El saliente ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, entregó ayer para revisión del Presidente de la República el borrador de reforma a la justicia que, por encargo del Ejecutivo, elaboró una comisión asesora de alto nivel.

Entre los principales objetivos de la propuesta está fortalecer el acceso a la justicia como derecho fundamental, así como el trámite de la acción de tutela, con la creación de jueces y magistrados que se dediquen exclusivamente a resolver estos asuntos. Ante la vulneración de cualquier derecho fundamental en sus fallos, se aplicaría la nulidad de la sentencia, añade la iniciativa.

El funcionario afirmó que el proyecto garantiza recursos para que, en los próximos seis años, con la inversión de dos billones de pesos, se implementen los planes de descongestión necesarios y se realicen adelantos en tecnología e infraestructura.

La iniciativa también contempla la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que sería reemplazado por un tribunal disciplinario de nueve magistrados y una junta de gestión de la administración judicial. Además, se eliminarían las funciones electorales de las altas cortes y se prohibiría la reelección de los jefes de todos los organismos de control.

El Contralor General sería elegido por la Cámara de Representantes, el Fiscal General sería designado por el Presidente de la República, y se establecería el concurso público de méritos como único medio para acceder a las altas corporaciones de justicia, excepto para la Corte Constitucional, cuya elección se mantendrá tal y como está.

El proyecto establece la doble instancia para los procesos contra los congresistas y crea nuevas causales de pérdida de investidura. De otro lado, remplaza la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por una Comisión de Aforados, que sería integrada por congresistas abogados y especializados en derecho penal.