La verdad es de las víctimas, no de los victimarios: Procurador

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, envió una comunicación al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que planteó sus inquietudes sobre la conformación de la denominada Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, en el marco de los diálogos que adelantan el Gobierno y las FARC en La Habana.

El jefe del Ministerio Público sostuvo que es cuestionable el equilibrio con el que actuarán los integrantes de esa comisión, lo cual afectaría el mandato fijado por la Corte Constitucional como condición previa al desarrollo del Marco Jurídico para la Paz. Además, sostuvo que se corre el riesgo de que el discurso histórico de las FARC sobre las causas del conflicto se imponga en la concreción de este instrumento.

“La Corte Constitucional ha indicado que ‘el ocultamiento, el silencio o la mentira sobre los delitos cometidos, no pueden ser bases de un proceso de negociación que se ajuste a la Constitución (Sentencia C-370 del 2006)”, indicó Ordóñez. Y resaltó que ese alto tribunal “ratificó en la Sentencia C-579 del 2013 la dimensión colectiva del derecho a la verdad y las garantías de imparcialidad e independencia que deben tener las comisiones que se creen para contribuir a la misma”.

El Procurador añadió que lo que se plasme en el trabajo de ese organismo no puede excluir las responsabilidades de los bandos enfrentados, y advirtió que la posibilidad de que la verdad de los victimarios se imponga sobre la de las víctimas le preocupa a la Procuraduría.

“El Estado no debe pretender una verdad que lo absuelva de su responsabilidad, mayor o menor, en diferentes capítulos de violencia, pero tampoco puede permitir que se reescriba la historia para absolver a las FARC de su calidad de victimarios”, sostuvo.

Según el funcionario, no se puede desconocer la intención que han tenido las FARC de reescribir el día a día del conflicto para justificar sus atrocidades, generando en los colombianos la impresión de que la responsabilidad de sus actuaciones criminales recae en el conjunto de la sociedad y, principalmente, en el Estado.

“De diversas intervenciones públicas es evidente que la organización guerrillera pretende que el informe de la comisión refleje su discurso histórico sobre lo que califican de ‘causas del conflicto social y armado’, razón por la cual insistieron durante meses en que se creara una instancia de la naturaleza de la comisión que se anuncia”, destacó.

La Procuraduría insistió en que este instrumento debe ofrecer una impresión clara de equilibrio e imparcialidad, y no puede ser el producto de las negociaciones, pues usualmente este tipo de instancias se ha conformado una vez culminan las hostilidades, o en medio del conflicto, pero nunca como respuesta a la necesidad de legitimar un acuerdo de paz.

“Lo que no es usual, dado que la verdad no se negocia, es que un mecanismo de ese tipo se pacte y se ejecute para que de él surja una narrativa que sirva de telón de fondo y de base justificatoria de los contenidos de un acuerdo de paz, así como de la existencia de la violencia y el crimen que se deben superar”, señaló.

Finalmente, interrogó al jefe del Estado sobre el papel que cumplirán las víctimas en la conformación de esta comisión, y las garantías con las que contará la sociedad para cuestionar el contenido de estos informes.