Columnista Impreso
Buscar Columnista Impreso

Aspectos problemáticos de la audiencia de imputación

43545

Compartir por ×

Correo electrónico
Aspectos problemáticos de la audiencia de imputación

Whanda Fernández León

 

Docente Universidad Nacional

 

Según el Diccionario de Derecho Penal de Goldstein, “imputar un delito es atribuirlo a un individuo para hacerle sufrir las consecuencias; pero para que esa imputación surta efectos legales, el sujeto debe contar con capacidad para responder”. En el código chileno es la formalización de una investigación respecto de uno o más delitos, efectuada por el fiscal al imputado en presencia del juez de garantía. “En la audiencia de imputación, –dispone textualmente–, el juez ofrecerá la palabra al fiscal para que exponga verbalmente los cargos (…). Enseguida el imputado podrá manifestar lo que estime conveniente. A continuación, el juez abrirá el debate sobre las peticiones planteadas…”. En la ley procesal penal colombiana, “es el acto a través del cual la Fiscalía informa a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se realiza ante el juez de garantías”. Fácil es observar que la norma no distingue entre los cargos que se atribuyen al imputado y el medio empleado para ponerlos en su conocimiento.

 

La imputación, acto de parte, exclusivo, unilateral y potestativo de la fiscalía, debe contener la doble hipótesis (fáctica y jurídica), que formula el fiscal contra un sospechoso legalmente individualizado, adjudicándole responsabilidad en un delito en investigación. Requiere de una narración clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible e incluir la advertencia al imputado sobre la posibilidad que tiene de aceptar cargos y obtener rebaja de pena. Se supone que el fiscal decide imputar, cuando del material probatorio recaudado puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del ilícito.

 

Empero, resulta deplorable que las disposiciones que regulan la audiencia de imputación encierren, entre otras, las siguientes vejaciones a las garantías del imputado:

 

  1. No contempla controles materiales de legalidad, previos ni posteriores.

 

  1. No exige la presencia del imputado y su defensor; solamente la de uno de los dos.

 

  1. No autoriza al fiscal para hacer descubrimiento probatorio.

 

  1. No permite la intervención del imputado ni de su defensor técnico, constreñidos a permanecer en silencio.

 

  1. No respeta el derecho de defensa, en tanto se ordena que “sólo una vez adquirida la condición de imputado, este puede designar defensor y tener la posibilidad de ejercer los derechos inherentes a la persona humana”.

 

  1. No procura un juicio justo, sino el pronunciamiento de una condena rápida y barata, fundada en la autoinculpación del imputado. 

 

  1.  No asigna funciones expresas y concretas al juez de garantías.

 

En efecto, la ley se limita a decir que la función de control será ejercida por un juez penal municipal con competencia abierta, pero calla sobre las funciones. Ante tamaño vacío, algunos jueces asumen en la audiencia de imputación un rol absolutamente pasivo frente a los valores humanos que deben proteger, al comportarse como simples “convidados de piedra”; otros, actúan como inquisidores implacables al punto de incurrir en frecuentes excesos y desvíos, como lo ha revelado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en varios pronunciamientos al aludir a “la mala práctica judicial adelantada por jueces de control de garantías, frente a la imputación”.

 

Las dos posturas ponen en altísimo riesgo procesal al imputado. La primera, porque el mutismo de la defensa, la intimidación del fiscal y la desidia del juez controlador pueden llevar al imputado a aceptar cargos exagerados o agravantes inadecuadas, por ejemplo. La segunda, cuando el juez interviene, por ejemplo, para discutir el contenido de los cargos, controlar el material probatorio que los sustenta, exigir al fiscal que corrija los hechos o que impute por un delito más grave.

 

Si la imputación es la que delimita el alcance de la controversia jurídica y concreta el objeto del proceso, tanto la incuria como las injerencias del juez son arbitrarias. Quien ayuda al fiscal en su tarea no es apto para amparar los derechos del imputado.

 

Reciba nuestro

boletín de noticias

TOP 10 MÁS POPULAR

Visto 39637 veces
46747

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 11161 veces
46709

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 6851 veces
46743

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 5577 veces
46775

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 5287 veces
46702

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 3773 veces
46748

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 2077 veces
46774

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 2000 veces
46749

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 1541 veces
46783

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 1312 veces
46805

Compartir por ×

Correo electrónico
35758

Compartir por ×

Correo electrónico
44584

Compartir por ×

Correo electrónico
43707

Compartir por ×

Correo electrónico
Compartido 6506 veces
45924

Compartir por ×

Correo electrónico
Compartido 6174 veces
44932

Compartir por ×

Correo electrónico
43907

Compartir por ×

Correo electrónico
44877

Compartir por ×

Correo electrónico
45801

Compartir por ×

Correo electrónico
42581

Compartir por ×

Correo electrónico
45611

Compartir por ×

Correo electrónico
13598

Compartir por ×

Correo electrónico
14244

Compartir por ×

Correo electrónico
Comentado 64 veces
13024

Compartir por ×

Correo electrónico
30523

Compartir por ×

Correo electrónico
14990

Compartir por ×

Correo electrónico
32930

Compartir por ×

Correo electrónico
33218

Compartir por ×

Correo electrónico
30977

Compartir por ×

Correo electrónico
12267

Compartir por ×

Correo electrónico
11832

Compartir por ×

Correo electrónico