Justicia durante la pandemia

Carolina Villadiego Burbano

Asesora legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas

Los funcionarios y empleados judiciales continúan realizando sus labores a través del teletrabajo, los términos de varios procesos judiciales siguen suspendidos y algunos trámites se realizan virtualmente (audiencias de control de garantías y presentación de acciones de tutelas, por ejemplo). Dado que han pasado más de dos meses desde que el Consejo Superior de la Judicatura adoptó las medidas transitorias para enfrentar la pandemia, vale la pena preguntarse ¿cómo ha funcionado la justicia?

Para ello, es bueno analizar cómo les ha ido a los servidores judiciales con el teletrabajo y con la utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones. Por ejemplo, examinar los desafíos que han enfrentado trabajando desde sus casas cuando tienen a cargo el cuidado de niños o de personas mayores, comparten computadores entre varios miembros de la familia o tienen problemas de conectividad a internet. También, revisar las medidas con un enfoque de género para verificar que no haya habido un incremento desproporcionado en el volumen de trabajo de las servidoras judiciales que tienen la carga exclusiva o preferente de las labores de cuidado.

Adicionalmente, se debe evaluar cómo les ha ido a los usuarios del sistema de justicia y a los intervinientes en los procesos con las medidas adoptadas. Por ejemplo, revisar si realmente se ha garantizado el acceso a la justicia para proteger los derechos fundamentales en todo el país, en especial cuando las personas no tienen acceso a internet, no pueden usar el correo electrónico para presentar tutelas, o no saben cómo manejar las herramientas tecnológicas. Igualmente, identificar las estrategias desarrolladas por los juzgados para recibir las tutelas presencialmente y constatar que estas siempre se reciban.

Así mismo, es importante garantizar los derechos de las partes e intervinientes en los procesos en las audiencias virtuales, en particular el derecho a la defensa y a la contradicción, así como la seguridad de la información trasmitida a través de medios electrónicos. Por ello, es necesario sistematizar las experiencias de virtualización, identificar las buenas prácticas y adoptar los correctivos necesarios.

Dado que la emergencia sanitaria continúa y que el Consejo Superior de la Judicatura anunció la implementación de un “plan gradual y progresivo de normalización” a partir del 8 de junio (Acuerdo PCSJA20-11556), es imperativo que el Consejo le informe a la ciudadanía ¿cómo funcionarán los juzgados mientras dure la emergencia sanitaria? Para ello, debería explicar cuáles son los servicios que se prestarán de manera presencial y cuáles se brindarán de forma virtual, cómo se garantizará el acceso a la justicia de la población que no tiene conectividad a internet, cada cuanto se revisarán las medidas adoptadas, cuáles son las estrategias para la apertura de los juzgados en el nivel territorial, qué medidas se adoptarán para evitar el contagio y las aglomeraciones en los despachos, qué espacios de diálogo con los usuarios se habilitarán para evaluar la efectividad del plan, y quiénes realizarán trabajo remoto, por cuánto tiempo y en qué condiciones.

En fin, es necesario prever cómo continúa la prestación del servicio de justicia durante la emergencia sanitaria y qué interacción tendrá el sistema judicial con la ciudadanía para evaluar la efectividad de las medidas. En esta época excepcional, el sistema de justicia debe tomar medidas para proteger el derecho a la salud de los servidores judiciales y de los intervinientes en los procesos, pero también debe garantizar de manera efectiva el acceso a la justicia.