Los recursos del SGR, junto con los que se asignen del PGN, tienen el reto de apalancar proyectos estratégicos de inversión.
Se declara la legalidad de la doctrina de la DIAN relacionada con la excepción al límite de deducción de intereses por créditos entre vinculados económicos.
Sin que el cumplimiento del contratista, generado como consecuencia de la conminación, implique que ella no pueda ser cobrada.
El alto tribunal, en un fallo sobre una mesada pensional para un menor de edad, explicó al menor cómo se protegieron sus derechos.
Al ser demandado un acto que no es uno administrativo, que crea, modifica o extingue una situación jurídica, ni es vinculante, se debe declarar probada de oficio la excepción de falta de jurisdicción.
Solo se exige la factura para determinados bienes susceptibles de contrabando masivo, como televisores o neveras.
De tal manera que la carga de probar la prestación será del sujeto activo de la demanda.
Es inadmisible que active la jurisdicción disciplinaria para impugnar la decisión que es consecuencia lógica de la aceptación de la imputación.
Sesiones ordinarias y extraordinarias pueden ser más de 140, lo cual dependerá de que el edil haya asistido a todas.
Consejo de Estado explica la verificación de existencia de un contrato estatal.
El documento está en etapa de consolidación, propuesta final y probable radicación ante el Congreso de la República.
A muchos nos ha pasado que duramos más de una hora en la sala de espera de la EPS mientras nos llaman para asistir a una cita médica, pero cuando entramos nos atienden en menos de 10 minutos.
Además de ser contradictorio con los fines de la negociación colectiva para los trabajadores, conllevaría al desconocimiento del mínimo derechos que ya tenían adquiridos.
Consejo de Estado hace precisiones sobre los bienes que integran y se excluyen de la masa de liquidación.
Ambos contratantes quedaron liberados del cumplimiento de sus obligaciones y la entidad no está llamada a indemnizar los perjuicios que se hubieren generado.
Consejo de Estado analiza si existe o no sustento jurídico para la procedencia de la sanción establecida en el artículo 670 del Estatuto Tributario.
Se debe analizar en cada cado particular si se cumplen o no los supuestos fácticos aplicables.
El agente interventor de que trata el Decreto 4334 del 2008 no se encuentra dentro de los supuestos de responsabilidad solidaria del artículo 793 del Estatuto Tributario.
OMS y OIT piden medidas concretas que permitan abordar problemas de salud mental en el entorno laboral.
A las reuniones de junta de socios deberán concurrir socios gestores y comanditarios.
Se advirtió la configuración de defecto sustantivo, por la indebida aplicación del Acuerdo 049 de 1990, dada la exigencia de requisitos no previstos.
No es procedente el reajuste de salarios que devengaba el demandante en servicio activo, ya que la modificación con fundamento en el IPC solamente procede respecto de asignaciones de retiro.
El tratamiento exceptivo debe aplicar a todas las personas cuya situación encuadre dentro de los supuestos.
La solicitud para corregir errores en la imputación de saldos a favor o de anticipos de impuestos de un periodo de declaración al siguiente no está sometida al límite del término de firmeza de las declaraciones tributarias.
Precisan que como el crédito reconocido a la demandante se encuentra en proceso de pago no existe prueba del menoscabo patrimonial.
La condena se dio en razón a la pérdida de más de 8.000 unidades de palma de aceite durante una jornada de fumigación con glifosato que se adelantó en Tumaco (Nariño).
El error de tipo implica un problema de conocimiento sobre los hechos constitutivos del tipo penal.
Certifican interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 24,61 % para el mes de octubre.
Así mismo, anunció que busca apuntarle a penas no privativas de la libertad como penas principales.
Luego de admitida la demanda, el abogado no volvió a comparecer al proceso, no asistió a la audiencia de conciliación, fijación del litigio y decreto de pruebas.
La Corte Suprema precisó el término para proferir decisión de segunda instancia, si afectó o no una acción popular.
Esta figura se puede invocar para suspender la actuación cuando una decisión brinda mayor certeza sobre el fallo.
La decisión se tomó con seis votos a favor, mientras que un director votó por un incremento de 50 p. b.
Al juez de tutela le está vedado pronunciarse de fondo sobre materias que involucren derechos inciertos y discutibles.
La inexistencia de norma especial imperativa es la que permite que las partes sean las que establezcan el momento desde el cual debe cubrirse el pago de bienes y servicios médicos.
En los términos de la RAE, debe entenderse como el pago de un dinero o especie que se debe.
Pueden controvertirse ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por estas instancias.
La Corte Suprema revisó una decisión con perspectiva de género y anuló las capitulaciones.
El Ministerio incluyó cuatro perfiles enfocados en las personas sin experiencia.
Si el empleado está en casa desarrollando actividades familiares y personales no procedería pago de disponibilidad.
De acuerdo con el actor, las normas acusadas vulneran los principios y derechos consagrados en los artículos 1º, 11, 46 y 49 de la Constitución Política.
Es nulo el acto cuando el siniestro declarado no corresponde a un riesgo amparado por el seguro de seriedad de la oferta.
El objetivo es conocer la participación efectiva de la mujer en los cargos de nivel directivo durante la vigencia 2022.
La disposición estará disponible para comentarios hasta este viernes 30 de septiembre.
Los conceptos pueden convertirse en un verdadero acto administrativo cuando contienen una decisión capaz de producir efectos jurídicos.
De acuerdo con el mandatario, las estructuras de estas entidades no fueron construidas para cumplir los acuerdos de paz.
Este hecho no desconoce el mínimo de derechos y garantías consagrados a favor de los trabajadores, por el contrario, le resulta favorable.
El Consejo de Estado explicó situaciones excepcionales para su reconocimiento y la vigencia del artículo 35 transitorio constitucional.
La norma dispone el término máximo de suspensión, por lo que el prestador podrá establecer uno igual o menor.
Villa de Leyva es la sede del XVII encuentro de la jurisdicción constitucional.
De acuerdo con el ministro, algunas de las políticas traerán consigo arduas controversias, que está dispuesto a enfrentar.
La responsabilidad cesa cuando la cosa es entregada al destinatario o a la persona designada en el sitio convenido.
En el caso bajo estudio, la autoridad judicial incurrió en vía de hecho.
Consejo de Estado aclaró que el recurso se estudia con sujeción a los argumentos de las partes, sin invadir la independencia y autonomía del tribunal arbitral.
La secuestre conocía que su actuación era contraria a derecho y no obstante trasgredió la ley disciplinaria.
Divisiones de fiscalización no deberán proferir un acto para declarar como no válida una declaración que es ineficaz.
No procede si los contratistas tuvieron un término de permanencia en el país superior a seis meses y el documento soporte no cumple con los requisitos del Decreto 3050/97.
La Corte Suprema explica la configuración del delito en el evento en que el sujeto activo deriva su conducta de un adoctrinamiento religioso
Lo contrario sucede con la extensión de la convención colectiva de los sindicatos mayoritarios.
Con esta sanción, el exfuncionario no podrá durante este periodo ejercer cargo público.
Para el Consejo de Estado, no conviene concentrar todas las competencias asignadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
La cartera también le propuso al Consejo Superior de la Judicatura un aumento significativo en la cantidad de jueces de extinción de dominio.
Solo el legislador es quien puede definir las causales para declarar la nulidad de un negocio jurídico.
La DIAN no debe esperar la ejecutoria de la providencia penal para proseguir con el procedimiento de decomiso.
Con un proyecto de decreto se bajaría la distribución y giro del 40 % al 35 %.
No se logró demostrar el carácter creativo, artístico y original de los materiales objeto de registro.
No obstante, los costos, deducciones e impuestos descontables deberán estar debidamente soportados.
Las expresiones contra la Vicepresidenta de la República nos recuerdan que en Colombia existen leyes que castigan penalmente la discriminación.
Desde la creación del Régimen Tributario Especial los procesos de fiscalización de la DIAN en contra de las entidades sin ánimo de lucro se han incrementado, algunas entidades se estaban utilizando como vehículo para la evasión y elusión fiscal.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandaron por inconstitucional la totalidad de la Ley 2220 del 2022.
En los próximos días se conocerán las medidas que emita el comité intersectorial instalado con Fasecolda para disminuir esta evasión.
Se inaplicó la expresión “las entrevistas son públicas”, por existir una contradicción entre la ley y el reglamento del concurso.
El ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la prestación del servicio o actividad.
Corte Constitucional se pronunció sobre aplicación retrospectiva de la ley y del principio favorabilidad en el caso de las pensiones de sobrevivientes por muertes de soldados.
Con fundamento en los principios generales del derecho, los de la función administrativa, a la finalidad del pliego y sobre todo a la protección del interés general.
En el RAIS, la edad es relevante para tener acceso a la garantía de pensión mínima y la redención de bonos pensionales, pero no para acceder a la pensión.
No pueden las instituciones negar la atención médica prenatal requerida por una menor de edad en estado de gestación debido a su permanencia irregular en Colombia.
Cartera morosa de actividades económicas de comercio de calzado, prendas de vestir, bares y restaurantes están en la mira de la DIAN.
Opera el retiro inmediato y es responsabilidad de la autoridad correspondiente producir una nueva designación.
Vulneración del derecho al debido proceso con decisión de magistrada ponente de Tribunal de otorgarle carácter vinculante al comunicado de prensa de la Corte Constitucional.
Estos dos aspectos deben figurar a partir de la primera página de la póliza, en forma continua e ininterrumpida.
Los ajustes fueron realizados en temas como Clarinete, Nelson, Cañaflecha, Aguas Vivas, Alboka, Claxon y Cornamusa.
Se configura la culpa exclusiva de la víctima como causa extraña que impide que el daño sea imputado a la demandada porque su actuar fue la causa eficiente en la producción del daño.
Contratistas deberán entregar el RUT vigente y actualizado, con una fecha de expedición no superior a cinco días de la radicación de la cuenta.
Al juez no le está permitido despojarse de su rol como director del despacho, y menos actuar bajo prácticas de confianza.
Calidad de agente retenedor del ICA requiere la existencia de un vínculo de este con el municipio.
Se tiene derecho a la preferencia arancelaria teniendo en cuenta el origen de la mercancía: Consejo de Estado.
Se le ordena a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que en un término máximo de 15 días dicte sentencia de fondo.
La calidad es aquella condición en que un producto cumple con las características atribuidas a él por la información.
Los parámetros están dirigidos a las servidumbres que se configuran por la construcción, operación o mantenimiento de obras de utilidad pública e interés social.
La calidad es aquella condición en que un producto cumple con las características atribuidas a él por la información.
Si bien existen diferencias técnicas en los ritos entre las distintas jurisdicciones, lo cierto es que en su estructura algunos trámites guardan similitudes en fases fundamentales.
Corte Suprema expresó que la resocialización es función y fin primordial de la pena en un Estado social de derecho a la hora de abordar el estudio de la libertad condicional.
Entre los beneficios que recibiría esta población se encuentra la reducción en las tarifas de servicios públicos.
Más de $ 909 millones aprobados serán distribuidos en consignaciones de hasta un millón de pesos cada una.
Corte Constitucional declara la improcedencia de acción de tutela por no configurarse defecto fáctico, ni violación directa de la Constitución.
El Consejo de Estado no accedió a las pretensiones de la demanda que buscaba la nulidad de la reglamentación sobre aportes al sistema de seguridad social.
Debe entenderse que se incluye a todas las personas vinculadas entre sí por su carácter de matrices o subordinadas.
El contrato debe regirse por las normas vigentes al momento de su celebración
La Procuraduría se reunirá con el alcalde Jorge Iván Ospina y le entregará un informe preventivo en el que se advierten riesgos de la gestión contractual.
De acuerdo con el demandante, la norma cuestionada es inconstitucional, por violar normas superiores y por invadir la competencia del legislador estatutario.
La posibilidad de trasladarse y de escoger libremente qué entidad de salud va a prestar los respectivos servicios es una garantía que debe ser protegida como parte del derecho a la salud de las comunidades indígenas.
El cobro de los servicios públicos por concepto de su prestación dependerá de la clasificación que se otorgue.
Dichos factores están exentos solo en el 40 % del total de la remuneración recibida por el trabajador.
Esta conducta afectó la correcta administración de justicia como servicio público esencial.
En el caso bajo estudio, la DIAN deberá devolver la suma pagada junto con los intereses previstos en el artículo 192 del CPACA, en el trámite de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo.
El hecho de que el accionante esté en desacuerdo sobre las pruebas no implica que haya incurrido en violación de los derechos de contradicción, defensa y debido proceso.
Así lo determinó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro de una acción de tutela.
Tendrá como objetivo construir escenarios de facilitación y mediación en los procesos de diálogo, negociación y en los conflictos internos en Colombia, con aprobación del Gobierno nacional.
Cuando el tiempo servido en entidades públicas ya se empleó o sirvió para estructurar un derecho pensional no es dable que se pueda utilizar nuevamente para conservar el régimen de transición y obtener así otra prestación diferente.
Consejo de Estado precisa si el gobierno nacional excedió la facultad reglamentaria en tanto reformó el ingreso base de cotización al sistema de seguridad social en salud.
Entidades territoriales tienen jurisdicción no solo en el territorio continental, sino además en los territorios de ultramar.
El objeto debe ser posible y es un elemento esencial del contrato, en tanto constituye la razón de ser del negocio.
El emplazamiento para corregir tiene la virtualidad de dejar sin efectos el beneficio de auditoría y así extender el término de firmeza del denuncio rentístico y por contera el plazo para proferir el requerimiento especial.
Se reconoce la inclusión y la equidad como un proceso permanente que responde a las particularidades de todos los estudiantes con discapacidad.
La disciplinable argumentaba que no podía conocer de acciones de tutela por conflicto de competencia.
No devolver el IVA genera pago de intereses a cargo de la DIAN.
Corte Suprema recuerda el nexo causal, la obtención del provecho ilícito y la inducción o mantenimiento en error.
De ser así, solo estarán gravados con la contribución parafiscal recaudada por el Ministerio de Cultura para los municipios.
Son excluidos el riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria y la asistencia técnica en el sector.
La estrategia articula a las Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía para mejorar las condiciones de seguridad de los colombianos.
Ninguno de los cargos formulados de manera particular cumplía con los requisitos de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia.
El ministro Néstor Osuna aseguró que la mitad de sentencias de tutelas proferidas por jueces ordinarios no se cumplen
La norma acusada prevé un requisito para la procedencia de la deducción de una expensa que se suma a los tres enlistados en el primer inciso del artículo 107 del Estatuto Tributario: la licitud.
El pasado martes 20 de septiembre, fue aprobado el proyecto en segundo debate en la Cámara de Representantes, ahora se estudiará en el Senado.
De ser así, solo estarán gravados con la contribución parafiscal recaudada por el Ministerio de Cultura para los municipios.
La Ley 2069 no derogó las causales de disolución estatutarias que expresamente se pacten en el contrato social.
La Corte Constitucional conoció de una demanda que argumentaba desconocimiento del procedimiento sobre impacto fiscal de los proyectos de ley que ordenen gastos.
La entidad amplía sus funciones en cuanto a la gestión de convenios gratuitos con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.
De acuerdo con el Contralor, este pago es uno de los más importantes logros de la entidad, ya que supera el total recaudado de las últimas tres vigencias.
Si se establece que se trata de pasivos inexistentes, tendría lugar lo dispuesto en el artículo 239-1 del E. T.
Solo las ciudades capitales pueden establecer un periodo gravable diferente del impuesto de industria y comercio.
El titular de registros marcarios que contienen un elemento de uso generalizado no puede impedir la inclusión de dicha frase en marcas de terceros.
Consejo de Estado explicó cómo las condiciones en las que se realiza el vuelo son determinantes para atribuir responsabilidad.
Subrogación de obligaciones y derechos hace inoperante el principio de universalidad del régimen de liquidación de entidades públicas.
Entidades públicas que recauden rentas tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas obligaciones a su favor.
El ministro también destacó la necesidad que la jurisdicción tenga una policía judicial.
De lo contrario se le impide al contribuyente ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a las consideraciones de la Administración.
Corte Suprema se pronunció sobre un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al considerar que la declaración de los demandados carece de validez.
Un alcance contrario a la norma no solo significaría trasgredir el ordenamiento jurídico, sino vulnerar el derecho de asociación sindical.
Superfinanciera emitió el listado con los valores que deberán cancelar las entidades en este 2022.
La Corte Constitucional estudió la historia clínica de tres personas y acumuló los expedientes en contra de las entidades promotoras de salud.
La cartera de vivienda asegura que los recursos para la vigencia 2022 ya quedaron comprometidos en su totalidad.
Alguno de los cargos en los que se basa la demanda son los de vulneración del principio de unidad de materia y afectación a la seguridad pública.
Sociedad receptora de la inversión deberá contar con su correspondiente identificación tributaria.
El nombramiento como Ministro del Interior, durante el Gobierno Duque, violó la cuota mínima de género.
El Ministerio de Hacienda se comprometió en analizar las modificaciones propuestas por los parlamentarios, incluyendo los de oposición
Esta iniciativa busca acabar de raíz el clientelismo electoral, con más transparencia y participación política.
Proceden aportes a salud, pensión y riesgos laborales, aunque haya completado requisitos para pensión de jubilación.
El consejo académico no es la única autoridad con atribuciones académicas dentro del ámbito universitario.
Se vulnera el derecho al debido proceso al revocar la sentencia anticipada por falta del interrogatorio de la parte demandante.
La simple activación del aparato judicial no genera ‘per se’ responsabilidad, salvo que se demuestre una afectación mayor e injustificada.
Sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, conforme al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
Una autoridad administrativa desconoció el derecho de audiencia y de defensa por omitir etapas del procedimiento adelantado.
Quien no paga una multa está sujeto a que se le embargue el inmueble y de esa forma lo puede perder.
La Corte Constitucional admitió la demanda contra el artículo 21 (parcial) de la Ley 2155 del 2021.
La propiedad, posesión, tenencia o uso de predios en determinada jurisdicción municipal es un referente idóneo para determinar los elementos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público.
El proyecto sustituye la firma mecánica por la firma autógrafa mecánica en el trámite.
Se brindará un incentivo económico por la contratación formal y por más de seis meses de la población beneficiaria.
Respecto al 2020, la deuda pública se incrementó en términos nominales $ 137,23 billones.
El reporte requiere autorización del titular, no puede imponerse como condición previa de acceso.
Antes de la Ley 1066 del 2006 sí era prescriptible el cobro de cuotas partes pensionales, en aplicación de lo previsto en el Código Civil sobre prescripción extintiva de la acción ejecutiva.
Entre los delitos aceptados están los de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa, concusión y evasión de juicio por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Salvo que se justifique de manera estricta la necesidad y proporcionalidad de dicha medida, a la luz de la mejor información técnica disponible.
De acuerdo con el accionante, la norma acusada favorece a los demandantes y perjudica a los demandados en los procesos regidos por el CGP, en comparación con los justiciables en los procesos regidos por el CPACA.
Con esta iniciativa la entidad entraría en la tendencia ‘pet friendly’.
La entidad informante no se encuentra legitimada para apelar en el régimen disciplinario de los funcionarios: CNDJ.
Minjusticia aseguró que esta medida deberá cobijar exclusivamente a los pequeños agricultores y nunca a bandas del narcotráfico.
Villa de Leyva será la sede del XVII Encuentro de la jurisdicción constitucional.
La norma dispone que es necesario que se apruebe en dos debates, celebrados en distintos días.
En este lugar el estudiante desarrolla su personalidad y se forma en el respeto a los derechos humanos.
La Corte Suprema de Justicia envío al Senado de la República la terna de candidatos para remplazar a la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.
Los actos de corrupción por los que se le acusa tienen que ver con recibir dinero para dilatar decisiones judiciales.
Consejo de Estado explicó que la acción disciplinaria se interrumpe con la expedición y notificación del acto inicial que resuelve la actuación administrativa disciplinaria.
En esta clase de trámite administrativo no se verifica que el valor FOB declarado al momento de la importación en los documentos de transporte se compagine con los precios de referencia del sistema de administración de riesgos de la DIAN.
De acuerdo con el ministro Iván Velásquez, dicha gradualidad deberá ser examinada por los altos mandos militares.
No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa.
Esa es la fórmula más adecuada para proteger su derecho a la estabilidad laboral reforzada, dada su condición, permite que no se afecte la continuidad entre la fecha del último salario y la mesada pensional.
Está prohibido a los servidores públicos percibir remuneración oficial por servicios que no fueron prestados.
De acuerdo con el mandatario, al reducir la deuda externa se liberarían espacios presupuestales propios que serían destinados a esta acción.
Corte Constitucional estudió una demanda contra el artículo 5 (parcial) de la Ley 2058 del 2021, por considerar que existía una omisión legislativa relativa.
No podrán realizar asesorías sobre asuntos relacionados con su cargo hasta por dos años, desde la finalización.
En materia de mantenimiento del orden público debe valorarse la capacidad operativa, según la magnitud de las alteraciones y los medios disponibles para su restablecimiento.
Consejo de Estado precisa la carga de la prueba cuando se pretenda sea declarada la responsabilidad extracontractual del Estado.
En el caso bajo análisis, la sentencia unificadora no moduló sus efectos, por lo que se entiende que opera a futuro o ‘ex nunc’.
De acuerdo con el órgano de control, el 84 % de los proyectos no han sido terminados.
La Corte Constitucional admitió una demanda en contra de una expresión del artículo 447 (parcial) de la Ley 599 del 2000.
El próximo lunes 26 de septiembre, se vence el plazo para acogerse al ajuste de los factores de indexación.
Corte Suprema resuelve la decisión de un juzgado sobre un conflicto de competencia negativo entre una comisaría de familia y un juzgado promiscuo municipal.
Las medidas responden a investigaciones realizadas por denuncias de irregularidades y exceso en el cobro.
En comparación con junio del 2022, el indicador decreció 0,3 %
Si la petición, queja o recurso es manifiestamente contraria, no se materializará el acto ficto o presunto positivo.
La buena fe de las EPS no fue defraudada con un cambio intempestivo en cuanto al modelo de recobro.
Corte Suprema estudia el defecto sustantivo en unas providencias que decretaron la prescripción de la acción penal.
Los jueces tienen poderes correccionales, entre ellos imponer multas a los empleados públicos y particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que estos les impartan.
Imponer cargas de autoprotección es desproporcionado, pues el reproche penal es contra el acusado del delito no contra quien lo sufre.
Teniendo en cuenta la fórmula establecida para el cálculo de este ajuste, el incremento total de tarifa fue de 11,52 % .
De acuerdo con los actores, va en contra del principio de legalidad de los delitos y las penas consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.
La empresa debía priorizar el suministro de energía eléctrica, teniendo en cuenta que los adultos mayores que residen en el inmueble deben conectar el generador de oxígeno y refrigerar medicamentos debido a sus afecciones de salud.
La reestructuración debe significar mayor responsabilidad o desmejora de derechos patrimoniales.
