La Corte Constitucional admitió una acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 93 del Código General del Proceso (CGP), norma que estipula la corrección, aclaración y reforma de la demanda.

De acuerdo con el accionante, la norma acusada contempla un tratamiento diferenciado sin justificación constitucional porque favorece a los demandantes y perjudica a los demandados en los procesos regidos por el CGP, en comparación con los justiciables en los procesos regidos por el CPACA (Demandante: Guillermo Otálora Lozano).