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20 de Septiembre de 2021 /
Actualizado hace 27 minutos | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Análisis


Nuevas lecciones sobre la convalidación de títulos extranjeros en Colombia por cuenta del covid-19

23 de Abril de 2020

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Diana A. Buenaños Mena

Gerente General de Calec Abogados

 

Han transcurrido seis meses desde que el Ministerio de Educación Nacional (Mineducación) emitió la Resolución 10687 del 9 de octubre del 2019, como la respuesta y cura a los distintos y ya conocidos males que aquejaban el trámite de convalidación de los títulos otorgados en el exterior, personificados en la Resolución 20797 del 2017.

 

Dentro de los problemas generalizados se encontraban la demora en la finalización de los procesos, la falta de información sobre el desarrollo del trámite a los interesados, la negación de convalidaciones a programas que en el pasado habían sido convalidados positivamente en repetidas ocasiones e, incluso, la existencia de decisiones contradictorias frente a un mismo programa realizado en una misma institución educativa, por personas que compartieron clase.

 

Con la emisión de la nueva resolución, todos nos encontrábamos a la expectativa de cómo funcionaría el nuevo sistema de convalidaciones, pues dicho cambio normativo, que ya traía una modificación sustancial en las etapas que conformaban el proceso, vino acompañado de la creación de una nueva plataforma virtual que prometía ser más amigable con el usuario e, incluso, la creación de un segundo grupo interno de convalidaciones en el Mineducación, que se encargaría de manera exclusiva del estudio de los casos que se presentaran bajo el novedoso esquema.

 

A lo anterior se le sumó de manera imprevista e inminente la emergencia sanitaria mundial producida por el covid-19 y que, en un abrir y cerrar de ojos, gira la atención de Colombia a dos de los gremios más afectados por el proceso de convalidación de los títulos otorgados en el exterior: los docentes y los profesionales de la salud.

 

¿Qué impresiones deja la Resolución 10687 del 2019, después de sus seis meses de existencia?

 

Contra todo pronóstico y para el beneficio de las muchas personas que realizaron sus estudios en el exterior, es posible afirmar que el balance es a todas luces favorable en comparación con lo que se observaba bajo la vigencia de la normativa anterior.

 

La Resolución 10687 del 2019 establece que los procesos de convalidación dependiendo del criterio aplicable tendrán una duración entre 60 a 180 días calendario, lo que equivale a un término entre dos a seis meses. Cumplidos los primeros seis meses desde su entrada en vigencia, ya contamos con decisiones tanto favorables como negativas, lo que demuestra gran efectividad del cuerpo ministerial, comparado con el tiempo promedio de ocho meses a un año que podían tardar los resultados del trámite bajo la Resolución 20797 del 2017.

 

Así mismo, se debe destacar cómo el nuevo sistema virtual de convalidaciones no solo se encarga de manera automática de informar al correo electrónico del usuario si existe algún requerimiento en su proceso, sino que además establece cuál será el criterio aplicado al caso concreto para su estudio una vez es definido por el Grupo de Convalidaciones y permite saber cuándo el acto administrativo final se encuentra listo y será enviado para notificación electrónica al interesado.

 

A pesar de lo anterior, el sistema aún no permite conocer la fecha exacta en la que el Mineducación pasa de una etapa a otra dentro del proceso, ni deja constancia de la respuesta y los documentos que el usuario introduce como respuesta a un requerimiento hecho por la entidad, lo que todavía mantiene un poco de dificultad para conocer el estado real del trámite por parte de los ciudadanos. 

 

Finalmente, me permito resaltar cómo los conceptos realizados por la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) se encuentran mejor organizados, son más claros y permiten definir con mayor facilidad las posibles falencias que dicha dependencia del Mineducación puede observar en un proceso de convalidación.

 

¿Cuáles son los retos que se mantienen bajo el nuevo sistema de convalidaciones y que se han vuelto más evidentes a causa del covid-19?

 

Aunque las mejoras en el proceso son evidentes, también es necesario reconocer algunas falencias que se mantienen en el trámite y que con un poco más de voluntad política pueden ser arreglados de manera definitiva. Así, se podría brindar realmente a los colombianos y extranjeros que desean ejercer sus profesiones en el país garantías de que la decisión tomada en relación con la convalidación de sus títulos en Colombia es realmente fruto de un estudio real, completo y a conciencia del programa realizado en el exterior y la diversidad de los sistemas educativos del mundo.

 

Después de que el planeta se paralizara a causa del covid-19 y que la única manera posible para continuar el desarrollo de las actividades académicas fuese a través del internet, surge una pregunta cada vez más válida y que no había sido analizada de manera consciente por la autoridad educativa nacional: ¿Por qué se sigue viendo con tanta desconfianza los programas que se ofrecen en modalidad virtual o a través del uso de herramientas tecnológicas? 

 

Creo que para el país en general y en particular para el Mineducación, la coyuntura creada por el coronavirus ha dejado más que claro que Colombia no se encontraba preparada para afrontar esta nueva realidad, donde la inexistencia de plataformas educativas de calidad, la conectividad limitada y la falta de preparación del personal docente frente al uso de herramientas tecnológicas como mecanismo para enseñar hizo bastante tortuoso el camino a la virtualidad total de clases tanto para colegios como universidades.

 

Hay una realidad innegable que desde la entrada en vigencia de la Resolución 20797 del 2017 ha afectado de manera directa al gremio de los docentes y es la negación casi sistemática de cualquier tipo de programa de posgrado relacionado con educación, que en su mayoría se realizan de manera virtual.

 

A lo largo de los últimos cuatro años, he podido observar cómo sin importar el país de origen, la denominación de los programas o la institución educativa, miles de maestros que aspiran ascender en el escalafón docente o incluso que dependen de la convalidación de sus títulos para mantener su puesto de trabajo, han visto truncados sus sueños porque a pesar del esfuerzo económico y la entrega, el Mineducación considera que los programas realizados en el exterior pertenecientes a esta área del conocimiento adelantados mediante la modalidad virtual o a distancia casi que en su totalidad, se encuentran por debajo de los parámetros de los programas similares ofrecidos de manera presencial en Colombia.

 

Esta conclusión que se genera al no entender los retos y ventajas que la educación virtual ofrece y que lleva a su estigmatización generalizada, se ve reflejada en la negación de convalidaciones con base en argumentos que pierden fuerza cuando la existencia de un virus obliga a que todo el sistema educativo nacional se dé cuenta de las realidades que rodean la virtualidad.

 

Espero que cuando volvamos a tener la opción de decidir si queremos adelantar programas educativos de manera virtual o presencial en el exterior, el Mineducación al analizarlos, entienda que la virtualidad no puede, ni debe ser medida con los mismos criterios que los programas presenciales y que el uso de esta modalidad no implica per se, mala calidad de los estudios. 

 

Ahora, en tiempos de covid-19, es probable que muchos de los docentes que se encuentran mejor equipados para enfrentar la situación sean aquellos a los que el Mineducación negó convalidaciones cuyo énfasis venía dado en el uso de la tecnología como facilitador de la labor de educar.

 

En una situación similar a la anterior se encuentra el grupo de profesionales de la salud preparados en el exterior que si bien no deben enfrentar una fuerza arrasadora que desde el 2017 ha complicado la convalidación de sus títulos en Colombia y que se ve encarnada en los distintos gremios médicos nacionales, los cuales en días pasados mostraron su poder al impedir la expedición de un decreto para agilizar los trámites de convalidación de los títulos médicos obtenidos en el exterior, a pesar de que este ya había sido anunciado de manera pública por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, a través de una alocución nacional en el desarrollo de la emergencia sanitaria.

 

La Resolución 10687 del 2019, así como la norma anterior que regulaba el trámite de convalidación, establece que sin importar si las instituciones de educación superior cuentan con acreditación de alta calidad o si ya existen convalidaciones positivas previas del mismo programa e institución, deben ser analizadas por la Conaces a través del criterio de evaluación académica. Es decir, por un grupo de expertos pertenecientes al gremio de médicos colombianos antes descrito y que, sin mostrar su rostro, sus estudios o experiencia de manera transparente al interesado, tienen el poder completo y definitivo sobre la posibilidad de convalidación de un título médico otorgado en el exterior.

 

Es así como en el país se niegan convalidaciones de títulos médicos provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Universidad de Buenos Aires, instituciones educativas que han ocupado a nivel mundial los puestos más altos en excelencia académica relacionada con el área de la salud, frente a sus pares en Latinoamérica, por temas documentales o de forma.

 

El problema se acentúa cuando debido a la emergencia sanitaria que actualmente enfrentamos, el país prefiere desatender el llamado que desde siempre ha hecho el sistema de salud colombiano, caracterizado por la falta de especialistas en las diferentes áreas de la salud, para atender la inminente alza en la demanda de los servicios de salud, obligando a colombianos aún en proceso de formación a trabajar de manera excesiva para poder cubrir la crisis, teniendo a miles de profesionales bien preparados sentados esperando un papel que diga que su experiencia es reconocida en el país.

 

Este panorama nos demuestra que si bien la intención del Mineducación con la emisión de la Resolución 10687 del 2019 ha sido buena y logró superar varios de los problemas que aquejaban el trámite de convalidaciones, aún nos encontramos a medio camino de lograr una solución justa y equitativa para los profesionales que han tenido la oportunidad de formarse en el exterior, lo que acentúa a su vez como es el país en general el que se ve afectado por la falta de soluciones profundas y definitivas a problemas ya conocidos, pero desatendidos.

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