La Ley Bitcóin de El Salvador: incertidumbre y retos por resolver

Jorge Rodríguez

Secretario General de la Asociación Colombiana de Legal Tech alt+co

Socio de IVO Legal

El pasado 9 de junio, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer al bitcóin como moneda de curso legal. El Decreto-Ley 057 del 2021 dio un salto enorme en lo que a regulación de criptomonedas se refiere, reconociendo al bitcóin como moneda con irrestricto e ilimitado poder liberatorio en cualquier transacción económica que tenga lugar en la economía salvadoreña.

Además de consagrar que el bitcóin debe ser aceptado como referencia de precio y forma de pago por todos los agentes económicos sometidos a las leyes salvadoreñas, la ley dispuso que los intercambios en la criptomoneda no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que el dólar, y que el Estado proveerá alternativas que permitan a todos los salvadoreños llevar a cabo transacciones en la criptomoneda, así como efectuar la convertibilidad automática e instantánea de bitcóin a dólar, siempre que lo requieran.

Pues bien, lo ambicioso de esta norma plantea grandes interrogantes y enormes retos regulatorios y económicos. Pero, además, se convierte en un interesante caso de estudio sobre la adopción de criptoactivos de emisión descentralizada como monedas de curso legal con poder liberatorio.

Desde su entrada en vigencia, el pasado 9 de septiembre, el Estado salvadoreño ha adoptado una serie de medidas para permitir la implementación de esta ley y asumir, al menos en parte, los muy ambiciosos retos que adquirió con ocasión de la misma. Esto, sin perjuicio de que las transacciones con bitcóin como moneda oficial no hubieran esperado y ya se estén realizando en todos los niveles de la economía salvadoreña.

El primer gran reto derivado de esta ley consiste en garantizar el acceso al bitcóin para todo aquel que desee utilizarlo, pues se requiere de una infraestructura tecnológica mínima, que, en países en vía de desarrollo como el Salvador, no están dadas por sentado.

Para hacer frente a este desafío, el gobierno salvadoreño desarrolló una billetera digital estatal denominada “chivo wallet”, a través de la cual cualquier ciudadano o empresa puede registrarse, acreditar y utilizar sus depósitos en bitcóin. Igualmente, el Gobierno ha anunciado la instalación de 200 cajeros automáticos dedicados exclusivamente a la conversión del bitcóin al dólar. Sin embargo, la adopción de una infraestructura tecnológica lo suficientemente robusta y abierta para atender la creciente demanda de transacciones con bitcóin parece ser una tarea pendiente, pues las quejas de usuarios de la “chivo wallet” sobre operaciones represadas y errores de registro abundan en reportes distintos a los del Gobierno y en las propias reseñas de la aplicación en Google Play y Apple Store.

El segundo gran reto consiste en garantizar la convertibilidad automática e instantánea del bitcóin a dólares para todos los agentes económicos que lo necesiten. Desde el punto de vista operativo y financiero, dicha convertibilidad es indispensable para la implementación de la ley, pues garantiza que los agentes económicos tendrán la posibilidad de gestionar el riesgo cambiario inherente a la volatilidad de la criptomoneda. La liquidez del mercado y el tiempo que puedan tomar estas conversiones es crucial, pues entre más se tenga la criptomoneda en el patrimonio del agente, mayor será su exposición al riesgo cambiario.

Si pensamos que una moneda de curso legal, sea física o digital, es ante todo una unidad de cambio y un instrumento de pago, antes que ser un instrumento de ahorro o de inversión, resulta vital que el riesgo de volatilidad de la misma tenga el menor impacto posible en la capacidad de ahorro y de consumo de los salvadoreños. Esta debe ser una prioridad en la implementación de la ley, pues si bien la misma no impone la obligación de pagar en bitcóin, sí impone la obligación de aceptar la criptomoneda, siempre que se ofrezca como medio de pago.

Para hacer frente a este reto, el Estado salvadoreño expidió el Decreto-Ley 137 del 2021, por medio del cual creó el Fideicomiso Bitcoin “Fidebitcoin”, constituido con recursos de la Nación por valor de 150 millones de dólares, que busca respaldar financieramente las alternativas de conversión del bitcóin a dólar que se ofrezcan a través de la “chivo wallet”. Sin embargo, aún está por verse cuál será la operatividad de este fondo y de las alternativas de convertibilidad que brindará el Estado.

Estos retos, sumados al impacto en la percepción del riesgo crediticio del país, de la gestión del riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo, de los costos de implementación (por ejemplo, en adecuación contable y de infraestructura tecnológica), entre otros, dejan grandes incertidumbres frente a los beneficios de esta medida.

Sin embargo, conviene recordar que la incertidumbre, entendida como riesgo, puede materializarse tanto negativa como positivamente, y en un país que ya había renunciado a la emisión de su propio papel moneda, como instrumento de política monetaria, y para el que las remesas representan el 24,1 % de su PIB , la reducción de los costos de transacción asociados a las mismas, gracias a la eficiencia propia de los mercados digitales de criptoactivos, impiden ser completamente pesimistas con la medida. Los resultados aún están por verse.