No es dable prometer a los ciudadanos la superación de la pandemia a cambio de su privacidad. Análisis de los profesores Roberto Gargarella y Jorge Ernesto Roa.
¿Los decretos sobre confinamiento pueden calificarse como materialmente legislativos, para efectos de definir su control por parte de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado?
Puede que el covid-19 nos haya enseñado que el transporte masivo urbano de pasajeros no es la única solución posible, ni siempre la más conveniente.
Es necesario expedir medidas legislativas de excepción adicionales en materia contractual pública, para proteger el interés público en esta época de pandemia.
¿Cuáles son los contratos materiales que están siendo o que probablemente sean impactados o afectados por la crisis desatada por el covid-19?
Es posible que el concepto de bioseguridad haya llegado para quedarse en los sectores marítimo y portuario.
Es previsible que la afectación que ha tenido el aparato judicial del Estado por los cierres obligados tendrá igualmente un efecto en el mundo de los negocios.
La acción global, la solidaridad y la cooperación para que los gobiernos retomen las buenas prácticas son imprescindibles para el comercio internacional.
No se debe permitir que se adelante de manera arbitraria una modificación pensional, como la que se está planteando en el Decreto 558 del 2020, bajo el supuesto de una protección de los pensionados.
Nuestra Constitución exige que medidas como las de confinamiento obligatorio, que implican una grave restricción de derechos constitucionales, solo puede ser tomada a través de los poderes que otorga el artículo 215.
Nuestra invitación entonces es a poner en practica la flexibilidad establecida en las normas vigentes para crear herramientas útiles de gobierno corporativo.
Si bien al propietario del inmueble se le amplía su término para iniciar la acción, lo cierto es que el poseedor continúa sumando tiempo al ejercicio de su posesión sin limitante alguna.
El nuevo procedimiento con ocasión de la emergencia económica no es para ser usado masivamente y no es tan sencillo, sin que quiera esto decir que sea imposible.
¿Cuál debe ser el manejo, tratamiento o disposición de los residuos sólidos mientras dure la pandemia?
Si bien la propagación del covid-19 puede ser fácilmente entendida como una situación imprevisible e irresistible, el reto del Estado se centrará en probar que la pandemia le hizo imposible cumplir la obligación con el inversionista.
Será una encrucijada para los administradores societarios que se aventuren a promover el ejercicio del derecho de inspección en estos tiempos de emergencia.
La pandemia debería servir para quitarle la máscara al populismo punitivo y dejar claro que el Derecho Penal no es la solución a todos nuestros problemas.
Ante problemas notorios de conectividad que se están sufriendo, se cuestiona sobre la validez y la oportunidad de pensar en un “derecho fundamental al acceso al internet”.
Es urgente expedir un decreto legislativo para la construcción o ampliación de clínicas y hospitales.
La propagación del covid-19 ha generado una crisis biológica de impacto global, cuya magnitud, según señalan algunos pensadores, tendrá incidencia sobre el modelo social, económico y político actual.
En épocas de pandemias se establecen categorías especiales de protección por la potencialidad de contagio masivo del virus y la posición de garante que tiene el Estado.
No deben descartarse las etapas de negociación o conciliación entre las partes con el fin de conservar el negocio jurídico en la mayor medida de lo posible.
Esperamos que el régimen de insolvencia colombiano esté listo para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria en próximos meses.
La crisis económica de las pequeñas y medianas empresas requiere soluciones gubernamentales directas.
¿Podrán los empresarios soportar indefinidamente el pago de una nómina improductiva?
Las medidas preventivas permiten un amplio margen de comunicación con la comunidad y es esto lo que logra la creación de una conciencia solidaria en el municipio.
La única forma de conjurar la crisis es actuar conjuntamente por la construcción de sociedades más igualitarias y por la disminución de las brechas sociales.
Problemas en la interrupción de negocios; en los contratos comerciales, laborales y financieros; en la prestación y pago de servicios públicos; vencimientos de términos y en las compañías de pólizas de seguros serán el contexto jurídico y administrativo.
