Un nuevo modelo de Estado después del covid-19

Jose Miguel De La Calle

Socio de Garrigues

Como es sabido, las crisis representan también oportunidades, y la del coronavirus no es la excepción. Muchas cosas cambiarán en la manera como nos comportamos los individuos y en la forma como interactuamos en la sociedad. Algunos de esos cambios pueden ser positivos, a pesar de que lleguemos a ellos de manera abrupta y por fuerza de la necesidad. En particular, creo que en lo que tiene que ver con el funcionamiento del aparato gubernamental pueden derivarse interesantes oportunidades de cambio que pueden significar –incluso- una transformación integral del modelo de gestión de los asuntos públicos.

Lo primero y más obvio es el tema del gobierno digital. El confinamiento forzoso se convirtió -sin quererlo- en la prueba piloto más grande que se hubiese podido hacer sobre la capacidad del gobierno de operar exclusivamente de forma virtual. Se pudo comprobar que la mayoría de servicios y prestaciones gubernamentales se pueden satisfacer de forma remota y que el Estado en realidad no es otra cosa que la sumatoria de los servidores públicos. Con una dosis adicional de audacia y con mucha más inversión en tecnología, el día mañana podríamos imaginar un sector público con menos edificios, con pocas reuniones presenciales y sin filas. Es realmente una gran revolución, que nos haría más eficientes y sostenibles.

Pero el cambio verdadero no está en lo físico o en lo tecnológico, sino en el concepto de Estado, en la visión de servicio público. La ola del cambio que viene de la crisis actual puede servir para superar la idea tradicional de un Estado pasivo, receptor de solicitudes, un Estado formal y pausado, que opera más como contraparte de los ciudadanos, para movernos hacia un concepto de gobierno ágil, que actúa como aliado de los ciudadanos.

En la cultura de hoy, toda interacción frente al Estado (derecho de petición, solicitud de permiso o licencia, presentación de demanda, etc.) está mediada por una serie de ritualidades innecesarias, que se constituyen en la primera barrera de entrada al sistema y que abren una brecha inaceptable entre el papá Estado y la ciudadanía. La arquitectura rígida y formal organizada por la Constitución, la Ley 489 de 1998 y las reglas de la función pública acabaron con toda posibilidad de diálogo en tiempo real ente el ciudadano y el Estado. Casi todos los procesos y procedimientos administrativos o judiciales funcionan con un esquema donde como cada quien habla por turnos (como con los viejos walkie talkies), donde el ciudadano pide y, tiempo después, el Estado decide, con toda su majestad. Las entidades no emiten opiniones previas y se mantienen al margen de casos concretos, supuestamente para preservar su independencia.

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) trae una figura sencilla, pero que puede ser la semilla para todo un cambio en la cultura de lo público, que puede servir de ejemplo de lo que propongo. Se denomina Prior Consultation y permite a los responsables de bases de datos de terceros presentar consultas a la autoridad supervisora para que esta le dé un consejo (literalmente) sobre el manejo que pretende dar a la información personal, antes de incurrir en el procesamiento.

La figura de la consulta previa como mecanismo transversal a todo el sector público puede ser el punto de partida de un nuevo Estado que opere por y para el ciudadano. El reto más grande está en lograr insertar dicha cultura en los órganos de control o supervisión, y en aquellas entidades que ofician como autoridad en un sector en el que existe el temor entendible de que un consejo previo sea visto como prejuzgamiento de una decisión futura.

No obstante, creo que aún ese riesgo es trabajable y es viable llevar este nuevo enfoque de relacionamiento Estado-sociedad a toda la administración pública, sin excepciones.