Suspenden a un abogado que solicitó dinero para gastos irreales e ilícitos en una sucesión

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la suspensión por un año en el ejercicio profesional de un abogado por solicitar a su cliente dinero para gastos irreales e ilícitos en un proceso de sucesión que no había iniciado, aprovechándose de su necesidad y obrando de mala fe.

El proceso disciplinario inició con la queja del afectado, un adulto mayor de 77 años de edad y bajo nivel de escolaridad, quien contrató al cuestionado para tramitar el proceso de sucesión de sus hermanos fallecidos y poder acceder a la propiedad de un inmueble, pero aquel, además de no adelantar el encargo, presuntamente no le devolvió los documentos entregados en virtud de la gestión profesional requerida.

#BoletínDePrensa🗣️Suspendido abogado que solicitó dinero a su cliente para gastos irreales e ilícitos. Este fue el análisis de la corporación con la ponencia del magistrado @maurodriguezt pic.twitter.com/vf3Leibiny

— Comisión Nacional de Disciplina Judicial (@CNDJ_Col) October 25, 2021

Dada la falta de rectitud que supone todo engaño y todo actuar deshonesto, es claro que la conducta del abogado afectó de forma relevante el deber de defender la dignidad  y el decoro de la profesión, valores que seguramente quedaron en entredicho si se observan desde la perspectiva del quejoso, manifestó el alto tribunal.

Credibilidad al engaño

Durante el proceso se demostró que el abogado ideó un plan para que su cliente le entregara dinero con el fin de obtener las escrituras del bien y, además, se valió de terceros a quienes presentó como empleados de la Rama Judicial, para dar mayor credibilidad a su engaño y poder extenderlo en el tiempo, lo cual se constituyó en una conducta deshonesta que buscaba obtener recursos sin adelantar ningún proceso.

En este caso, el abogado no solo tenía conocimiento de los hechos, en cuanto sabía que no había dado inicio a la gestión, sino que también tenía conocimiento de lo ilícito que resultaba aprovecharse de la necesidad del cliente de definir la propiedad del bien, para exigirle el pago de dinero ante la expectativa de recibir unas escrituras que realmente no llegarían a sus manos, es decir, tenía la voluntad de que le fueran entregados dineros con el pretexto de la falsa entrega de documentos de propiedad.

Si bien la primera instancia remitió copias del proceso a la jurisdicción penal, la corporación consideró que la gravedad del comportamiento desplegado por el profesional en cuestión dio lugar a la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación para la investigación penal a que haya lugar (M. P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo).