El Consejo de Estado reiteró que el Congreso está expuesto a hacerse patrimonialmente responsable por la expedición de normas generadoras de tributos que, luego de ser aplicadas, resultan inconstitucionales. Ello porque el pago de la obligación constituye una carga que la víctima no está en el deber de soportar, ya que se trata de una exigencia que, en concepto del máximo tribunal constitucional, desconoce los principios establecidos por la Carta Política de 1991. Así, señala la providencia, si en la Sentencia C-992 del 2001 fue declarada inexequible la tasa especial de servicios aduaneros de la Ley 633 del 2000, quienes cancelaron la obligación tributaria contenida en ella deben ser resarcidos (C. P. Hernán Andrade).