Aunque Rembrandt y Emerson no llenaban el estómago, para Addams, sí llenaban el espíritu y esos intercambios culturales fortalecían la democracia.

Es indispensable que las instituciones educativas consideren ciertos aspectos para garantizar y proteger su funcionamiento frente a la nueva realidad.

Ahora, los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 podrán acceder a la educación superior pública de forma gratuita gracias a las gestiones adelantadas por el Gobierno Nacional.

La ley, la jurisprudencia y la doctrina tienen establecido, como principio general, que la culpa médica y el nexo de causalidad deben ser probados por el demandante.

Para resolver los complejos problemas sociales que hoy enfrenta la ‘sociedad del riesgo’, no es necesario atropellar las ciencias penales, liberales y humanistas.

La pandemia trajo consigo una serie de consecuencias en la conducta humana, en nuestra interrelación social y un significativo impacto en todos los órdenes conocidos.

Gracias al tiempo de preparación que la norma ha dispuesto para implementar la lenta reducción de la jornada, se podrán hacer planes pilotos para ir adecuando los ajustes.

Los abogados nos regimos por el secreto profesional, y estos principios no pretenden ponerlo en entredicho.

En suma, la interpretación sistemática se manifiesta a través de la interpretación adecuada de las leyes, amparada en la fuerza normativa.

Esta nueva transformación puede traer un impacto negativo en el derecho al consumo y, por ende, al derecho a la libre elección e información y el de reclamación.

Como forma de mitigar la crisis derivada del covid-19 y de las medidas tomadas para su control, se expidieron los decretos 560 y 772 del 2020.

Estos dos son ejemplos de gobiernos usando inmunidades diplomáticas para proteger a sus dignatarios de la acción de una justicia cada vez más transnacional.

La domesticación incluye un conjunto de cambios genéticos y culturales que nos llevan a ser más amistosos y mejores miembros de la sociedad. Entre los animales domesticados y el hombre domesticado hay similitudes.

El debate en torno al impuesto corporativo mínimo global resultó ser un extraño espectáculo.

La inclusión de los caballos en las protestas se hace con el fin de generar un efecto disuasorio a los manifestantes cuando aquellas se tornan violentas.

La conclusión obligatoria e inevitable es que el parágrafo segundo del artículo 108 de nuestro Estatuto Tributario genera múltiples controversias para su aplicación.

Debemos recuperar la confianza en nuestras instituciones y en quienes las dirigen, pero si los demás obran de manera contraria a la ley, deberán enfrentarse a la justicia.

En Colombia, se incorpora el medioambiente como un componente de diversos aspectos de la Constitución.

La virtualidad y la modernización de la justicia tienen detractores agazapados que siempre conspiran contra las disposiciones que van dejando de lado hábitos caducos y retardatarios.

La idea de que los impuestos progresivos sean temporales data de esta lejana época.

La legítima defensa no es nada más que el ejercicio de la violencia para proteger un bien jurídico propio o ajeno atacado de forma injusta.

En nuestro contexto, no tenemos cifras que demuestren la disparidad contributiva ni, mucho menos, recomendaciones serias para mitigarla.

No confunda los ordinales (de orden) con los partitivos (de parte). No diga ‘la treintaidosava asamblea’, sino ‘la trigésima segunda asamblea’.

El canciller alemán Adenauer humillaba a Erhard, Churchill menospreciaba a Eden y De Gaulle no creía mucho en Pompidou, sus sucesores respectivos.

Un buen camino para aumentar el desequilibrio productivo en las ‘democracias’ polarizantes en las que vivimos es escuchar y leer a quienes nos confrontan.

Grandes competidores posicionados en el mercado ofertan experiencias 100 % digitalizadas, rápidas y seguras.

De la investigación se puede deducir que el peligro para la comunidad es uno de los instrumentos preferidos del legislador, influido por un populismo penal irracional.

El Ministro de Hacienda ha dado luces sobre el contenido de la reforma, como fuente de recursos, pero sus cuentas dejan algunas dudas sobre la recaudación esperada.

Los tokens no fungibles (Non-fungible tokens, NFT) son una unidad de valor criptográfico derivada del Blockchain con la capacidad de representar un activo único.

“Las medidas para combatir la pandemia le han dado en el corazón a la Ley Fundamental”.

“Su obra, influida por sus grandes maestros Faulkner, García Márquez y Vargas Llosa, narra la historia de Manuel y Elvira, dos emigrantes ecuatorianos separados por el azar”.

En un viaje a la población de Tibasosa (Boyacá), con motivo de la inauguración de una nueva fábrica de Bavaria en ese sector –tan consumidor del producto–, se encontraron Alfonso Palacio Rudas y Álvaro Gómez, invitados por Julio Mario Santo Domingo. Hablaron de la Constituyente, que estaba próxima a...

“En julio de 1913, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos registró una temperatura de 56,7 ℃ en Furnace Creek, que se mantiene como la temperatura más alta jamás registrada en la superficie de la Tierra”.

El Gobierno Nacional ha ordenado la implementación de protocolos de bioseguridad en diferentes actividades, entre ellas las obras de infraestructura y de transporte público

Se hace necesaria la reforma o, mejor aún, la inclusión de un sistema societario que contenga acciones en favor de los accionistas minoritarios, a efectos de acabar con las malas prácticas societarias y los conflictos intrasocietarios en las compañías colombianas.

La realidad colombiana desborda los contornos de la teoría organicista y produce una especie de corto circuito en el funcionamiento de las reglas sobre legitimación en la causa.

Nefasto precedente constituiría la absoluta impunidad jurídica de las tragedias acaecidas en los últimos meses.

No es comprensible cómo derechos humanos de índole social puedan verse vulnerados por entidades de pensiones.

En el presente escrito, contesto algunas inquietudes formuladas por una prestigiosa profesora, con ocasión de una columna publicada en este medio de comunicación.

La introducción de una regulación sobre el trabajo en casa después de más de un año de su implementación por la pandemia ha generado diversas dudas.

Actualmente, la escritura de la mola no está protegida, ni salvaguardada al pueblo por parte de la legislación colombiana.

Salvo tres puntos tangenciales, esta normativa tampoco busca transformar la justicia penal; sus objetivos son ajenos al proceso, al procesado, a sus derechos humanos fundamentales.

La posibilidad de abrir investigaciones al abogado debe ser una opción muy restringida que debe limitarse a situaciones de suma gravedad.

Es importante que el sistema de reparto de la tasa impositiva global se construya sobre el ideal de hacer partícipes de sus beneficios a todas las economías.

La decisión comentada es un aliciente para continuar pensando el procesal penal como derecho constitucional (¡y convencional!) aplicado.

El no uso de una marca para los productos o servicios sobre los cuales se solicitó puede ser sancionado con la cancelación de su registro.

Colombia necesita un diálogo político, evitando caer en intentos de refundar el sistema constitucional, que alterarían sus pilares ante la coyuntura actual.

Se está ante el presidente y las fuerzas militares cogobernando territorios, actuando por fuera del orden establecido en 1991, se está ante la particular militarización que ha caracterizado a la restringida democracia colombiana.

Según Jhon Caballero Martínez, no resulta sencillo definir esta innovación, en tanto que su visión es diversa respecto del campo de aplicación que le involucre.

El coronavirus, alegan los creyentes, no fue enviado por Dios, pero el descubrimiento de las vacunas sí es algo que le agradecen.

Se puede pensar que la firma digital y la firma electrónica tienen los mismos efectos, pero no es así.

El déficit externo de Colombia es relativamente moderado y, por lo tanto, no requiere de un gran esfuerzo para conjurarlo. Gran parte es financiado por inversión extranjera directa.

Los pasos hacia el establecimiento del arbitraje tributario interno son aún tímidos en América Latina, pero van por buen camino en nuestro país.

Este paso inicial será determinante para que, con la confianza de todos y por la vía institucional, tanto los promotores del paro como el Gobierno Nacional tengan una hoja de ruta constitucional y ordenada por la justicia.

Pocas cosas producen efectos más nocivos para el sistema democrático que el retiro de proyectos sin oportunidad de discusión, en temas técnicos, como consecuencia de movilizaciones propias de un estado de opinión.

El diálogo y la negociación no son conceptos dispares, en la medida en que es el diálogo, como valor ético, el camino por donde transita la negociación para armonizar intereses diversos.

Según Juan Manuel Charry, el derecho de manifestación no comprende la negociación de decisiones ni compromisos con las autoridades públicas.

La pérdida de las mesadas riñe con la lógica del Estado social de derecho colombiano y con la principialística propia de la seguridad social.

La protesta ciudadana ha puesto sobre la mesa la cuestión de cuáles deben ser las prioridades redistributivas de la pospandemia.

El distanciamiento entre ambas disciplinas no podrá resolverse a fuerza de diatribas ni silencios Apáticos.

No hay que confundir la actuación maliciosa o torticera de un sujeto en un negocio jurídico –ni siquiera si se evidencia dolo en él– con la mala fe en su litigación.

“…la protesta está encaminando mal su objetivo: las insatisfacciones no se relacionan con el Ejecutivo, sino con el Legislativo”.

La Ocde considera los tributos ambientales como aquellos que tienen un sustento fiscal de relevancia ambiental.

En el equipo conformado por anestesiólogo e interviniente para la realización de un procedimiento médico o quirúrgico, se plantea una delimitación de responsabilidades y compromisos.

La cuantificación de perjuicios no encaja dentro de las sanciones pecuniarias. No es una pena establecida en los contratos y tampoco en la ley.

Hay suficientes argumentos para considerar que el Decreto 333 es inconstitucional, vulnera la división de poderes, el acceso efectivo a la justicia y viola la reserva de ley.

En Colombia, la pareja y los hijos tienen el mismo derecho, por lo que excluyen a los demás, y solo podrán acceder los padres o los hermanos cuando falten todos los anteriores.