La inequidad pensional

Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

El régimen pensional colombiano es tortuoso, ineficiente, inequitativo y carece de una regulación adecuada.

Los fondos privados de pensiones (AFP) cobran pesadas comisiones y primas que recortan considerablemente las mesadas de los que logran pensionarse. Del 16 % que se descuenta a todos los asalariados como aportes pensionales, las AFP se quedan con el 4,5 %, que incluye una comisión, más una prima de seguros previsionales y, además, un aporte a la garantía de pensión mínima.

Existen “otros costos (que) deben cubrirse en el momento de la jubilación, que no están regulados y las aseguradoras los adoptan arbitrariamente en la expedición de rentas vitalicias”, según Flor Salazar, profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Cuando una persona afiliada a un fondo privado quiere pensionarse con una renta vitalicia, debe pagar a la aseguradora una “prima única”, que se le cobra sobre todo su capital acumulado durante su vida laboral que puede oscilar entre el 0,8 % y el 25 %, pero, en promedio, es del 2,5 %, de todos modos, una suma considerable.

Las AFP hacen parte de conglomerados financieros, dominados por los grupos Sarmiento Angulo y Sura, que invierten estos dineros a como bien tengan, incluyendo inversiones en sus empresas, incluso en el riesgoso negocio de obra pública, como lo hace el primero. Aunque existen cuatro AFP, se trata de un duopolio en cuanto a poder de mercado que la Superintendencia Financiera está lejos de vigilar rigurosamente.

El régimen público es bastante generoso y requiere de pesados subsidios del Gobierno. Este aporta el 3,9 % del PIB para subsidiar las pensiones que le corresponde en el 2021, de lo cual Colpensiones recibe el 1 %. Para el 2022, el subsidio será del 4,3 % del PIB, pero Colpensiones se trepará al 1,6 %, gracias a los traslados prelectorales que acolitó el gobierno Duque del mezquino régimen privado al público y que deberán ser enfrentados por futuros gobiernos. El resto de apropiaciones son para Defensa y Policía, que se llevan un punto del PIB anual, y el magisterio otro 0,75 %.

En el caso de las AFP, los afiliados no pueden elegir el mejor fondo, porque, generalmente, son sus patronos los que deciden y se inclinan por los grupos que son dueños de los bancos donde tienen sus cuentas (el grupo Aval, que incluye Porvenir, y Bancolombia, asociado a Protección). Los trabajadores no cuentan con información clara que los oriente por el mejor fondo disponible que generalmente no es de los más grandes. De nuevo, según Salazar, “la jubilación es el momento en el que existe menos regulación y supervisión y, por lo tanto, donde existe menos acceso e información”.

Aunque Colombia copió el modelo pensional de Chile instaurado por Pinochet con su sesgo a favor de los grupos financieros, las grandes movilizaciones en el país austral dieron lugar a una mayor competencia y equidad de su sistema: menos rentabilidad para sus aseguradoras y pensiones más generosas para sus afiliados. En efecto, Chile creó un sistema de licitación electrónica de rentas vitalicias que permite a las personas que se acercan a la jubilación comparar los productos ofrecidos por cada aseguradora. “Además, el sistema es supervisado por una superintendencia de pensiones y la ley establece un límite a las tarifas que pueden cobrar las compañías de seguros”.

Ahora que se acercan las elecciones presidenciales, los candidatos deberían proponer buenas reformas pensionales que el país requiere con urgencia y que las cumplan, si son elegidos.