Leonidas Bustos, de presidente de la Corte Suprema a orden de captura por el ‘cartel de la toga’

José Leonidas Bustos Martínez fue magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la alta corporación, pero ahora se le identifica por hacer parte, según la misma Corporación, del denominado “cartel de la toga”, en el que abogados y magistrados concertaron para ofrecer a funcionarios aforados decisiones favorables en sus investigaciones, como archivo, preclusión, dilación de trámites y hasta impedir la expedición de órdenes de captura a cambio de cuantiosas sumas de dinero o artículos lujosos.

Según la investigación, Bustos actuó así en los casos de los senadores Musa Besaile Fayad y Álvaro Ashton, en este último caso habría recibido $ 200.000.000 en efectivo.

¿Cómo inició la investigación?

En el marco del programa de cooperación internacional bilateral entre autoridades de EE UU y Colombia, el Departamento de Justicia remitió a la Fiscalía General de la Nación una conversación recolectada como evidencia en un proceso federal entre el abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, en la que se hacía mención a posibles actos de corrupción en procesos adelantados por la Corte Suprema de Justicia contra algunos congresistas.

La Fiscalía remitió esta información a la Sala Penal y esta compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ente que ordenó la apertura de instrucción y vinculación formal de José Leonidas Bustos Martínez. El 14 de mayo del 2019, se profirió auto de acusación, aprobado posteriormente por la plenaria de la Cámara de Representantes, en sesión reservada del 13 de agosto de 2019, y por el Senado, el 18 de junio del 2021.

Los hechos investigados se calificaron provisionalmente como concierto para delinquir, en concurso con cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.

Los actos de corrupción por los que se acusa a Bustos son conductas gravemente lesivas de la recta administración de justicia y generaron una crisis institucional por involucrar a las más altas esferas de la Rama Judicial, lo que trajo como consecuencia la pérdida de confianza de la sociedad en la justicia y puso en tela de juicio la honorabilidad y rectitud de todos sus servidores.

Sobre la medida de aseguramiento

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte es la competente para definir la situación jurídica de Bustos, por tratarse de un exmagistrado acusado por delitos especiales cometidos en el ejercicio del cargo (articulo 174 constitucional), que comportan penas distintas a la pérdida del empleo o cargo, en los términos de los numerales 2 y 3 del artículo 175, y del 449, inciso segundo, de la Ley 600 del 2000.

Para la Corporación, se cumplen las condiciones formales y materiales requeridas para dictar medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del exmagistrado.

El motivo de la decisión es que existen serios y graves motivos que hacen pensar fundadamente en la probabilidad de que el acusado pueda interferir en el eficaz y cabal desarrollo de la actuación y de este modo obstruir la práctica probatoria y la justicia.

Hasta el momento, el documento tiene reserva legal y la noticia la dio a conocer la Corte Suprema de Justicia a través de sus redes sociales.

Tras dictarle medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto autor de concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias, la Sala de Primera Instancia de la @CorteSupremaJ ordena captura del expresidente de esta corporación, José Leonidas Bustos Martínez.

— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) September 20, 2022

Vale resaltar que el exmagistrado salió de Colombia en noviembre del 2018 y no ha regresado al país. Parece que se encuentra en Canadá, país al que habría solicitado asilo político.