está encaminada al cumplimiento de los fines del Estado, entre ellos el sostenimiento de la paz.

Según Castro, el propósito es la colaboración armónica de los poderes en la concreción de un proyecto político común, que se facilitaría con la incorporación a la vida civil de quienes están al margen de la ley. De allí que la misión del operador judicial sea moldear los parámetros de justicia al objetivo de consolidar la paz, hasta donde sea posible.

Finalmente, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto, advirtió que no se puede aplazar la controversia sobre los límites que el derecho internacional les impondría a los acuerdos de paz, pues no tendría sentido establecer un pacto que, en últimas, sería irrealizable porque no acoge a los parámetros de la justicia internacional.