El ordenamiento jurídico colombiano encuentra una relación directamente proporcional entre el nacimiento de nuevos fenómenos económicos o supuestos de hecho que no habían sido contemplados con antelación y la necesidad de establecer reglas que ordenen dichas situaciones.
Esta tarea corresponde a la autoridad administrativa, judicial o de control competente, para dar aplicación a las prerrogativas por retaliación.
Colombia Compra Eficiente anunció la puesta en marcha, a partir del 1º de diciembre del 2021, de una herramienta interactiva para hacerle seguimiento constante a la ejecución de los recursos públicos.
Se hace necesario dar aplicación a la excepción contemplada en el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 1609 de 2013, estableciendo como fecha de vigencia de la resolución el día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial.
La cuestionada no acreditó los 10 años de experiencia mínima específica en labores de regulación, control y vigilancia del sector audiovisual.
Estas instancias tendrán su sede principal en las capitales de los departamentos, sin embargo, podrán desplazarse y adelantar actuaciones en toda el área de jurisdicción.
En el fallo se resaltan las reglas y subreglas que han robustecido el criterio hermenéutico de esa condición, a través de las sentencias SU-442/16 y SU-556/19.
¿Es posible ordenar inaplicar una norma que no existe?, ¿se puede ordenar la suspensión de los efectos de un proyecto de ley?, ¿puede un juez impedir al Presidente sancionar un proyecto de ley?
Por otra parte, con la Resolución 7671 del 2021, se estableció el procedimiento orientado a dejar sin efecto la inscripción irregular de las cédulas de ciudadanía inscritas para estas elecciones.
Según algunos magistrados, el amparo invocado ha debido concederse y proteger el derecho al debido proceso.
El texto advierte que la disposición modifica únicamente el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 del 2005.
Luego de haber sido negada una medida cautelar, es posible concederla si han ocurrido hechos sobrevinientes que ameriten la intervención.
Pueden acudir ante la Fiscalía cuando crean que deben denunciar hechos médicos que presuntamente constituyan delitos.
La libre competencia económica es un derecho que supone responsabilidades y la empresa tiene una función social que implica obligaciones.
La Superintendencia de Industria protegerá la propiedad intelectual, industrial y comercial del Viche, mientras que el Invima creará el registro sanitario para la producción de esta bebida.
No hay contexto que permita referirse en términos desobligantes a un juez de la República, afectando su buen nombre o reputación.
Cuando hay un cambio de sistema procesal por renuncia o por adquisición del fuero constitucional durante la etapa de investigación conservará validez todo lo actuado y se parte de la base que hay equivalencia funcional.
Albert Louis Sachs, juez fundador de la Corte Constitucional de Sudáfrica de 1994 al 2009, analiza el posible fallo histórico que la Corte Constitucional de Colombia expedirá sobre el aborto.
Recientemente, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia analizó los actos de competencia desleal de desviación de clientela y desorganización.
A juicio de los demandantes, se indujo a error al ente territorial al conducirlo a firmar el acto sin una coordinación previa entre entidades.
Este fallo es un referente en torno al cual la gestión pública está llamada a hacer numerosas y rigurosas reflexiones.
Según la abogada Laura Castillo Garay, si bien en Colombia existe una conducta penal que sanciona el ofrecimiento engañoso de productos y servicios, su inaplicabilidad hace necesaria una reforma legislativa.
Por extraño que parezca, una de las funciones principales de la democracia constitucional es facilitar que los partidos pierdan las elecciones con relativa tranquilidad y seguridad.
El Congreso no incluyó dentro de la excepción a las personas que perdieron su vivienda por razones completamente ajenas a su voluntad.
Sorpresivamente, una decisión de la Corte avaló la postura en virtud de la cual el Procurador General puede dar un trato igualitario a personas que no están en una misma situación.
En la realidad, las partes están conciliando por fuera del trámite judicial.
Esperamos que la reglamentación que expida el Gobierno Nacional sea favorable.
La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de un ciudadano protegido por ser víctima de la violencia.
La obra busca facilitar la labor de los profesores en la formulación de una cultura de emprendimiento que genere riqueza y el nacimiento de nuevas empresas.
Este tema, además de revestir una importancia teórica, conlleva una relevancia práctica para todos los que ejercemos el derecho comercial.
Esta edición especial de Derecho constitucional colombiano, con ocasión de los 30 años de la Carta Política, profundiza en el estudio de la estructura del Estado y analiza cada una de las ramas del poder.
Los elegantes discursos de Alberto Lleras parecían lecciones de educación cívica, al decir de García Márquez. Evidentemente: prosas desde el poder enseñan a la comunidad.
El estado de emergencia que vive el país por cuenta de la pandemia mundial de coronavirus se siente en todas las actividades, y el ámbito jurídico no es una excepción. Acudiendo al artículo 215 de la Constitución Política, el presidente Iván Duque ha dictado disposiciones para conjurar la crisis e...
Las superintendencias tienen importantes grupos de informática forense, con formación técnica y legal en recolección, embalaje y presentación de evidencias digitales.
En el ámbito empresarial, surge el cuestionamiento de cómo debemos regular el resarcimiento de los daños que puedan ocasionarse por la actuación de estos nuevos instrumentos tecnológicos.
A juicio del Ministerio de Hacienda, el articulado suscitaría un impacto fiscal negativo en las finanzas de la Nación.
La libertad de competir puede verse trasgredida por prácticas “oscuras” como acuerdos entre dos o más empresas que buscan fijar precios o determinar condiciones de venta.
Este tipo de expresiones constituyen el ejercicio del derecho de participación en el control del poder político consagrado en el artículo 40 de la Constitución.
Escoger el procedimiento de la Ley 906 del 2004 no puede llegar al extremo de que ese ejercicio libre torne nulo lo actuado en el sistema anterior.
Si el estudiante tiene una necesidad económica, la universidad otorga un descuento del 12 % en el valor de la matrícula y un descuento adicional del 3 % por pronto pago.
La iniciativa tiene, en especial, tres mandatos constitucionales que la fortalecen: los animales, el trabajo y la familia.
Es necesario reformar el sistema de elección de los magistrados de la Corte Constitucional e implementar un mecanismo basado en los principios del mérito e inclusión.
Una reciente disposición amplió el número y la clase de procesos en los que podrán actuar los abogados en formación.
Pasar por alto la situación de aquellos puede generar una lesión inaceptable a otros mandatos constitucionales.
Además de vulnerar el artículo 34 de la Constitución, la Ley 2098 desconoce la resocialización como fin de la pena.
¿Qué preguntas urgentes puede plantearnos esta historia para los investigadores que se interesan por el Derecho y la movilización social en el país?
La Ley 2113 del 2021 señala que este es un escenario de aprendizaje práctico en el que confluyen conocimientos, habilidades, competencias y valores éticos.
En un municipio pueden prestar el mismo servicio público varios prestadores que estén debidamente constituidos.
Corresponde al juez de lo contencioso administrativo comprobar un comportamiento doloso por parte de la persona o un actuar a título de culpa grave.
Según el fallo, el juez natural para conocer y dirimir estas controversias será el juez laboral de lo contencioso administrativo.
De manera unánime, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del numeral 8º del artículo 79 del Código Disciplinario Militar (Ley 1862 del 2017).
El debido proceso debe regir todas las actuaciones adelantadas en procesos judiciales o en trámites administrativos.
El fallo explicó quiénes tienen la facultad de solicitar ante juez de control de garantías la imposición de medida de aseguramiento.
Según el fallo, son procedentes estos descuentos en el porcentaje del 12 % señalado en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993.
Los empleadores pueden aplicar en el pago de salarios correspondientes a nóminas de abril y mayo del 2021, es decir, 2 de los 8 ciclos previstos en la ampliación del programa.
El desempeño de los cargos de diputado y concejal no implica el ejercicio de autoridad civil o política.
El cumplimiento de la medida estará a cargo de los propietarios, administradores u organizadores de eventos presenciales. Asobares expresó que esta medida deja más interrogantes que certezas.
El Senado de la República elegirá al nuevo magistrado que remplazará a Rojas, a quien se le vence su periodo el 22 de febrero del 2022.
Consejo de Estado recuerda el alcance de la figura de la consulta por desacato.
En cuanto a los defectos en la motivación de las decisiones, la Corte recordó las cuatro situaciones que se han identificado.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra un aparte del artículo 219 del Código Civil, modificado por el artículo 7 de la Ley 1060 del 2006.
El demandante indicó que en el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representante no se cumplieron las exigencias constitucionales de publicidad.
El trato preferencial consiste en que antes de procederse al nombramiento las personas con una situación especial deben ser las últimas en removerse.
La Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 29 (parcial), 30 (parcial), 97 (parcial), 123 (parcial) y 144 del Decreto Ley 71 del 2020.
Alrededor del 40 % de los niños de nuestro país vive en una familia monoparental, situación que los hace objeto de un trato especial y de una interpretación que no los discrimine frente al 49 % de los menores que viven con sus dos padres.
Estos son los argumentos de la Sala Plena para mantener la investidura del senador Gustavo Petro.
Esta pensión se creó como un beneficio para las personas que dejan las armas, buscan el camino de la legalidad y tienen un deseo explícito de vivir en paz.
La celeridad y las garantías de la acción de tutela no implican que pueda ser interpuesta el número de veces que se estime más conveniente.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó las formas de notificación de las actuaciones de la Administración de impuestos.
Tutelas que han reconocido indemnizaciones en temas pensionales no dan lugar a que los jueces inobserven requisitos de subsidiariedad.
El operador jurídico debe dar a la demanda el trámite que le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.
El fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
La nueva norma dispone, por única vez, una amnistía para quienes se pongan al día en los 12 primeros meses de vigencia y para quienes lo hayan hecho con anterioridad.
La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno y al Congreso adoptar las medidas necesarias que aseguren el funcionamiento de esta instancia.
De manera excepcional puede admitirse la tutela contra los fallos de la misma naturaleza y respecto de actuaciones surtidas en el trámite.
Según el fallo, debe realizarse un estudio anticipado que dé cuenta de los múltiples antecedentes que hipotéticamente son causas de esta responsabilidad.
Si el sujeto se dedica de manera exclusiva a dicho suministro, no le será aplicable el régimen de los servicios públicos domiciliarios.
La presunción de inocencia no es garantía cuando está de por medio la protección de un menor víctima de presunto abuso sexual.
El fallo explicó en cuáles casos es factible la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y la acumulación de cotizaciones en el marco de dicha normativa.
Las entidades deberán analizar en detalle la necesidad y especialidad del servicio, lo cual debe quedar claro y expreso en los documentos.
Según el fallo, la PILA está sujeta a las potestades de fiscalización confiadas a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social.
Factores salariales sobre los que se efectuaron aportes deben incluirse en IBL para pensión de vejez de servidores públicos beneficiarios de la transición.
La Corte Constitucional declaró exequible el numeral 1º del parágrafo primero del artículo 3º de la Ley 789 del 2002.
Aunque concluye el examen preliminar, se mantiene la complementariedad con la CPI para compartir información y tener reuniones periódicas.
Corresponde a todos los actores de la sociedad, incluidos quienes administran justicia, procurar la erradicación de toda forma de discriminación contra las mujeres.
El caso Interbolsa desnudó la falta de preparación de la justicia para juzgar delitos bursátiles.
Cualquier barrera que se imponga para la expedición de la cédula vulnera el derecho a la personalidad jurídica del interesado.
Según el accionante, el inciso atacado vulnera el principio de recuperación de costos consagrado en el artículo 367 de la Constitución Política.
Estos tribunales, que estarán conformados de acuerdo al censo electoral de la zona rural de las 16 circunscripciones, funcionarán tres meses antes de las elecciones y tendrán como tarea verificar dicho censo en cada uno de los municipios que forman las circunscripciones.
La fusión no puede convertirse en un mecanismo para evadir el cumplimiento de obligaciones distintas de las de tipo económico.
Consejo de Estado confirmó la sentencia que declaró la nulidad de la designación de Andy José Ruíz Serna como concejal del municipio de Sincelejo.
El principio de buena fe disciplina y constituye un eje fundamental en materia del contrato de seguro.
El accionante fue contagiado mientras se recuperaba de la explosión por una mina antipersonal, lo que afectó gravemente su proyecto de vida.
El abogado Camilo Araque Blanco, experto en esta área dada su trayectoria profesional, explica la importancia de dicha modalidad.
En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, el ministro de Justicia, Wilson Ruíz Orejuela, presentó un balance de su gestión, después de un año de liderar esa cartera y habló de la inseguridad ciudadana, entre otros temas.
Según el fallo, demostrar la omisión de los agentes de las fuerzas militares y de policía encierra una serie de dificultades probatorias.
La prohibición de gestión profesional de negocios y el ejercicio de la abogacía o de cualquier otra profesión u oficio es expresa.
La Función Pública explica que busca formalizar los empleos públicos con la reducción de dichos contratos, para que pasen a ser parte de las plantas de personal.
Imposible equiparar la imagen virtual con la presencia física o suponer que la tecnología es el antídoto contra las fallas estructurales de la Rama Judicial.
El presente trabajo analiza la finalidad del confinamiento preventivo del derecho procesal penal.
Este libro presenta las Constituciones nacionales de Colombia de 1821, 1830, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863, 1886 y 1991.
El libro reunió grandes expertos y amigos de Colombia y de sus cortes, para confluir en un tema que da cuenta de las interacciones entre muchos sistemas judiciales.
En Estados como Alemania, Francia, Italia o España, sus textos constitucionales no han sido reformados para incluir derechos digitales.
El libro propone nuevas formas de hacer Teoría del Derecho en Latinoamérica y pretende revitalizar este campo del conocimiento.
Es llamativo que, según la información de Medicina Legal, en un 45 % de los casos de los niños y en un 53 % de los casos de las niñas, la ausencia haya sido voluntaria.
En la Rama Judicial existen dos regímenes de vacaciones: las individuales y las colectivas, consagradas en el artículo 146 de Ley 270 de 1996
A la fecha, se han presentado un total de 18 proyectos para la regulación del derecho a la muerte digna. No obstante, ninguno ha logrado convertirse en ley de la República.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra el inciso 3º del artículo 1º de la Ley 2081 del 2021.
El artículo 139 (parcial) del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 fue demandado reciénteme por un ciudadano.
La actividad financiera contiene deberes de información, atención y debida diligencia previstos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Les solicitaron también imponer de manera inmediata las sanciones a las que haya lugar por el incumplimiento de las medidas sanitarias, como el cierre del establecimiento.
Las medidas del Gobierno se dan con el fin de garantizar la efectividad de las acciones afirmativas en favor de los recicladores como sujetos de especial protección constitucional.
El Consejo de Estado decretó esta pérdida de investidura al considerar que incurrió en tráfico de influencias debidamente comprobado.
La Corte le hizo un llamado a la entidad para que responda las solicitudes que presenten los ciudadanos de manera oportuna, clara y precisa.
La norma determina las condiciones para la repatriación de recursos omitidos y que sean invertidos con vocación de permanencia y contempla también qué sucede ante el incumplimiento.
La conducta del abogado afectó de forma relevante el deber de defender la dignidad y el decoro de la profesión.
Estas investigaciones demuestran que muchas personalidades tienen estructuras corporativas en el extranjero, sin que se aprecie una necesidad razonable que lo explique.
Una investigación reciente de la Universidad de los Andes examinó el vínculo contractual que une a los domiciliarios con esa plataforma.
Para ello sería necesario acreditar actuaciones contrarias a los usos honestos en materia industrial y comercial.
Recientemente, se realizó una nueva versión del Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, en la ciudad de Cúcuta.
Con ocasión de los 200 años de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, la primera de la República de Colombia, se realizaron diferentes actos académicos y culturales.
En un concepto, la Dian respondió una consulta sobre la aplicación de los Decretos Legislativos 438 y 551 del 2020.
La libre elección de régimen pensional es un derecho constitucional y el marco legal para el ejercicio de los derechos y el adecuado funcionamiento del sistema.
Las sillas de ruedas hacen parte del PBS y, aunque no pueden ser financiadas con cargo a la UPC, las EPS pueden adelantar recobro.
Es constitucionalmente admisible que al abogado se le exijan unos comportamientos que aseguren la probidad y honradez en la profesión.
La Dian resalta que es importante tener en cuenta la fuente de los recursos, pues deben corresponder al sistema de las EPS y ARS, los cuales están exentos de dicho gravamen.
Este derecho no se extiende a documentos sobre secretos industriales o cuando se trate de datos que se usen en detrimento de la sociedad.
Se trata de un concepto en el que la entidad revisó los artículos 447 y 448 del Estatuto Tributario y su aplicación.
La presunción de inocencia del sujeto de la publicación se mantiene incólume hasta la expedición de una sentencia condenatoria.
Bajo esta medida, la Supersociedades podrá ordenar los correctivos necesarios y subsanar situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo.
Permitir la aplicación de la Ley 600 del 2000 desconoce la prohibición prevista en el Acto Legislativo 03 del 2002, sobre modelo inquisitivo.
Se niega la solicitud de suspensión del decreto, mientras se determina si se ajusta o no a derecho.
La agenda para consulta de pólizas es todos los martes y jueves de 9:00 a. m. a 10:00 a. m. Para procesos de obtención de emisoras, el espacio será los lunes y miércoles de 9:00 a. m. a 10:00 a. m.
¿Cuáles son los elementos esenciales del negocio jurídico societario? La Superintendencia de Sociedades, a diferencia de un sector de la doctrina nacional y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, excluye la denominada affectio societatis de tales elementos.
Lo relacionado con el traslado exprés dentro del sistema de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media fue eliminado con 102 votos por el no y 26 por el sí.
El procedimiento y parámetro para efectuarlo le corresponde definirlo al legislador, en uso de su libertad de configuración legislativa.
El país conoció ayer sobre el fallecimiento del doctor Javier Henao Hidrón, nacido en Medellín en 1937, abogado de la Universidad de Antioquia, exmagistrado del Consejo de Estado, reconocido constitucionalista y académico.
Si no toman las medidas necesarias para evitar que las cuentas se queden sin dinero deben asumir con sus recursos la póliza de renta vitalicia.
El Estado creará e implementará un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios sobre actos y manifestaciones de violencia contras las mujeres.
El demandado demostró que superó los 15 años de experiencia que la propia Constitución Política impone para el ejercicio del cargo.
Los asuntos contractuales surgen de la voluntad de las partes y no corresponden a una declaración unilateral de la administración.
No hacerlo dejaría de lado que el entendimiento más favorable de la disposición en comento pretende subsanar el déficit de protección.
No se desconoce el principio de consecutividad e identidad flexible, ni el derecho a la consulta previa de las comunidades étnicamente diferenciadas.
La elección de directivos y dignatarios de acción comunal se desarrollarán de conformidad al calendario electoral definido por el Ministerio del Interior.
A partir del año 2030, los ministerios de Transporte y Ambiente y Desarrollo Sostenible revisarán el descuento cada cuatro años y podrán ajustarlo.
No se puede afirmar que tanto la vejez como la invalidez implican un deterioro de la productividad y, por tanto, recaen sobre el mismo riesgo.
Para resolver dudas académicas e investigativas, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, presentó un derecho de petición a la Corte.
La poca creación de costumbre como fuente de derecho genera la necesidad que las partes, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, deban regular las conductas.
En caso de renuncia, la prohibición se mantendrá durante los seis meses siguientes a su aceptación.
No solo el empleador puede coartar el derecho de los trabajadores de seleccionar el régimen pensional que estimen conveniente.
A 30 años de la promulgación de la Constitución el ordenamiento territorial implementado normativa y materialmente todavía no refleja el multiculturalismo y la diversidad étnica y cultural de la Carta.
Ante una regulación ambigua o poco desarrollada, los jueces serán quienes determinarán, en cada caso, el tratamiento que les darán a dichas marcas.
Para la solicitud de devolución y/o compensación de los saldos a favor se deben tener en cuenta los requisitos señalados en los artículos 1.6.1.21.13 y 1.6.1.21.15 del Decreto 1625 del 2016.
Se ampararon los derechos de una funcionaria judicial a quien se le negó el descanso por falta de partida presupuestal.
El artículo 159 de la Decisión Andina 486 del 2000 establece los requisitos para la aprobación de esta figura.
No puede considerarse que la cabildante incurrió en falta disciplinaria por haber participado en la elección del personero.
Ahora que se acercan las elecciones presidenciales, los candidatos deberían proponer buenas reformas pensionales que el país requiere con urgencia y que las cumplan, si son elegidos.
Debemos abrir el debate informado sobre cuáles de estas normas deben solo temporales y cuáles permanentes.
Los últimos tiempos han venido dejando al descubierto una preocupante tendencia a menguar la tutela, y ello está ocurriendo en muchos escenarios.
La condición de enfermedad en fase terminal desconoce la autonomía del paciente que desea terminar su vida.
La Dian indica que a quien le exijan un RUT donde se vea la fecha y hora actual debe generar una copia ingresando a los servicios en línea de la entidad.
Según el comunicado, se trataría de una declaración de inconstitucionalidad acertada por violación al derecho a la propiedad privada y por fijar los límites al legislador en la materia.
El sistema registral de marcas no consiste en un mecanismo automático. De ahí la importancia que tienen las oficinas de registro a la hora de conferir derechos marcarios.
Hay que dimensionar la gravedad de las conductas con el fin de poner en funcionamiento el aparato judicial y la gestión de la FGN para castigar la comisión de delitos.
La Constitución de 1991 concibe la economía como un elemento transformador de la sociedad, que busca mitigar las profundas desigualdades existentes.
En el fondo de este debate, casi siempre, hay intereses encontrados y actores que tienen un desconocimiento evidente de los fundamentos de la propiedad intelectual.
El comunicado de prensa es una herramienta útil para informar las decisiones, las cuales tienen efectos a partir del momento en que se adoptan.
En reciente fallo, la Corte Constitucional se pronunció sobre ciertas actividades realizadas en zonas de páramos delimitados.
Solo queda esperar que el alto tribunal atienda su responsabilidad con la justicia.
Solo queda esperar que el alto tribunal atienda su responsabilidad con la justicia.
No hay justicia en la miseria ajena, no soy grande destruyendo a mi adversario, pero sí lo soy cuando actúo dentro de un marco de legalidad, respeto y justicia.
Durante la visita de trabajo a Washington y Nueva York, los días 11 y 12 de octubre, el mandatario se reunirá con directivos de alto nivel de organismos multilaterales, banca de inversión y empresarios de ese país.
Desde ya avizoro que el tratamiento jurídico a los animales (que incluye al ambiente) será una de las características del Derecho más relevantes y complejas que tendrá el siglo XXI.
La adopción de una infraestructura tecnológica lo suficientemente robusta y accesible para atender la creciente demanda de transacciones con bitcóin parece ser una tarea pendiente.
Este importante logro nos reafirma como líderes en la transmisión de la actualidad legal en el país.
El criterio para seleccionar empleados debe corresponder con el trabajo específico a desarrollar, siendo prohibido acudir a cualquier práctica que afecte los derechos de los aspirantes, recuerda Mintrabajo.
Inversión forzosa no debe calcularse con base en las tasas generadas por el uso del agua, sino con base en el valor total del proyecto.
Colombia como Estado se cimienta en la protección de las diferentes cosmovisiones y creencias personales.
Tal circunstancia se tipificaría con independencia del abandono en un tipo penal de homicidio o en una tentativa de homicidio.
No corresponde a la entidad emitir un acto general de interpretación sobre requerimientos de acreditación, pues esta atribución es exclusiva del legislador.
Conozca los argumentos que podrían motivar la terminación de un nombramiento en provisionalidad
Los límites señalados rigen del 1º de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022.
El rol asignado a los magistrados suplentes no está asociado a la posibilidad de reforzar el funcionamiento de las salas y secciones.
Según la norma, la curul se asignará al candidato de la lista con mayor cantidad de votos. Las listas deben elaborarse teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad de género.
No comparto la posición de la Corte Suprema de Justicia, de cara a la imposibilidad de dar lugar a la tentativa en conductas como el cohecho.
Deudas de servicios públicos podrán ser cobradas a todos los involucrados, salvo que se haya roto la solidaridad.
En medio de los extremos que deambulan en los entornos nacional e internacional, requerimos de un Poder Judicial que día a día se fortalezca y continúe realizando el equilibrio que angustiosamente solicita la sociedad actual.
Así mismo, el empleado a quien se le asignen las funciones no tendrá derecho al pago de la diferencia salarial.
Aunque se accediera a lo pretendido, el cuestionado seguiría siendo el ganador con una ventaja de 5.332 votos.
Al contralor territorial le resulta aplicable la inhabilidad sobre ejercicio de autoridad administrativa en el mismo municipio.
La verificación, actualización y validación de la información de la historia laboral compete a la entidad que recibe o acepta una afiliación.
El Ejecutivo calcula que la aplicación de este decreto permitirá que alrededor de 500 entidades territoriales se beneficien con recursos adicionales por unos $ 550.000 millones.
La corporación aclaró que la nulidad originada en la sentencia se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional.
En un concepto, la Dian respondió inquietudes relacionadas con el trámite de las garantías que se deben constituir en calidad de usuario aduanero.
Los requisitos para el cargo de secretario general no son obstáculo para que el Gobierno pueda fijar un régimen salarial especial.
Para efectos de la consulta, devendrá en objeto ilícito la enajenación o el gravamen del bien embargado, conforme lo establece el Código Civil.
Según la Superservicios, es necesario llegar a un punto de equilibrio entre el derecho sustancial y el procedimental.
El disciplinado dispuso el traslado sin consideración alguna sobre los criterios de urgencia y/o necesidad que debían ilustrar la decisión.
El aspirante deberá solicitar su inscripción, para lo cual diligenciará en su totalidad y remitirá el formulario electrónico de inscripción, disponible en la página web de la entidad.
Dentro de los 40 aspirantes a magistrado del alto tribunal, solo hay tres mujeres.
